La sentencia establece que el ex presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (FARA), Vicente Rodríguez, ha sido castigado a 33 meses de prisión por los delitos de amenazas y coacciones.

Por su parte, el ex presidente de la Asociación Pro Derechos de los Gitanos y Gitanas (PRODEGI), deberá pasar 15 meses en prisión por un delito de amenazas.

Otros dos acusados han sido condenados a 18 meses de prisión por el delito de falsedad en documento mercantil y a una multa de 3.250 euros cada uno.

La Audiencia no ha condenado a ninguno de los acusados de los otros delitos que el Ministerio Fiscal les imputaba -apropiación indebida y blanqueo de capitales- por el desvío de más de 1,2 millones de euros de subvenciones de FARA.

Asimismo, la sentencia ordena que el fallo se comunique a los organismos que subvencionaron a esta federación para que tomen las medidas oportunas que garanticen la devolución de las cantidades no justificadas.

La investigación de este caso reveló la propiedad de inmuebles, una flota de vehículos de lujo y cuentas bancarias y el uso de rentas no declaradas fiscalmente procedentes de establecimientos de ocio de la Costa del Sol.

En el escrito del fiscal se señalaba que para lograr la desviación de parte de los fondos subvencionados y apoderarse presuntamente de este dinero, los acusados emplearon ‘distintos procedimientos tales como continuos traspasos de dinero, facturas falsas o recibos duplicados’.

Durante la causa judicial, los abogados defensores de los implicados en el supuesto desvío intentaron invalidar pruebas de cargo de sus clientes a través de las escuchas telefónicas que fueron anuladas.

La Audiencia aprobó la nulidad de las intervenciones telefónicas el pasado año y los letrados en la fase testifical pretendieron demostrar que todas las pruebas de cargo se consiguieron a través de las escuchas telefónicas.

En este sentido, el fallo considera que la falta de pruebas derivada de la anulación de estas intervenciones telefónicas le lleva a absolver a nueve de los trece procesados.

Según la Cadena Ser, la Fiscalía de Málaga ha anunciado que baraja la posibilidad de recurrir la sentencia, por lo que dispone de cinco días a partir de que el fallo sea comunicado a todas las partes implicadas en el caso.

Los quince imputados se enfrentaban a un total de 88 años de cárcel por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda Pública, así como de coacciones y amenazas al ex consejero de Asuntos Sociales del Gobierno andaluz Isaías Pérez Saldaña, y a un funcionario autonómico.

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