Hace tan sólo seis años, España tuvo la oportunidad de incardinar sus políticas de Familia en un marco europeo de modernidad, de esperanza y de conciliación, aunque finalmente terminó aprobando una ley de divorcio cuyos pilares fundamentales, argumentados en su exposición de motivos, quedaron indecentemente anulados en la posterior redacción de su articulado. Incluso el Gobierno cayó en la paradoja de votar en contra de lo que previamente había pactado en el Senado, algo que no tiene precedente en nuestra democracia.
Las presiones de grupos minoritarios anclados al poder, que durante estos años vienen predicando una igualdad “de bote” a golpe de talonario, tuvieron mucho más peso que el sentido común y el clamor de cientos de miles de familias españolas, que vieron cómo la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas y encontrar una alternativa real para ser felices se había esfumado. La ley de Divorcio de 2005 sólo ha servido para incentivar el enfrentamiento entre los padres y la manipulación sobre los hijos, para enfrentar a la sociedad consigo misma, de modo que la ciudadanía no pueda pararse a pensar y analizar los verdaderos motivos de esta debacle social. Y es que a partir del año 2005 entraron de la mano, en el ordenamiento jurídico español, dos leyes que han arruinado la paz de las familias españolas, dos leyes engarzadas que han dirigido el divorcio hacia los juzgados de violencia sobre la mujer, dos leyes que violan cada día los derechos fundamentales de los más débiles, los que no votan, los niños, a los que se les despoja de su padre a partir de una simple denuncia por malos tratos, a los que se les ignora desde el mismísimo gobierno cuando son manipulados, víctimas del Síndrome de Alienación Parental, a los que se les obliga a elegir entre su padre y su madre, arrebatándoles la pluralidad de sus referentes familiares, tan indispensable para su formación personal y para su desarrollo integral.
Después de seis años de vigencia de la Ley de Divorcio y de la Violenta Ley de Género, las personas que sufren diariamente el maltrato en sus hogares continúan en la más absoluta desprotección, debido a un sistema que incentiva a denunciar a quien no lo necesita y sólo pretende adquirir una posición ventajosa en su proceso de divorcio; un sistema que ignora las muertes de hombres, que oculta los suicidios derivados de una ruptura, un sistema que sigue enviando cada año a un centenar de personas, hombres y mujeres, al cementerio; un sistema que ha desenterrado de las catacumbas el delito de autor y que impide por ley el derecho de presunción de inocencia; un sistema que pretende amordazar a los profesionales que se han atrevido a cuestionarlo, tratando de castrar su derecho a la libertad de expresión; un sistema que no podía funcionar porque ha roto definitivamente con las reglas de juego fundamentales imprescindibles para la vertebración de un Estado de Derecho con mínimas garantías para sus ciudadanos. En resumen, un sistema que la Unión Europea rechaza y no respalda porque crea más problemas en lugar de resolverlos, no se sostiene ni jurídica ni humanamente, y porque constituye la mayor de las vergüenzas de España en los foros internacionales.
Con este panorama tan desesperanzador exigimos al Gobierno de España:
Ø El cese del delegado del gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, la desaparición de su cargo y de toda la estructura institucional de género, que tantos recursos ha despilfarrado tan sólo para institucionalizar la violación de derechos fundamentales, sin resolver, sino incrementando y retroalimentando, los problemas que dice combatir, ya que sigue aumentando el número de hombres, mujeres y niños que mueren cada año en el ámbito familiar.
Ø La creación de un Ministerio de la Familia, que impulse una profunda reforma legislativa encaminada a recuperar el sentido común, la convivencia en paz y la armonía en nuestros hogares, bajo los supremos principios de Justicia e Igualdad, eliminando las discriminaciones por razón de sexo.
Ø La derogación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la creación de una ley que combata y prevenga los malos tratos sin discriminación por razón de sexo, raza, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, como establece nuestra maltrecha Constitución.
Ø La implantación, a través de una reforma normativa urgente y profunda, de la custodia compartida como principio fundamental, entendida como un derecho de los niños a continuar compartiendo sus vidas y conviviendo con ambos progenitores (padres) en equidad, igualdad espacial, temporal y legal. No podemos permitir por más tiempo, que el fin de la convivencia entre los padres suponga la violación del derecho del menor a ser criado por ambos, ni el derecho y el deber de ninguno de los progenitores de ejercer su función de padres, como establece el artículo 68 del Código Civil.
Ø El reconocimiento expreso del derecho de los abuelos, y resto de la familia extensa, a mantener una convivencia fluida con sus nietos, y viceversa, con independencia de las circunstancias que concurran entre los padres.
Ø La persecución implacable de las falsas denuncias por maltrato, a través de instrucciones de la Fiscalía General del Estado a todas las Fiscalías Provinciales, como medida protectora de las propias víctimas del maltrato, que no pueden acceder a los medios asistenciales, policiales y judiciales porque éstos se están destinando de forma indiscriminada a todas las denunciantes que utilizan fraudulentamente la Administración de Justicia, incentivadas por la redacción del artículo 92.7 de la Ley de Divorcio, que impide la custodia compartida a partir de una simple denuncia.
Ø La sustitución del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género por un Observatorio que no ponga en entredicho la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo, un Observatorio que no gire como un satélite alrededor del Gobierno, que no tape la violencia hacia los niños y los hombres y que no prepare sus informes a la medida de lo que su Gobierno le dicte, sino que presente datos rigurosos, acordes a la realidad y sin sesgo alguno, que permitan emitir conclusiones fiables que sienten las bases de una legislación eficaz contra todo tipo de maltrato, y respetuosa con los derechos fundamentales de todos los españoles.
Ø El respeto al ejercicio de los profesionales de la Judicatura y la Psicología, que viven cada día de cerca el drama del divorcio y que conocen perfectamente la realidad del Síndrome de Alienación Parental, sobre el que se ha pronunciado sin ambages la Coordinadora de Psicología Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, en relación con la conveniencia de profundizar en su análisis científico.
Desde FADIE, brindamos nuestro más ferviente abrazo, nuestro apoyo incondicional y nuestro reconocimiento por su esfuerzo y su lucha inquebrantable por recuperar a sus hijos, a cada una de las miles de víctimas del maltrato institucional, ignoradas y negadas sin compasión por el gobierno español. Víctimas que constituyen un claro ejemplo de que denunciar en falso funciona, si lo que se pretende es alejar al padre de los hijos y satisfacer los instintos de revancha.
Denunciamos los cientos de miles de niños que de un día para otro se han quedado huérfanos de uno de sus referentes fundamentales, sus padres, que cada día continúan luchando por sobreponerse para hacer realidad su deseo de encontrar el amor de sus hijos.
Manifestamos nuestra solidaridad y agradecimiento a innumerables profesionales que por haber demostrado su sentido de la honradez y humanidad, están siendo amedrentados, insultados y amenazados de forma cotidiana por las organizaciones feministas radicales subvencionadas, por posicionarse abiertamente, de forma crítica, contra las mentiras oficiales “de género”. Es el ejemplo del Magistrado-Juez Francisco Serrano, a quien el gobierno sigue persiguiendo a través de la Fiscalía.
En el Día Internacional de la Familia, hacemos un llamamiento urgente de concienciación al Gobierno Andaluz y al Gobierno de España, para que acometan sin ambages soluciones a este gravísimo problema, que está minando de infelicidad el corazón de las familias españolas. Por ello les recordamos el artículo 39 de la Constitución Española:
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.