APREAN asegura que “el decretazo introduce importantes modificaciones en el régimen de las instalaciones del régimen especial (en el que se encuentran las renovables) que condicionan el derecho a la percepción de las primas establecidas en la Ley a la inscripción en un nuevo registro administrativo, con requisitos de difícil cumplimento para la mayoría de las empresas andaluzas, lo que supondrá de facto la paralización de las inversiones previstas en la comunidad y de los planes energéticos andaluces, dificultando las competencias que la Junta de Andalucía tiene en la materia”.

APREAN, al igual que otras cinco asociaciones españolas del sector de las energías renovables (la Asociación de Productores de Energías Renovables – APPA, la Asociación de empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines- ADAP, el Cluster de la Energía en Extremadura, la Asociación Eólica de Catalunya- EolicCat y la Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa –GiWatt), ha propuesto al Gobierno y al Parlamento españoles retirar el artículo 4 del RDL 6/2009 con el objetivo de que sus contenidos sean incluidos y desarrollados en un Proyecto de Ley sobre Energías Renovables, que deberá ser presentado a las Cortes generales para su debate en el último periodo de sesiones de este año.

Asimismo, las asociaciones mencionadas han pedido que se eliminen las referencias negativas que se hacen a las renovables en la introducción del RD, en la que se califica la evolución de las tecnologías del régimen especial de “riesgo, a corto plazo, de la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico”. Estas afirmaciones, a todas luces falsas, dañan el futuro desarrollo del sector de las energías renovables de forma irremediable y deben ser retiradas del articulado final del Real Decreto-Ley.



La publicación del mencionado RDL pone de manifiesto la clara contradicción entre las manifestaciones políticas y programáticas de apoyo claro y rotundo al sector de la energías renovables expresadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la sociedad española y confirmadas en ámbitos e instituciones internacionales, y las decisiones que toma el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Pre-registro, solar termoeléctrica y efecto llamada

Las asociaciones mencionadas reconocen que la mayoría de los asuntos que legisla el RDL trata de solucionar diversos problemas que afectan al sector, especialmente el déficit de tarifa. Sin embargo, no ven justificado que se utilice el procedimiento de urgencia que requiere un RDL para tratar aspectos incluidos en el controvertido Artículo 4, como son la creación de un pre-registro y otros condicionantes para el desarrollo de proyectos, que, cuando menos, han sido producto de poca reflexión y, además, en su elaboración no se ha contado con la experiencia y disposición del sector que las asociaciones firmantes representan.

En opinión de las asociaciones empresariales, el motivo esencial de crear el registro es tratar de evitar la instalación indeseada de una potencia perjudicial para el conjunto del sistema eléctrico procedente de la tecnología solar termoeléctrica.

El registro puede tener un efecto contrario al pretendido por el Ministerio, según aseguran las citadas asociaciones, ya que puede provocar un efecto llamada, que haga que a la potencia que previsiblemente se instalaría hasta finales de 2011 se sumen instalaciones no previstas en el plazo de los dos próximos años, con lo que se llegaría a duplicar la potencia previamente estimada; esto es, se podría pasar de los 1.000 MW a más de 2.500 MW con derecho a cobro de la actual tarifa. Si se quiere regular el crecimiento de esta u otras tecnologías, es algo que puede hacerse perfectamente mediante disposiciones de rango inferior al RDL.

El RDL 6/2009 puede paralizar el sector de renovables

Por otro lado, las asociaciones de renovables denuncian que algunos de los requisitos que exige el Artículo 4 del RDL 6/2009 son prácticamente imposibles de cumplir e impedirán la realización de muchos de los proyectos previstos, con la consiguiente paralización de la industria y la pérdida de puestos de trabajo.

Ha habido una mala experiencia clara en el RD 1578, que regula la actividad de la tecnología solar fotovoltaica y que ha provocado de hecho la paralización de este sector, con cierres de fábricas y deslocalización de inversiones. El nuevo RDL puede provocar el mismo efecto en el resto de las tecnologías renovables y afectar incluso a la más desarrollada, la eólica.





Colaboración para un desarrollo armonizado

APPA, ADAP, APREAN, EolicCat, GiWatt y el Cluster de la Energía en Extremadura reconocen que el crecimiento del Régimen Especial, y más concretamente el de las energías renovables con su objetivo del 20% de energía final para el año 2020, requiere de amplia reflexión e imaginación para dotarle de la adecuada regulación, por lo que rechazan que ésta se trate con la urgencia de un RDL. Al mismo tiempo, ofrecen su colaboración para trabajar en el desarrollo armonizado del sector de las energías renovables con el objetivo de que España siga ocupando el lugar de liderazgo que gracias a políticas de Estado y estables ha conseguido hasta la fecha.

En el RDL citado se legisla de forma pormenorizada sobre temas que afectan directamente al desarrollo de las energías renovables e introduce de nuevo incertidumbre sobre la posibilidad de llegar a dar cumplimiento a los objetivos marcados por la UE y su Parlamento, sobre el peso de las mencionadas energías en la generación eléctrica en España y sobre la viabilidad de las inversiones realizadas, las previsibles y el conjunto de la generación con energías renovables.

Las renovables necesitan estabilidad y seguridad jurídica

Además, la frecuente modificación de criterios por parte del Ministerio de Industria respecto a las normas que regulan el desarrollo de las energías renovables, sin contrastar con los agentes del sector y el órgano regulador, continúa caracterizando a esta forma de generación eléctrica por su debilidad jurídica e inseguridad ante cualquier proyecto de inversión y condiciona su desarrollo y peso específico dentro del mix de generación del sistema energético y eléctrico español.

El legislador en el RDL 6/2009 hace apelación de manera reiterada a la intención del Gobierno de presentar ante las Cortes Generales para su aprobación un Proyecto de Ley que contribuya a la ordenación y desarrollo de las energías renovables de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva que sobre dichas formas de energía ha sido aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo. Debe ser en esa Ley, en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria y oída la Comisión Nacional de Energía y las Comunidades Autónomas, junto con el sector afectado, donde tengan cabida aquellos cambios regulatorios que contribuyan al interés general del país.