La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Susana Camarero, ha presidido hoy la constitución del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, un nuevo órgano, ha señalado, que refuerza el trabajo conjunto de la Administración y la sociedad civil centrado en mejorar las políticas estatales en materia de adicciones, acomodándolas a la realidad más actual, haciéndolas más ágiles y eficaces y potenciando los principios que inspiraron en su día la creación del Plan Nacional sobre Drogas.

Dicho Consejo ha sido creado por la Ley de racionalización del sector público y tiene entre sus objetivos mejorar la participación social en la toma de decisiones y la formulación de políticas en materia de adicciones a través de la participación de los principales agentes sociales.

El Consejo, compuesto por representantes de las administraciones públicas con competencias en materia de adicciones y de la Fiscalía General del Estado y por representantes de los principales agentes sociales, también aspira a mejorar la calidad y eficiencia de las políticas que se formulen, así como la coordinación y cooperación de todos los agentes implicados, incluyendo la sociedad civil.

Con su puesta en marcha, se dará respuesta a la amplia demanda de las organizaciones sociales en relación a su incorporación en la definición de las políticas estatales sobre drogas y otras adicciones manifestada a través de las sucesivas reuniones mantenidas con los representantes de diferentes asociaciones del Tercer Sector.

Asimismo, cabe recordar que ya en la creación del Plan Nacional sobre Drogas se destacaba la colaboración necesaria de las organizaciones sociales para hacer realidad una estrategia común de actuación.

CONCRECIÓN DE UN PROYECTO

En su intervención, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en funciones, ha destacado el significado especial de este nuevo organismo que supone la concreción de un proyecto que se ha ido desarrollando a lo largo de la legislatura 2011-2015.

Así, Camarero ha explicado que el Consejo aglutina a todos los que trabajan en el mundo de las adicciones, tanto por parte de las administraciones como por parte de la sociedad civil.

La creación del mismo se justifica en la necesidad de optimizar la colaboración, la coordinación y la cooperación, así como en la necesidad de cumplir con el compromiso de España por su pertenencia a foros y organismos multilaterales de facilitar la participación de la sociedad civil en la definición de estas políticas y, en definitiva, de prever y establecer cauces institucionales que permitan y faciliten la participación e implicación de toda la comunidad.

Además, se da respuesta a la obligación de aumentar la eficiencia y efectividad de las acciones por parte de la Administración del Estado mediante la mejora de la coordinación y a la amplia demanda de las entidades del Tercer Sector que trabajan en adicciones.

GRUPOS DE TRABAJO ESPECIALIZADOS

Por su parte, el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha explicado que el Consejo contempla su funcionamiento a través de grupos de trabajo especializados de carácter permanente imprescindibles como generadores de espacios para el debate y la reflexión sobre la manera de abordar todas las facetas de las adicciones.

En este sentido, el Delegado del Gobierno se ha mostrado convencido de que dichos grupos mejorarán la eficiencia del trabajo del Consejo ya que asumirán funciones parcelares llevadas a cabo por órganos, como el Consejo Asesor del Observatorio Español sobre la Droga y las Toxicomanías que se han extinguido con la creación de este Consejo.

FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a elaborar, como cada año, un estudio comparativo con las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se aplican en las diecisiete comunidades autónomas (ver tabla).

Los datos recabados vigentes para este 2016 siguen reflejando, un año más, importantes diferencias en los precios, que llegan a alcanzar el 79% en el precio para los turismos con motores diésel. Los datos relativos a las motocicletas delatan igualmente una enorme disparidad de tarifas: hasta un 166% de diferencia.

Las comunidades autónomas regulan en cada caso la tarifa que debe aplicarse o un precio máximo, por debajo del cual pueden competir los operadores públicos y privados que operan en el sector.
Hay comunidades donde sólo operan centros de inspección públicos, en otras operadores privados, y también hay casos de gestión mixta con puntos de inspección públicos y privados.

En los casos, como Andalucía, en los que la gestión es íntegramente pública, es la administración la encargada de fijarlos. Toda esta disparidad en los modelos de gestión del servicio conlleva, en definitiva, que existan distintos precios y tasas según la región del país.

