El nuevo documento modifica la ordenanza del año 96 y pretende fomentar las conductas cívicas, proteger los bienes y espacios públicos, corregir actuaciones incívicas y rehabilitar a los infractores. Una de las principales novedades del texto es la posibilidad de que el infractor pueda elegir entre la sanción meramente económica y la realización de trabajos sociales en beneficio de la comunidad. Se trata, ha afirmado Caracuel, “de frenar el deterioro del comportamiento cívico y mejorar la convivencia”.

La iniciativa, que en principio se planteaba exclusivamente para los menores, se extiende a todos los autores que cometan por primera vez una infracción. En este caso, el expediente sancionador se paralizará y se ofrecerá al infractor esta doble alternativa. En caso de reincidencia, y en función de la gravedad de la conducta, el Ayuntamiento decidirá si la sanción se limita al pago de una multa.

La responsable de Seguridad Ciudadana ha insistido en que este tipo de comportamientos, aunque minoritarios, “son insolidarios, dañan espacios que son patrimonio de todos y obligan a destinar recursos municipales para restaurar las consecuencias de esa falta de civismo”.

Asimismo, ha avanzado que el texto podría entrar en vigor a principios de año, después de consensuarlo con colectivos vecinales y empresariales como Apymem durante el periodo de alegaciones reglamentario. Posteriormente, se llevará a cabo una campaña promocional en centros educativos y otras instituciones para contribuir a la difusión de la nueva normativa.




Otros aspectos novedosos de la ordenanza son la inclusión de un principio de convivencia y solidaridad que regula la emisión de ruidos en los coches; la prohibición expresa tanto del abandono de animales como de la venta y abandono de vehículos en la vía pública y el establecimiento de la responsabilidad de la infracción que, en el caso de los menores, recae sobre los progenitores o tutores. Las sanciones económicas pueden ascender hasta los 750 euros en el caso de las conductas leves, entre 750 y 1500 euros en las graves y entre 1500 y 3000 euros en las muy graves.

Por otra parte, Jiménez ha adelantado que, debido a la gran proliferación de vallas publicitarias en el municipio y la consecuente contaminación visual, Vía Pública abre un plazo de un mes para que todas las empresas instaladoras de vallas certifiquen su autorización ya que, de lo contrario, estarán obligadas a retirarlas.

La edil ha explicado que algunos aspectos regulados en la ordenanza de espacios públicos “requieren un tratamiento específico”, por lo que la delegación está ultimando una ordenanza sobre la ocupación de vía pública por mesas, sillas y toldos que también se consensuará con los colectivos afectados y una nueva normativa sobre kioskos para normalizar los modelos de establecimiento y regular la actividad.

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