En este sentido, se ha aprobado instar a la Junta de Andalucía a que relacione, concrete y cuantifique sus compromisos de inversión y gasto con Málaga y su provincia con cargo al Presupuesto 2012, despejando las dudas que ha generado sobre los proyectos básicos relacionados en la exposición y que se circunscriben a las grandes áreas de gestión autonómica como son la educación, la sanidad, la infraestructuras de comunicación y la ordenación del territorio, y las políticas sociales la asistencia social y la vivienda protegida.

Justificación de la moción
La Junta de Andalucía concluye hoy –tras el debate celebrado estos días-, el proceso de aprobación la Ley del Presupuesto para 2012, después de que la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento aprobara este martes el dictamen sobre el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012 con los únicos votos del PSOE-A. Y en estos presupuestos destaca lamentablemente el retroceso democrático que el gobierno andaluz ha introducido al ocultar por primera vez la información sobre inversiones provincializadas y localizadas en cada proyecto. Puede ser entendible que en estos momentos difíciles de crisis económica, puedan disminuir las inversiones en 2012 por parte de la Junta de Andalucía. Pero lo que sí es criticable, reprobable y preocupante es que se aproveche para cercenar el derecho de los ciudadanos y de los municipios andaluces a conocer qué planes de inversión se prevén en sus territorios.

Entendíamos, y así lo hemos dicho públicamente, que el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012 que se iba a llevar a la Cámara andaluza debía de tener partidas desglosadas, porque además de permitir conocer las intenciones de la inversión, facilitaba la posibilidad de presentar enmiendas que perfeccionaran la propuesta. No habiéndose seguido este criterio, podemos hablar con claridad de una falta de respeto y de transparencia hacia la región entera y hacia el propio Parlamento.

No podemos pues ni opinar sobre si las prioridades marcadas son las adecuadas y si Málaga ciudad y Málaga provincia quedan bien tratadas en el conjunto de Andalucía, puesto que para ello habría hecho falta mayor rigor presupuestario y por tanto una mayor concreción, como se ha venido haciendo en años anteriores.

Por tanto, surgen serias dudas sobre el compromiso de la Junta con proyectos importantes para la ciudad y la provincia, como son por ejemplo: el Auditorio de Música de Málaga en la explanada de San Andrés, del que desconocemos qué cantidad se va a destinar pues no existe partida específica; la construcción del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste –obra adjudicada y contratada hace tres años y no comenzada- y su futura conexión con los Polígonos; la reurbanización del eje viario de Carretera de Cádiz; el nuevo Hospital en la zona Este de Málaga; el ya anunciado Macrohospital; la rehabilitación del Convento de la Trinidad; desarrollo de las infraestructuras del Metro por su paso por la Alameda; el Tren Litoral como vertebrador del territorio costero malagueño; la sustitución de las aulas prefabricadas y nuevos centros educativos; nuevos centros de salud; relación de inversiones hidráulicas.

Y por supuesto es necesario conocer que se prevé en el ámbito de la vivienda protegida o las políticas sociales, pues el nuevo modelo presupuestario facilita ocultar los recortes que en esta materia ya se iniciaron en el Presupuesto 2011 . Y también es procedente que se explique si hay inversiones que supongan un retorno del nuevo canon que abonan los malagueños para mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la región, establecido en la Ley de Aguas de Andalucía.

La Junta de Andalucía se justifica con el argumento de un “nuevo modelo presupuestario” basado en la reserva de una bolsa de financiación de 4.800 millones de euros para respaldar todos los proyectos de la región –y así lo recogen el 1 de noviembre pasado los medios de comunicación-, no contemplando partidas provincializadas ni vinculadas a proyectos concretos. Esto, a nuestro juicio, es la antítesis del rigor, la planificación, la claridad y la transparencia. No hay argumento alguno que aclare por qué va a ser más ágil que haya una partida global, salvo la voluntad política de no tener que dar explicaciones sobre los usos presupuestarios previstos, porque lo que es obvio es que en la Junta sí deben tener un desglose interno del destino de las partidas que han presupuestado y los usos que les tienen reservados.

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