La CUP quiere que el Parlament declare la independencia pase lo que pase, de manera que el pleno previsto para el próximo lunes 9 de octubre se celebre y de él surja esa declaración a pesar de que pueda haber detenciones de dirigentes políticos o del Govern e inhabilitaciones.

En una comparecencia pública desde la cámara catalana, la diputada Mireia Boya ha exigido proclamar los resultados del referéndum del 1-O, que sea además la sindicatura electoral disuelta quien dé cuenta de dichos resultados y que sea el Parlament posteriormente quien recoja esos resultados y los haga efectivos en un pleno de declaración de la república catalana.

Para la diputada, la sindicatura electoral debe volver a constituirse para proclamar el resultado del escrutinio del referéndum, de manera que el grupo simplemente habría desaparecido “temporalmente. Boya apuesta ahora por recuperarla y darle el protagonismo que se merece después de haber vivido las “amenazas” de multa del Tribunal Constitucional (TC).

En cuanto a la declaración de independencia, la CUP dice ser consciente de que como consecuencia puede haber inhabilitaciones y detenciones por parte del Estado, pese a lo cual ha asegurado que “estamos preparados por si se da el caso” y ha garantizado que esta eventualidad “en ningún caso parará” la declaración de independencia. “Aunque haya detenciones e inhabilitaciones, no pararán el pleno”, ha garantizado.

En el caso de que esto se produzca, la diputada ha reclamado a los ciudadanos “movilización y más movilización”, y que esta nueva llamada a la manifestación vuelva a ser “masiva y autoorganizada”, como hasta ahora.

Por otro lado los dos centenares de policías nacionales que fueron desplazados a Cataluña para apaciguar los previsibles altercados callejeros que conllevaría el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y que se alojaron en la localidad barcelonesa de Pineda del Mar continúan recluidos en sus hoteles.

“No salimos a la calle a proteger edificios públicos ni a contener alborotos, estamos encerrados y tenemos prohibido salir”, explica uno de los agentes desplazados desde Madrid. “Estamos hartos y hemos pedido que nos dejen actuar contra los manifestantes que nos insultan y piden nuestra expulsión”, añade en referencia a la nota del hotel que les conminó a abandonar la población ayer por la mañana.

El departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido ha prohibido que los agentes respondan a las provocaciones que les hacen los ciudadanos que reclaman su salida y les increpan. Así se lo trasladaron los mandos que dirigen el contingente a los 200 funcionarios, a los que incluso especificaron que quedaba terminantemente prohibido sonreir. Esto último ocurrió cuando todos los agentes se encontraban en los hall de los hoteles dispuestos a abandonar el pueblo tras las presiones del Ayuntamiento y de los propios dueños del establecimiento, una estrategia que había servido horas antes para que los guardias civiles alojados en Calella salieran del municipio y fueran reubicados en residencias militares.

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