Ceuta vive su noche de mayor tensión social
Ceuta ha protagonizado en las últimas horas los episodios de mayor tensión social desde que comenzara, a finales de julio, la mayor entrada irregular de migrantes de su historia reciente.
En un lapso de apenas dos días se han sucedido enfrentamientos entre grupos de migrantes, cargas policiales con gases lacrimógenos y disparos disuasorios, y una masiva protesta vecinal que derivó en el asalto y destrucción de parte del campamento instalado en la playa del Trampolín.
La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, visita este jueves Ceuta junto a la fiscal superior de Andalucía y la fiscal de Sala coordinadora de menores, un mes después de que la ciudad autónoma viviera la mayor entrada irregular de migrantes de su historia reciente. La visita se produce en plena reorganización del dispositivo estatal de respuesta, marcado en las últimas horas por tensiones entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de Ceuta.
A finales de julio, cerca de 60.000 personas cruzaron hacia Ceuta en un lapso de apenas unos días, en lo que se ha descrito como una de las crisis migratorias más intensas aunque también más breves registradas en Europa.
Más de 70 personas perdieron la vida en el intento, según los cadáveres recuperados de las aguas de la ciudad. La mayoría de quienes entraron regresó a Marruecos en los días siguientes, hasta el punto de que hacia el 1 de agosto ya habían vuelto unas 48.500 personas. Sin embargo, miles de personas en su mayoría de origen subsahariano y del Sahel continúan en la ciudad, ya que una sentencia del Tribunal Supremo de finales de junio estableció que quienes son interceptados nadando hacia Ceuta o Melilla no pueden ser objeto de una devolución en caliente, al no haber intentado franquear una valla u otro elemento de contención física.
Ante el deterioro de las condiciones en los asentamientos improvisados de la playa del Trampolín, el 20 de agosto comenzó el traslado de unas 1.700 personas hacia dos espacios habilitados: Loma Margarita, para las de origen subsahariano, y el área de Loma Colmenar, próxima al Tarajal, para las de origen magrebí, con la gestión de las entidades Accem y Asociación Engloba.
El malestar vecinal se enmarca en un mes de fuerte presión social tras la llegada masiva del pasado 30 de julio, en la que decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta y que dejó, según el balance del Ministerio del Interior, más de 60 fallecidos confirmados en los días posteriores al suceso.
Anoche una marcha vecinal, que había partido de la barriada de O’Donnell y recorrido el centro de la ciudad hasta la Delegación del Gobierno, reunió a miles de ceutíes que reclamaban la expulsión de los recién llegados y la dimisión de los responsables de la gestión migratoria.
Los incidentes de esta semana se producen mientras el Gobierno intenta consolidar su respuesta institucional: la reciente creación de un mando único en la ciudad, la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional y la aprobación de una partida de 25 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados. Pese a ello, la presión política sobre el Ejecutivo también crece, con llamamientos para que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso a rendir cuentas sobre la gestión de la crisis.
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