La CUP da por sentado que el pleno de este lunes servirá para la independencia de Cataluña
La CUP quiere que el Parlament declare la independencia pase lo que pase, de manera que el pleno previsto para el próximo lunes 9 de octubre se celebre y de él surja esa declaración a pesar de que pueda haber detenciones de dirigentes políticos o del Govern e inhabilitaciones.
En una comparecencia pública desde la cámara catalana, la diputada Mireia Boya ha exigido proclamar los resultados del referéndum del 1-O, que sea además la sindicatura electoral disuelta quien dé cuenta de dichos resultados y que sea el Parlament posteriormente quien recoja esos resultados y los haga efectivos en un pleno de declaración de la república catalana.
Para la diputada, la sindicatura electoral debe volver a constituirse para proclamar el resultado del escrutinio del referéndum, de manera que el grupo simplemente habría desaparecido “temporalmente. Boya apuesta ahora por recuperarla y darle el protagonismo que se merece después de haber vivido las “amenazas” de multa del Tribunal Constitucional (TC).
En cuanto a la declaración de independencia, la CUP dice ser consciente de que como consecuencia puede haber inhabilitaciones y detenciones por parte del Estado, pese a lo cual ha asegurado que “estamos preparados por si se da el caso” y ha garantizado que esta eventualidad “en ningún caso parará” la declaración de independencia. “Aunque haya detenciones e inhabilitaciones, no pararán el pleno”, ha garantizado.
En el caso de que esto se produzca, la diputada ha reclamado a los ciudadanos “movilización y más movilización”, y que esta nueva llamada a la manifestación vuelva a ser “masiva y autoorganizada”, como hasta ahora.
Por otro lado los dos centenares de policías nacionales que fueron desplazados a Cataluña para apaciguar los previsibles altercados callejeros que conllevaría el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y que se alojaron en la localidad barcelonesa de Pineda del Mar continúan recluidos en sus hoteles.
“No salimos a la calle a proteger edificios públicos ni a contener alborotos, estamos encerrados y tenemos prohibido salir”, explica uno de los agentes desplazados desde Madrid. “Estamos hartos y hemos pedido que nos dejen actuar contra los manifestantes que nos insultan y piden nuestra expulsión”, añade en referencia a la nota del hotel que les conminó a abandonar la población ayer por la mañana.
El departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido ha prohibido que los agentes respondan a las provocaciones que les hacen los ciudadanos que reclaman su salida y les increpan. Así se lo trasladaron los mandos que dirigen el contingente a los 200 funcionarios, a los que incluso especificaron que quedaba terminantemente prohibido sonreir. Esto último ocurrió cuando todos los agentes se encontraban en los hall de los hoteles dispuestos a abandonar el pueblo tras las presiones del Ayuntamiento y de los propios dueños del establecimiento, una estrategia que había servido horas antes para que los guardias civiles alojados en Calella salieran del municipio y fueran reubicados en residencias militares.
