La portavoz adjunta, Mariluz Reguero, señala que las posibles denuncias por parte de los colectivos vecinales por la violación de sus derechos como ciudadanos al descanso y calidad de vida que puede provocar la masiva afluencia de jóvenes a los diferentes espacios del Centro Histórico, “derivarían en un elevado desembolso económico por parte del Ayuntamiento por las indemnizaciones que se generarían, tal y como ha ocurrido en otras ciudades andaluzas”.

En este sentido, añade que existen sentencias condenatorias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta de 156.000 euros por ciudadano por similares causas.

Por otra parte, pone de relieve “la falta de previsión del PP ante los posibles incumplimientos de la ley por parte de los más de tres mil jóvenes que cada fin de semana acudían al botellódromo del Paseo de los Curas, y que ahora caen en falta por culpa de que el Ayuntamiento no ha acondicionado un espacio para ello, tal y como recoge la Ley 7/2006”.

“La decisión suprimir el botellón de manera unilateral, y sin consenso alguno, por parte del equipo de gobierno podría traer como consecuencia la saturación de los servicios jurídicos del Consistorio, que tendrían que atender las numerosas denuncias, tanto de los vecinos como las policiales que en el cumplimiento de su funciones deberían realizar”, argumenta la representante socialista.

Así, mantiene que la supresión del botellódromo “no favorece la reducción de la ingesta del alcohol por parte de los jóvenes ya que, según declaraciones del equipo de gobierno popular, los bares de copas del Centro colaborarán bajando los precios al 50 por ciento”.

Toda esta situación se podría haber evitado, según Reguero, si se hubiese creado un órgano de participación ciudadana en el ámbito municipal, “en donde hubieran estado representados los colectivos vecinales, juveniles y empresariales, entre otros, tal y como contempla la ley reguladora de actividades de ocio en espacios abiertos de 2006”.

Por último, insta al PP a reconsiderar su decisión, ya que “no sólo será un perjuicio para vecinos y jóvenes, sino que podría derivar en un caos administrativo y económico, sobre todo, en unos momentos como los de ahora tan delicados para las arcas municipales, que afrontan una deuda de una cuantía tan elevada”.

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