El concejal pretende con esta moción apoyar la enmienda a la totalidad del “Proyecto de Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía”. En segundo lugar, insta al Gobierno Ejecutivo andaluz a que en el nuevo texto se atiendan las necesidades de todos los malagueños en materia de vivienda, como la falta de suelo para promover Viviendas de Protección Oficial (VPO), y las dificultades financieras de muchas familias a la hora de acceder a una vivienda. Y por último, se insta también al Presidente de la Junta de Andalucía a que promueva viviendas de promoción pública para poder atender así a las familias más desfavorecidas de la ciudad.

El concejal añade que esta Ley pretende convencer a todos los malagueños de que tienen derecho a una vivienda, cuando en realidad no se da ninguna solución a los problemas de vivienda. Por un lado, no se va a bajar el precio de la vivienda así como tampoco se articulan mecanismos para que sea más fácil promover viviendas protegidas. Tampoco se resuelven los problemas de financiación de los promotores públicos ni se soluciona el problema de los jóvenes que quieren emanciparse como asegura la ley.

Por otro lado, la Ley que ha propuesto la Junta de Andalucía, se basa en dos principios fundamentales; El esfuerzo familiar, la consideración de que una vivienda es accesible cuando el esfuerzo en el pago de la cuota de una hipoteca no excede de un tercio del salario. El segundo principio son los instrumentos del Plan Municipal de Vivienda y el Registro Municipal de Demandantes, que dejan en terreno municipal la organización de viviendas protegidas. Sin embargo, con esta Ley no se asegura el derecho a la vivienda para aquellas familias que se encuentran en una difícil situación económica, por debajo del umbral de la pobreza, y que, por tanto, difícilmente podrán afrontar los niveles de esfuerzo que plantea la Ley.

La vivienda de promoción pública es un servicio público, y debe ser esta fórmula la que se regule en esta ley, y no quedar al margen como se está haciendo en la práctica, donde la Junta de Andalucía ha ido dejando su responsabilidad en manos de los municipios. Es el caso de Málaga, donde la Junta ya no promueve viviendas de promoción pública o viviendas sociales. En los últimos años la Junta tan sólo ha promovido 36 viviendas en la ciudad de Málaga, que supone el 7.5% de la población a nivel de Andalucía.

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