Teniendo en cuenta que restan por resolver 7.937 alegaciones y quedan, según la propia concejal, tres meses para la aprobación provisional del documento, los servicios municipales tendrán que resolver una media de 88 alegaciones al día. Algo que parece difícil. Más aún cuando Alba Echevarria explicó ayer que hasta ahora se ha dado respuesta a las “de menor entidad por cuestiones de economía procesal” y aún quedan por responder las alegaciones más complejas. A esta complicación hay que sumar la revisión de los 900 convenios urbanísticos localizados por la administración local que también serán analizados.

Todo esto pone de manifiesto la incapacidad del equipo de gobierno para gestionar el urbanismo de la ciudad. Mucho tendrán que intensificar el trabajo en la Delegación de Urbanismo para pasar de 3,3 respuestas al día a 88.

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS

Las declaraciones de ayer de la concejala Alba Echevarria evidencian también su desconocimiento en materia de Urbanismo. Miente la señora Echevarria cuando dice que la Junta de Andalucía no delimitó las áreas de regularización de suspensiones de licencias y que le dijeron que no era necesario. La responsabilidad primera y última de delimitar dichos ámbitos corresponde al equipo de gobierno que realiza la aprobación inicial del PGOU. La Junta de Andalucía accedió a que el equipo de gobierno lo hiciera tras la aprobación inicial del PGOU, para no demorar más el proceso.

Vuelve a mentir la delegada de Urbanismo cuando asegura que los informes jurídicos se pronuncian en contra de la suspensión de licencias en dichos ámbitos. Tanto el secretario municipal del Ayuntamiento como los informes del servicio jurídico son claros y advierten de que hay que suspender la concesión de licencias en estas áreas y que es obligada la delimitación.

Para el GMS es preocupante que la concejala de Urbanismo busque responsabilidades de su incompetencia de gestión en todo el mundo menos en ella, cuando todos los informes técnicos previos a la aprobación inicial de la revisión del PGOU le pedían expresamente el cumplimiento de la LOUA. Y es lamentable que Echevarria utilice los mismos argumentos demagógicos del Gilismo de que la suspensión de licencias contrarias al Plan supone la paralización de la ciudad.

A continuación tenéis un extracto del punto 19 de la Junta de Gobierno Local del 11-03-08, que en sus páginas 42 y 43 recogen las advertencias del secretario municipal y de los servicios jurídicos de Urbanismo sobre este asunto, y que podéis consultar en la página web del Ayuntamiento. Y del que Alba Echevarria ha hecho una lectura engañosa.
CUARTA.- El artículo 27.2 de la LOUA establece que el acuerdo de aprobación inicial del Plan “determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente”.
La seguridad jurídica, la certeza del Derecho, exigen, para que la suspensión opere y vincule, evitándose así supuestos de indefensión, que el acuerdo de aprobación defina los concretos ámbitos, áreas o zonas donde opera tal suspensión. Es por ello por lo que en tal sentido se ha ido conformando una reiterada doctrina jurisprudencial exigiendo la previa perimetración de los terrenos a los que afectaría la suspensión (S.S 23.01.81, 26.05.86, 27.07.88, 7.06.94 y un largo etcétera).

Así pues y con base en lo señalado, para que la suspensión opere y vincule es preciso que las áreas del territorio afectadas sean identificadas expresamente, debiendo asimismo ordenarse “la interrupción del procedimiento de otorgamiento y la notificación de aquel acuerdo a quienes tuvieran presentadas solicitudes de licencia con anterioridad a la fecha de su adopción” (artíc. 121 RP).

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