La Junta de Andalucía abonará en 20 días naturales, frente a los 30 vigentes ahora, las facturas de proveedores de servicios vinculados a salud, educación y servicios sociales, con el fin de proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar y defender el empleo en estos ámbitos prioritarios. Asimismo, establecerá procedimientos para evitar demoras en los pagos y asegurar el cumplimiento de este plazo, incluyendo la posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito. Así se recoge en el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno que establece la garantía de los tiempos de pago de la Administración autonómica y sus entidades instrumentales.
El nuevo plazo de 20 días también será aplicable al abono de becas y ayudas al estudio, así como al de medicamentos a las oficinas de farmacia y a las compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita. La norma también fija, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales.
La norma aprobada especifica que, en el sector de la salud, se atenderá el pago en 20 días a las facturas de servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre otras).
En el ámbito educativo, la medida supondrá agilizar los abonos relativos a la reparación, mantenimiento y conservación de edificios docentes públicos, así como al programa de gratuidad de libros de textos, aula matinal, transporte escolar, comedores, becas y ayudas al estudio, conciertos docentes y gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros de educación Infantil, enseñanza obligatoria o Formación Profesional. En los servicios sociales, el pago a 20 días beneficiará a la atención a la dependencia y la infancia, la asistencia jurídica gratuita, el plan sobre drogodependencias o la protección contra la violencia de género.
El decreto prevé asimismo la adhesión de las universidades públicas andaluzas al sistema de garantías así como la ampliación gradual de los ámbitos en los que se establecerán plazos máximos para el abono de facturas.
Con el fin de garantizar los tiempos de pago y evitar demoras, la norma aprobada especifica la agilización de los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización de las facturas. Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento.
Asimismo se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, el proveedor recibirá contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono de la factura.
Si dicho plazo no existiese, se le reconocerá el derecho de garantía para el cobro directo a ejercitar en una entidad de crédito colaboradora. Las personas que mantengan deudas en periodo ejecutivo con la Junta no tendrán acceso al sistema hasta que no estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública.
La Oficina de Atención a Personas Acreedoras elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas para garantizar los plazos de pago y las reclamaciones recibidas. Este informe será trasladado al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz.
Un millón de facturas
La Junta de Andalucía gestiona cada año más de un millón de obligaciones, de las que más del 80% se presentan telemáticamente a través del Punto Único de Factura Electrónica, un factor que contribuye a reducir los plazos de tramitación y los pagos. Desde su implantación en junio de 2015, se ha producido un ahorro medio en 14 días en la grabación de las facturas, una reducción que también se ha trasladado a la gestión administrativa y contable de las obligaciones así como en el abono de los importes, con el consiguiente beneficio para los proveedores de la Junta.
En 2016, la Junta realizó pagos por un importe superior a los 8.200 millones de euros correspondientes a empresas de bienes y servicios, así como proveedores de suministros del sector público andaluz. El 76% de las facturas abonadas se destinaron a la cobertura de gastos en sanidad, educación y dependencia.
El periodo medio de pago a los proveedores (PMP) se situó en 14,07 días en el mes de noviembre, una cifra que reduce a la mitad el máximo de 30 días fijado por la normativa de morosidad y que pone de manifiesto el esfuerzo de la Junta para acortar los plazos en el abono de facturas. A lo largo del pasado ejercicio, el PMP de la Junta acumuló una reducción de 24,47 días.
La Junta amplía el uso de las instalaciones educativas públicas para actividades complementarias sociales
Un nuevo decreto aprobado por el Consejo garantiza también el acceso al comedor escolar y el aula matinal a los colectivos considerados prioritarios
Los centros docentes públicos podrán ceder sus instalaciones hasta las 20.00 horas todos los días del año, incluidos los festivos y salvo el mes de agosto, para la realización de actividades de carácter social. Esta es la principal novedad del decreto que unifica y actualiza la regulación autonómica de los servicios educativos de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. Hasta ahora, la oferta de usos complementarios fuera del horario escolar se limitaba a los días lectivos.
