El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado con los votos a favor de PP y PA y la abstención del PSOE una propuesta del Grupo Municipal del PP en la que se solicita la retirada del anteproyecto de la Ley de Aguas que pretende aprobar la Junta de Andalucía y que, según ha informado, la alcaldesa, Esperanza Oña, conllevará un incremento de la factura del agua en los hogares de un 30% o 32% aproximadamente.

Según ha explicado la regidora, la Ley que pretende aprobar la Junta usurpa a los ayuntamientos todas las competencias en materia de aguas, por lo que “los deja como meros cobradores”. En este sentido, ha criticado la “voracidad recaudatoria de la Junta” y ha resaltado que, aunque los ciudadanos no paguen sus recibos de agua a los ayuntamientos, estos sí tienen que pagar la totalidad de los recibos a la Junta de Andalucía.

Oña ha asegurado que con esta subida, la Junta pretende hacer pagar a todos los andaluces un peaje del agua, ya que a partir de su aprobación habrá que abonar a través del recibo todas las infraestructuras hidráulicas que se hagan en Andalucía. “Se han inventado un canon variable de forma que cada vez que bebamos agua o nos duchemos o hagamos cualquier uso del agua ya sea en Fuengirola o en Dos Hermanas estamos pagando obras de infraestructura pasadas o futuras de la Comunidad Autónoma en la que no tenemos decisión alguna”, ha señalado.

La moción pide la retirada del Anteproyecto de Ley de Aguas en Andalucía y exige que se construyan todas las infraestructuras pendientes para completar el ciclo integral del agua en la Comunidad, además de pedir que cualquier regulación que prevea la Junta respete la autonomía municipal. Además, se solicita que la norma legal sobre aguas no contemple ningún impuesto que encarezca el precio del agua por encima del IPC a las familias y distintos sectores productivos en Andalucía.

La primera edil ha recordado que, a través del esta Ley, la Junta pretende costear los gastos de la recién estrenada Agencia Andaluza del Agua, como el coste administrativo, gastos corrientes, etc. “En los presupuestos de 2009 la agencia tiene asignados 94 millones de euros, un 58% más que en 2008. Con este dinero se paga a 927 empleados, sin contar con cargos de confianza, altos cargos, etc.”, ha indicado.

“Plantean una Ley injusta, voraz desde el punto de vista económico e intervencionista. Es irracional ya que pretende beneficiarse de un bien escaso que todos tenemos que consumir y que, gracias a la nueva Ley, incrementará los ingresos de la Junta por consumo de agua en un 400 o 500%”, ha afirmado Oña.

En este sentido, la moción exige a la Junta que “no se limite a utilizar a los ayuntamientos como meros recaudadores de la facturación autonómica” y pide que la Ley se consensue con los partidos políticos, ayuntamientos, comunidades de regantes y agricultores y todos los sectores implicados.

“La Ley que quieren aprobar no obedece más que al criterio de recaudación despiadado de la Junta de Andalucía, que no ha tenido el consenso de ni un solo colectivo y que, en cambio, ha recibido alegaciones de todos los sectores que tienen relación con el agua”, ha declarado la regidora.

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