Casi seis semanas después de la entrada masiva del 30 de julio, Ceuta sigue con carpas de acogida, presión sanitaria y un pulso político y judicial abierto. Así está la situación hoy.

Redacción Malagaes.com · Periódico Digital de Málaga y su Provincia · Málaga, 8 de septiembre de 2026

Han pasado casi seis semanas desde que, entre el 30 y el 31 de julio, varias decenas de miles de personas entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos, en el episodio fronterizo más grave registrado en la ciudad autónoma desde la crisis de mayo de 2021. Este martes, 8 de septiembre, Ceuta sigue sin recuperar la normalidad que el Gobierno central prometió hace semanas, con carpas de acogida todavía instaladas, un dispositivo militar y policial reforzado en la frontera, y un pulso político que ya se ha trasladado a los tribunales y al Congreso.

Una entrada masiva sin precedentes recientes

El Gobierno de España cifró en unas 72.000 las personas que accedieron a Ceuta de forma irregular durante aquellas 48 horas de finales de julio, la mayoría a nado bordeando los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú. El presidente Pedro Sánchez calificó lo ocurrido como una violación de la integridad territorial y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas junto a la Guardia Civil. En los días posteriores, la mayor parte de quienes entraron fue devuelta a Marruecos mediante dispositivos coordinados entre ambos gobiernos, aunque miles de personas —entre ellas numerosos menores— continúan en la ciudad más de un mes después.

El episodio tuvo también repercusión europea: una veintena de países de la Unión Europea, con Italia y Dinamarca a la cabeza, remitieron una carta conjunta exigiendo un mayor blindaje de las fronteras exteriores del bloque.

Carpas, menores y un sistema sanitario bajo presión

Más de un mes después, el Gobierno mantiene instaladas carpas de acogida temporal en el puerto de Ceuta y en la zona de Los Rosales, junto a la antigua prisión. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único de la crisis, insiste en que esas instalaciones son temporales y se desmontarán cuando las personas alojadas sean devueltas a Marruecos, aunque no ha concretado plazos ni medios para esas devoluciones. Torres sitúa en unos 2.000 los menores migrantes identificados hasta ahora y en 3.500 las plazas de acogida disponibles, y confía en que la ciudad recupere la normalidad “en muy pocas semanas”.

El sistema sanitario acusa la presión: INGESA llegó a atender a 277 personas migrantes en un periodo de 24 horas, y sindicatos como CEMSATSE y SATSE han denunciado la situación en el Hospital Universitario de Ceuta, llegando el primero a pedir la dimisión de los equipos directivos de INGESA. UGT, por su parte, ha alertado de un colapso en la Oficina de Extranjería ante la acumulación de expedientes pendientes de tramitar.

El Gobierno declasificará los informes de la crisis

En el plano institucional, el Ejecutivo ha anunciado que este miércoles hará públicos los informes hasta ahora clasificados sobre la gestión de la crisis migratoria. La Audiencia Nacional, por su parte, ha admitido investigar lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, después de que la Fiscalía respaldara su competencia y pidiera el secreto parcial de las diligencias; la magistrada María Tardón continúa al frente de la instrucción, en la que el propio tribunal ha llegado a hablar de una “indudable gestión favorecedora desde Marruecos” del cruce masivo.

Presión política desde varios frentes

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, intervino este lunes en el Fórum Nueva Economía de Madrid para calificar lo sucedido como una crisis existencial para Ceuta y reclamar que España y la Unión Europea asuman el control efectivo de la frontera, además de exigir el retorno a Marruecos de quienes entraron masivamente aquellos días. Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha pedido al Gobierno certidumbre y garantías para que la ciudad recupere la normalidad, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que la presión migratoria podría extenderse a Melilla y Canarias. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de preparar concesiones a Marruecos.

En un registro distinto, el diputado por Ceuta Javier Celaya ha planteado —a título personal, según ha precisado para no comprometer a su partido— que el Congreso declare el estado de sitio y nombre una autoridad militar para la ciudad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha realizado ya una segunda visita a la ciudad desde el estallido de la crisis, recorriendo el Tarajal y la Delegación del Gobierno.