De acuerdo con la norma, que entrará en vigor el próximo curso 2017/18, las instalaciones deportivas y recreativas de los institutos de Secundaria y los colegios de Educación Infantil y Primaria y de Educación Especial podrán ser cedidas para actividades complementarias o extraescolares organizadas por los propios centros, por asociaciones de familiares de alumnos o por entidades locales o sin ánimo de lucro. En el caso de los días no lectivos, se establece un horario de 8.00 a 20.00 para esta posibilidad, con la que se pretende aumentar la integración de los centros en su entorno, favorecer la igualdad de oportunidades y ofrecer al alumnado y sus familias una mayor flexibilidad horaria.
Otra novedad que incorpora el decreto es la regulación de la garantía de acceso a los servicios de aula matinal y comedor escolar para determinados colectivos a los que, de hecho, se ha venido dando prioridad pero sin un repaldo normativo. Esta garantía se ofrecerá siempre que exista una demanda mínima para la prestación.
De este modo, la admisión al aula matinal (7.30-9.00 de la mañana) estará garantizada para el alumnado de segundo ciclo de Infantil y Primaria que sea usuario del transporte escolar y llegue al centro docente público antes del inicio de la jornada lectiva. También se asegura el acceso a los alumnos bajo tutela o guarda de la Administración autonómica y a aquellos cuyos guardadores o cuidadores legales realizan actividades remuneradas que justifican la imposibilidad de atención en ese horario.
El aula matinal se financia con un precio público de referencia de 15,04 euros al mes, sobre el que se aplican bonificaciones que pueden llegar hasta la gratuidad total en el caso de las familias con rentas más bajas. En este curso 2016/17, un 62% del alumnado tiene alguna bonificación, mientras que el 35% accede al servicio de forma gratuita. La dotación de personal se fija en función del número de alumnos. Hasta 60 usuarios, el servicio está atendido por dos profesionales como mínimo: un técnico superior en Educación Infantil, Animación Sociocultural, Integración Social o titulación equivalente, y un técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente.
Comedores
En cuanto al comedor escolar (de 14.00 a 16.00 horas), el decreto garantiza la admisión gratuita al alumnado escolarizado en segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica cuando esté obligado a desplazarse fuera de la localidad de residencia porque no exista allí su etapa educativa; cuando tenga jornada escolar de mañana y tarde y no disponga del servicio de transporte al mediodía, o cuando teniendo sólo jornada de mañana su transporte salga pasada media hora después de la finalización de la última clase.
Asimismo, se asegura la gratuidad para el alumnado en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión; los menores bajo tutela o guarda de la Junta, y los hijos de víctimas de terrorismo y de mujeres atendidas en centros de acogida para víctimas de violencia de género. En los casos de imposibilidad de atención por actividad laboral remunerada de los guardadores y cuidadores legales de los alumnos en el horario del comedor, igualmente se garantiza el acceso con posibilidad de bonificaciones sobre el precio total en función de la renta y las características de la unidad familiar.
Un total de 1.916 centros públicos cuentan actualmente con el servicio de comedor escolar, del que se benefician más de 183.500 alumnos. La prestación se ofrece a un precio público que se redujo el pasado año académico de 4,50 a 4,38 euros diarios. Casi el 75% de estos usuarios tiene algún tipo de bonificación en función de la renta, incluida la gratuidad total para el 50% (frente al 19,4% de hace ocho años).
El nuevo decreto también especifica la obligación de aportar una declaración responsable de contar con el certificado negativo del registro Central de Delincuentes Sexuales al personal cuyo desarrollo de funciones implique contacto habitual con menores.
Finalmente, la norma regula con mayor concreción el catálogo de actividades extraescolares y las de refuerzo y apoyo que se desarrollan en los centros de 16.00 a 18.00 horas los días lectivos. El listado incluye tanto las destinadas al alumnado con dificultades de aprendizaje como otras de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación para la salud, primeros auxilios, informática e idiomas. Todas ellas tienen carácter voluntario y extracurricular y, en ningún caso, serán evaluables.
La Junta de Andalucía aplica desde hoy la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público
La consejera de Hacienda informa al Consejo sobre el cumplimiento del calendario de recuperación de los derechos de los empleados públicos
La Junta de Andalucía ha comenzado a aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público desde hoy 16 de enero, tal y como establece el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y convalidado por el Parlamento el pasado mes de noviembre. Se restablece así una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado al Consejo de Gobierno de las medidas adoptadas para la implantación inmediata de la nueva jornada sin que se vean afectados los servicios públicos ni el nivel de calidad de las prestaciones. La decisión beneficia a más de 260.000 empleados públicos cuya regulación laboral depende de la Junta.
