El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó este jueves un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo si es necesario “los efectos del delito” y elaborando el correspondiente atestado ante “cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares”.

En el escrito remitido por Maza tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió anoche la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.

El oficio advierte que “la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin”, sea constitutiva “al menos” de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía solicitaba las medidas cautelares que se estimen pertinentes “para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados”, incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.

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