Tras casi un día un colapso aéreo sin precedentes en España por la huelga ilegal de los controladores aéreos, el Gobierno se ha visto obligado a decretar el ‘estado de alarma’, se han cancelado 2.710 vuelos, hay pérdidas millonarias y cerca de 600.000 pasajeros se han visto afectados.

Mientras se recupera la normalidad lentamente en los aeropuertos y el espacio aéreo español sigue militarizado, se abren tres frentes para reclamar responsabilidades: la vía laboral, la judicial, y las denuncias particulares, penales y civiles, que han presentado los ciudadanos.

En lo laboral, tras ser obligados por el Ejército y la Guardia Civil a volver al trabajo, AENA ha abierto expedientes disciplinarios a los profesionales que no acudieron o abandonaron su puesto de trabajo.

Denuncias particulares

Por otro lado, los juzgados deberán dar salida a las numerosas denuncias de los viajeros afectados, que por la vía civil o penal, que buscan una compensación al daño que les ha causado esta situación.

AENA ha informado que en los últimos dos días ha recibido 5.000 reclamaciones.

Las principales organizaciones de consumidores aconsejan a los afectados que “presionen” a las compañías aéreas y exijan indemnizaciones por los gastos económicos y los daños morales.

Además, la Fiscalía de Madrid ha abierto un proceso judicial para decidir si los controladores insubordinados han incurrido en un delito y para prepara la citación de todos los implicados, que podrían declarar después del puente.

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