La concejala de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Fuengirola, María Jesús Pascual, ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía se ha desentendido del tratamiento de la plaga del Picudo Rojo y ha dejado en manos de los propietarios de las palmeras las medidas para el control y erradicación de la plaga. Pascual ha mostrado a los medios de comunicación la carta remitida por la Delegación provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Málaga, en la que reconoce que se han desarrollado intensos planes de erradicación que no han conseguido evitar la expansión de la plaga y que se está elaborando una nueva normativa para evitar la propagación de la plaga. Sin embargo, no se contempla fecha alguna para la publicación de la normativa, dejando hasta entonces en manos de los propietarios de palmeras su tratamiento.

“La Junta ha admitido en esta carta que no tiene normativa y que, hasta que la haya, los ciudadanos han de seguir unas prescripciones técnicas que en muchos casos pueden estar fuera del alcance de las posibilidades de los vecinos afectados”, ha indicado Pascual.

La edil ha leído textualmente el escrito en el que la Junta carga a los ciudadanos con la responsabilidad de llevar a cabo la prevención y tratamiento de la plaga: “Los propietarios de palmeras, con el fin de prevenir el ataque del curculiónido o combatir su presencia, en el caso de que éstas estén atacadas por esta plaga, deberán realizar las medidas culturales correctamente, conocer la sintomatología con la que se puede determinar la presencia de la plaga, según los riesgos aplicar medidas preventivas para combatir al insecto o, una vez determinada la presencia de la plaga y en función de los daños y posibilidades de recuperación, realizar tratamientos curativos o eliminar correctamente los ejemplares de palmera irrecuperables.

En la carta no se informa sobre el coste de dichas medidas, aunque las prescripciones técnicas indican que “la realización de cualquier medida debe ser ejecutada por personal o empresas que puedan realizar esta actividad”. Además, las prescripciones para el corte y eliminación de palmeras afectadas, entre otras muchas especificaciones técnicas, exigen que “para la correcta realización de toda esta operación, será necesaria la intervención de un cajón elevador, un camión volquete o cajón, plásticos, arnés, herramientas de poda, motosierra y equipo de tratamiento fitosanitario. Además de operarios profesionales y el uso de todo lo necesario en la prevención de riesgos laborales”.

Pascual ha destacado que la carta tampoco entra en detalle sobre quién va a controlar el trabajo y qué sanciones o medidas se prevén en el caso de incumplimientos. “Lo que pasa es que la Junta se ha lavado las manos en perjuicio de los ciudadanos. Me encantaría que hubiera actuado con la responsabilidad necesaria de quien ostenta las competencias en esta materia. No se puede dejar una plaga que afecta a buena parte de la Comunidad en manos de los propietarios sin tener en cuenta si tienen conocimiento o no de la misma, si tienen medios para afrontarla, interés, etc.”

La edil ha informado de que, actualmente, Fuengirola no tiene ninguna palmera pública afectada por el Picudo Rojo. Sin embargo, en el ámbito privado hay más de cien propietarios con palmeras afectadas. Un dato que se ha podido conocer gracias al censo de palmeras y al tratamiento preventivo que el Ayuntamiento incluyó de forma pionera en sus ordenanzas de Zonas Verdes.

Cabe recordar que la competencia en las talas y correcta eliminación de las palmeras corresponde al departamento de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, que, según ha señalado, no está actuando desde diciembre de 2008. Por ello, la edil ha reclamado a la Junta que vuelva a poner en marcha este servicio y que se haga cargo de una forma ordenada, controlada y con la inversión que sea necesaria del tratamiento y erradicación de la plaga.

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