En el marco de esa Red Rural Mª Felicidad Montero ha subrayado la eficacia de las ayudas gestionadas mediante los proyectos piloto destinados a potenciar la diversificación económica, la modernización de la estructura productiva, la mejora de la calidad de vida y la multifuncionalidad del medio rural, y la línea destinada a financiar
experiencias innovadoras para Comunidades Autónomas, en las que el MARM ha invertido desde 2009 un total de 16,8 millones de euros.

Dentro de esas experiencias innovadoras la Subsecretaria ha resaltado el
proyecto “Red de Mujeres Rurales y Urbanas: Un espacio para el
desarrollo económico y social”, iniciado en abril de 2010 y que finaliza
este mes de septiembre, subvencionado en un 90 por ciento por el
MARM con un presupuesto de 769.215 euros, cuyo objetivo ha sido
crear, a nivel estatal, un espacio común de intercambio de intereses
económicos y sociales para las mujeres rurales y urbanas como agentes
de desarrollo.

“Este proyecto, ha señalado Mª Felicidad Montero, en el que participan
ocho Comunidades Autónomas, tiene el importante objetivo de crear un
espacio común donde se desarrollen actividades entre las organizaciones
de mujeres de zonas rurales y de ciudad, generando sinergias y
fortaleciendo sus capacidades para mejorar la participación en los
procesos de desarrollo económico y social y alcanzar la igualdad de
oportunidades”.

En esta misma línea ha destacado los esfuerzos que desde el Gobierno
de España se han venido realizando en aras de conseguir un marco legal
adecuado para la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias,
una Ley que tiene hoy su debate final en el Pleno del Congreso de los
Diputados para su aprobación.

“El Gobierno, ha indicado la Subsecretaria, pretende con esta iniciativa legal adaptar el marco jurídico a la realidad social, rompiendo las inercias
discriminatorias que se han planteado de manera indirecta en la
aplicación y desarrollo de algunas normas de nuestro ordenamiento”.

Para lograr este objetivo Mª Felicidad Montero ha explicado que la norma
pretende ir más allá de una regulación de efectos administrativos, puesto
que trata de promover una acción positiva que logre dar visibilidad a las
mujeres y que éstas puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos
derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de
igualdad con los hombres, favoreciendo la asunción de decisiones
gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aquéllas.

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