De todas las Comunidades, sólo la de Madrid mantiene vigente (desde 2011) su renuncia a la regulación tarifaria. FACUA reclama al Gobierno madrileño que recupere las competencias en la materia y vuelva a regular las tarifas de la ITV, de manera que cada año se fijen precios máximos en el sector. La asociación alerta, además, de la inexistencia de otros criterios también importantes, caso del geográfico, a la hora de autorizar nuevos puntos de inspección.

Así, en dicha Comunidad se detectan zonas de población con una altísima concentración de talleres frente a otras de menor densidad demográfica donde el punto de inspección más cercano se encuentra a kilómetros de distancia.

En su estudio, FACUA ha localizado el precio más caro para las inspecciones precisamente en Madrid, como ya ocurriera en 2015. En este caso, para los vehículos diésel la tarifa (media) alcanza los 52,61 euros. En algunas ITV, como la de Coslada, el precio llega a superar los 55 euros para ese tipo de motores. Por detrás de la de Madrid se sitúan las de Comunidad Valenciana (51,6 euros para diésel) y Murcia (49,79 euros para coches del mismo tipo de motor).
La tarifa más baja es la de Navarra, 29,4 euros para cualquier tipo de turismo. Le siguen Menorca (30,55 euros para coches de gasolina) y La Rioja (31,25 euros también para gasolina). A todos los precios detallados hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior, que este año se mantiene en 3,90 euros. El IVA sí está incluido.

Rebajas insuficientes

La variación de tarifas en las Comunidades no es sustancial, por lo general debidas a la adaptación del IPC del mes de referencia que se toman para actualizar las mismas. Sin embargo, y con carácter general, FACUA considera que las rebajas deberían ser mayores y generalizadas. Las comunidades que han bajado en mayor medida sus tarifas son Castilla-La Mancha (-2,60% de media), Extremadura (-1,30%) o Cantabria (-0,7).
La asociación lleva años reclamando que antes de aprobar las nuevas tarifas a aplicar, las ITV lleven a cabo estudios para conocer las necesidades a corto plazo y adecuar así las tarifas de manera progresiva y razonable para los consumidores.

No debe extrañar, a juicio de FACUA y a tenor de los datos expuestos, que un 92% de los consumidores no considere justo el precio que se cobra por las inspecciones. Así lo refleja una encuesta nacional sobre seguridad vial realizada por las fundaciones la asociación y Gestrafic el pasado mes de noviembre, y en la que participaron 3.083 usuarios.

En todo caso, la asociación no comparte la liberalización de un servicio de asistencia que afecta a la seguridad de las personas y que debe tener reguladas las características, la calidad y, por todo ello, un precio homogéneo para todos los usuarios del país.

De 29,4 a 52,61 euros

El precio medio total acumulando tanto turismos diésel como los de gasolina (con catalizador) apenas ha variado respecto a 2015. De 38,81 euros se ha pasado a 38,87 (+0,1%). Por motores, los gasolina pasan de 35 a 35,08 euros (+0,23%) y los diésel de 42,62 a 42,75 euros (+0,29%). Los precios de Ceuta y Melilla, aunque sí aparecen recogidos en la tabla de datos, no se han contabilizado para la media.

Madrid tiene las tarifas más elevadas para turismos diésel, 52,61 euros (media). Por detrás, Valencia con 51,64 y Murcia con 49,79. En el caso de coches a gasolina con catalizador, Cantabria tiene los precios más caros (42,8 euros), seguida de País Vasco, con 42,48 euros, y Madrid, con 37,52 de media.
La tarifa media más económica combinando ambos vehículos de las diecisiete comunidades autónomas son los 29,4 euros que cobran en Navarra. Le siguen Extremadura con 32 euros y Asturias con 34.
En los tres casos, las tarifas no varían en función del tipo de motor.

Motocicletas y ciclomotores

En cuanto al desglose de precios recabados sobre vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores, también se han llegado a detectar diferencias importantes que alcanzan hasta el 166% en función de en qué Comunidad se pase la revisión.
La tarifa media de la ITV de estos vehículos es de 20 euros, habiendo subido este año un 1 % con respecto a 2015. Madrid tiene las tarifas más elevadas con 33 euros de media, seguida de Extremadura con 32 euros. Frente a las más caras, aparecen la aplicada de media en Murcia, 12,4 euros, y los 13,66 que cobra la Comunidad Valenciana como los precios más bajos.