Andalucía potencia la mediación laboral como vía para la resolución de conflictos ya judicializados
Un convenio pionero con los graduados sociales permitirá alcanzar acuerdos y aliviar de carga a los juzgados.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado, junto a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, el convenio que ha suscrito la Consejería con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales, que va a permitir impulsar la mediación laboral en conflictos que ya están judicializados. Un convenio pionero en España que pretende ofrecer una segunda oportunidad a la vía del diálogo y el acuerdo en los casos de despidos, reclamaciones de cantidad y demás conflictos laborales, y liberar así de carga de trabajo a los juzgados de lo Social, donde los asuntos se dilatan, incluso, durante años.
Nieto ha pedido “la colaboración y la confianza” de los jueces de lo Social para alcanzar “el éxito” de esta vía alternativa de resolución de conflictos. Además, ha instado a las empresas y los trabajadores cordobeses a aprovechar la experiencia de los graduados sociales en Derecho laboral para probar la mediación, una medida que ha calificado como “el proyecto estrella de este 2025”.
El consejero ha recordado que la jurisdicción Social “es una de las más saturadas, con vistas que se fijan para 2027 e incluso 2028″, de ahí la importancia de este proyecto que ha visto la luz “gracias a la perseverancia y la implicación de los graduados sociales, cuyo papel y labor tengo que destacar”. “De forma altruista se han implicado con el objeto de demostrar que hay margen para buscar una solución”, ha indicado, tras explicar que, por ley, los conflictos laborales, antes de llegar a los juzgados, tienen que pasar por el Centros de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC) para intentar alcanzar el acuerdo. Por ello, se trata de dar “una segunda oportunidad” y evitar el juicio.
La mediación es una alternativa más eficaz, rápida y satisfactoria de la controversia que se basa en el diálogo y el acuerdo entre las partes, que ahorra costes económicos y reduce los plazos, contribuyendo así a aliviar la sobrecarga de los juzgados. Por ello, el consejero de Justicia ha defendido que merece la pena explorar esta vía en el ámbito laboral de la mano de profesionales especializados en la materia, como los graduados sociales.
Para ello, la Consejería ha firmado un convenio pionero con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para poner en marcha una experiencia piloto para que los juzgados de lo Social, a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) que la Junta puso en marcha en 2021, deriven asuntos que consideren mediables y cuenten con una bolsa de graduados sociales voluntarios para que actúen como mediadores.
El Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, como el resto de los colegios provinciales y bajo la coordinación del Consejo Andaluz, creará una Comisión de Mediación encargada de nombrar a los profesionales que formarán parte de la bolsa de esta provincia y de hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas.
Los técnicos del PIMA, ubicado en la Ciudad de la Justicia, realizarán la primera sesión informativa a las partes implicadas y, si éstas aceptan intentar un acuerdo, las remitirán a los mediadores de la bolsa de graduados sociales del Colegio.
José Antonio Nieto ha destacado que esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Mediación que está desarrollando la Consejería para impulsar esta fórmula, poco explorada en España, que está contribuyendo a reducir la alta tasa de litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales andaluces, ante la negativa del Gobierno a crear nuevos órganos en la comunidad. Así, ha destacado que Andalucía ha dejado de ocupar las primeras posiciones en tasa de litigiosidad, pues en el tercer trimestre de 2024 “ya se ha situado en la quinta posición”.
En este sentido, ha destacado las medidas puestas en marcha por la Junta durante el pasado año, como la inclusión de la mediación en el sistema de Justicia Gratuita -la primera comunidad en hacerlo- o la puesta en marcha del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que ha recibido 1.600 solicitudes en toda Andalucía y ha logrado el acuerdo “en el 50% de los casos cerrados”, en un plazo medio de unos 30 días.
Sin juzgados nuevos en 2025
Nieto ha lamentado que estas medidas no se vean arropadas por el Ministerio de Justicia, “al que reclamamos 56 nuevos juzgados para 2025, pero la respuesta ha sido cero”. “Nunca se había dado una respuesta tan cicatera y dañina, con la excusa de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia“, publicada recientemente en el BOE, y que va a suponer una transformación de la actual organización de la Justicia. “La Ley no trae los presagios más favorables, porque esto es un ‘yo invito y tú pagas'”, puesto que “el Gobierno deja solas a las comunidades autónomas, con un plazo muy corto”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba ha agradecido a la Junta “la confianza depositada, con un convenio pionero en España, ya que esta jurisdicción ha sido siempre la gran olvidada”. Castro Coto ha afirmado que es necesario “que la sociedad cambie el chip” y dar una oportunidad a la mediación. Igualmente, ha pedido la colaboración del resto de operadores jurídicos para lograr este impulso: “nosotros solo actuamos como mediadores entre las partes, que se sentarán con sus respectivos representantes”.