Con carácter general, la medida supondrá trabajar dos horas y media menos a la semana. En el ámbito sanitario se modifican los cómputos anuales de cada turno, de modo que el nocturno pasa a 1.450 horas anuales, el rotatorio a 1.483 y el diurno de 1.645 a 1.540, es decir, 105 horas menos. La nueva jornada también se aplica de manera inmediata en educación, si bien la reducción de horas lectivas no se materializará hasta el comienzo del próximo curso escolar.
En su informe al Consejo, María Jesús Montero ha destacado que la recuperación de las 35 horas es una medida generadora de empleo que conllevará un incremento de los efectivos para mejorar las prestaciones públicas, especialmente en salud y educación. En el primero de estos ámbitos se realizarán las contrataciones necesarias, mientras que en los centros educativos se procederá al nombramiento de personal interino. Tal y como prevé el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2017, los nuevos empleados se incorporarán de forma temporal y se avanzará en su estabilidad a través de las correspondientes ofertas de empleo público.
La jornada laboral de 35 horas constituye una de las medidas más reclamadas por los empleados públicos y como tal quedó recogida en el calendario de restitución de derechos que la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron el pasado mes de junio, en desarrollo a su vez del Acuerdo para la Defensa y Mejora del Empleo Público suscrito en julio de 2015 con la presidenta de la Junta, Susana Díaz. El compromiso del Gobierno andaluz es recuperar progresivamente todos los derechos suspendidos con motivo de la crisis económica, fijando un horizonte temporal que coincide con la presente legislatura.
Implantada en Andalucía en el año 1999 como una conquista histórica fruto de la negociación sindical para avanzar en la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos, la jornada de 35 horas se amplió a 37,5 horas en 2012, con carácter excepcional y temporal, como consecuencia de las normas estatales de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria. En este sentido, la consejera ha subrayado que, tanto la por la favorable evolución de la economía como por el cumplimiento de los objetivos de déficit durante estos años, la Junta dispone actualmente de la suficiencia financiera adecuada para hacer frente al restablecimiento de la medida. Asimismo, ha recordado las plenas competencias de la Administración autonómica para regular en materia de jornada laboral de su personal, tal y como establece el propio Estatuto Básico del Empleado Público.
Paga extra
Por otro lado, María Jesús Montero ha informado también de la devolución de un nuevo tramo de la paga extra de 2012 que se hará efectivo en el mes de febrero, tal y como establecía el calendario de restitución de derechos de los empleados públicos. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica hoy las instrucciones dictadas por su departamento para proceder al abono de los importes equivalentes a otros 46 días que se harán efectivos junto con la nómina del próximo mes. Según recoge el acuerdo con los sindicatos, la cantidad restante, correspondiente al último 25%, se abonará según recoge el acuerdo, en febrero de 2018.
La recuperación de la jornada laboral de 35 horas se enmarca en el proceso de devolución los derechos laborales suspendidos que se viene realizando gradualmente durante los últimos dos años y se completará en esta legislatura. El personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en un 25%, frente al modelo de despidos y privatizaciones seguido en otras comunidades. Asimismo, tras años de congelación retributiva, en enero de 2016 ya se aplicó a todos los empleados públicos autonómicos una subida salarial del 1% (máximo permitido por la legislación estatal).
Desde junio de 2015 se han recuperado todas las pagas extraordinarias y también se han realizado este mismo año los dos primeros abonos de la devolución de la extra de 2012, proceso que se completará en febrero de 2017 y de 2018.
De acuerdo con el calendario pactado con los sindicatos, los días adicionales de permiso por asuntos particulares han sido restituidos en las mismas condiciones vigentes en 2012, además de recuperarse los de vacaciones en función de la antigüedad. Igualmente, se ha actualizado el catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones correspondientes a los días de ausencia.
El resto de derechos se completará en 2018 y 2019 con la recuperación de la nómina completa, al restituirse el 10% de los conceptos retributivos variables (como los vinculados a productividad o a consecución de objetivos) en dos tramos del 5% cada año. En 2019 se restablecerán también las ayudas de acción social.
