“Presentamos una moción con todos los argumentos que consideramos que justifican este procedimiento jurídico, en el que además vamos a solicitar no sólo defender la autonomía municipal, sino la nulidad de la Ley de Aguas y desde luego la suspensión temporal de su aplicación”, ha destacado Oña.

La regidora ha mostrado su confianza en que el resto de ayuntamientos andaluces presenten iniciativas similares, independientemente del color político, ya que es una Ley que sólo pretende recaudar más impuestos para el gobierno andaluz de forma abusiva. “Aunque supongo que los ayuntamientos socialistas olvidarán a sus administrados para no ir en contra de sus jefes de partido”.

“Esta es una Ley que encarece el agua en un 30% como mínimo y en el doble para muchas familias según las previsiones de los técnicos que han analizado la Ley de Aguas y por las que nos hemos opuesto radicalmente a la misma”, ha indicado Oña.

En este sentido, ha recordado que “no estamos a favor en ningún caso, pero mucho menos en unos momentos de crisis angustiosa con más de un millón de parados en Andalucía. Hay que ser muy insolidario, injusto e insensible para aplicar ahora esta subida, este impuesto del agua, que es tremendamente abusivo porque es para la Junta de Andalucía. Para ello, queremos recordar que nosotros compramos el agua a Mancomunidad y la Junta no interviene para nada. Compramos el agua, pasamos el precio al recibo y en función del consumos se cobra”.

“Ahora la Junta se inventa cuatro conceptos nuevos y que, en lugar de tener la valentía de cobrarlo por separado como impuesto del agua, nos obliga por Ley a que lo introduzcamos dentro de la facturación del agua que enviamos a ACOSOL, yendo una parte a ACOSOL y otra a la Junta de Andalucía. Se trata de una intromisión el obligarnos a cobrar unas cantidades de más que son para la Junta de Andalucía. Es una cobardía”, ha declarado.

Oña ha explicado que la Ley incluye varios conceptos impositivos nuevos que afectan tanto a las familias como al Ayuntamiento, empresas y entidades que hagan uso del agua: un Canon de Mejora, que obliga a pagar a todos los consumidores 1 euro al mes de forma fija y otro concepto variable en función del consumo para la Junta de Andalucía; Canon de Servicios Generales que no precisa hasta cuánto puede llegar pero que será como mínimo de 20 euros por usuario también para la Junta; y, por último, el Canon de Regulación, que no sabemos en qué consiste y de qué forma se va abonar.

A esto hay que añadirle un cuarto criterio que es la obligación a todos los ayuntamientos de adelantar el 100% de las facturas de consumo del agua de la ciudad, independientemente de que los ciudadanos lo abonen o no. “En este sentido, obliga a los ayuntamientos a introducir este endeudamiento en los presupuestos para pagarle a la Junta de Andalucía cuando son conceptos nuevos que aplica el gobierno andaluz sin que tenga nada que ver con los servicios que ofrece la Mancomunidad. Es una manera que tienen de asegurarse el cobro del 100% del impuesto del agua”.

“Por todas estas razones, vamos a plantear este procedimiento en el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía municipal a través de un conflicto de competencias. Nadie puede comprender esta intromisión y que nos obliguen a cobrar unos conceptos en la factura del agua que no son municipales, intentando hacer ver que son los ayuntamientos y no la Junta los que promueven este incremento brutal del agua. Es totalmente inaceptable”, ha concluido Oña.

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