El curso escolar arranca entre protestas y reubicaciones

La crisis ha llegado también a las aulas justo cuando arranca el curso escolar. La Ciudad ha tenido que reubicar a 152 alumnos menores de tres años ante la instalación de un asentamiento junto a una nueva escuela infantil, y sindicatos como CCOO han reclamado que los centros educativos se conviertan en espacios seguros para el alumnado. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha pedido “empezar la rutina escolar” y ha defendido que las aulas ceutíes son centros seguros, mientras confía en resolver en las próximas semanas la escolarización de los menores migrantes que permanezcan en la ciudad.

En paralelo, la ciudad vive una tensión social evidente: la Federación de Vecinos cifró en más de 45.000 personas la manifestación masiva convocada el pasado 2 de septiembre, mientras que este lunes se celebró una marcha de signo distinto, bajo el lema “No nos mires, únete”, con una participación mucho más discreta. La última madrugada dejó además varios incidentes de vandalismo: pedradas contra guardias civiles y bomberos que acudían a sofocar un incendio en el barrio del Príncipe, y un vehículo quemado de madrugada junto a una guardería.

Un mes y medio de tensión sin fecha de cierre

Mes y medio después de la mayor crisis fronteriza vivida por Ceuta desde 2021, la ciudad autónoma sigue a la espera de una solución definitiva. El Gobierno confía en resolver la situación “en pocas semanas”, pero sobre el terreno persisten las carpas, los menores sin escolarizar, la presión sobre los servicios públicos y un frente político y judicial que continúa abierto en Madrid.

Reacciones Políticas frente a la situación en Ceuta:

Gobierno central

• Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial, mando único de la crisis) ha anunciado que el Ejecutivo se personará como perjudicado en la causa que instruye la Audiencia Nacional. Ha evitado señalar a Marruecos como responsable directo de la entrada masiva sin “pruebas”, calificando la relación bilateral de “fundamental”, y ha vinculado el aumento de flujos migratorios a los cambios de gobierno en países como Senegal, Mauritania o Marruecos. Sobre el arranque del curso escolar de hoy, confía en la “máxima normalidad” y ha evitado criticar al líder socialista de Ceuta, que anunció que no llevará a su hija al colegio. También reconoce que el Gobierno no sabe con precisión cuántas personas siguen en la ciudad, aunque cifra en torno a 1.000 los menores y 3.000 los adultos que continúan recibiendo asistencia.
• Óscar Puente (ministro de Transportes) ha cuestionado hoy la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, calificando de “bastante extraño” que pidiera no compartir con los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la crisis, y afirmando que eso “denota un cierto principio de desconfianza” en su neutralidad.
• José Manuel Albares (ministro de Exteriores) ha advertido de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla “degradan la relación bilateral”, y viaja hoy a Bruselas a reunirse con el comisario europeo de Interior y Migración, coincidiendo con el viaje de Vivas.

Ceuta

• Juan Jesús Vivas (presidente de la Ciudad Autónoma, PP) se reúne hoy en Bruselas con los comisarios europeos Magnus Brunner y Dubravka Suica para trasladar la situación a las instituciones comunitarias. Días atrás describió a Ceuta como una ciudad que vive “en estrés permanente”, como “una olla a presión que puede estallar en cualquier momento”.

Oposición

• Alberto Núñez Feijóo (PP) sostiene que la gestión del Gobierno tendrá “consecuencias políticas y judiciales” y ha vuelto a pedir su dimisión. Junto a Rufián (ERC), preguntará mañana en el Congreso a Sánchez cómo piensa afrontar el resto de legislatura, tras un pleno extraordinario sobre Ceuta que evidenció la falta de apoyos a su gestión.
• Vox, por boca de su portavoz Pepa Rodríguez de Millán, ya da por hecho que los informes que el Gobierno declasificará mañana miércoles no le van a “inculpar”, calificando de “ingenuo” esperar otra cosa.

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