Se solito también que se procediera, de conformidad con lo dispuesto en el ARTICULO 177,1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía a la inscripción en el registro de la propiedad, en la forma y con los efectos dispuestos por la legislación reguladora de este, del acuerdo que se adoptara.

Y por último que se revisara de oficio y se suspendiera la licencia de primera ocupación de que dispone este obra de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 189 de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía en relación con los artículos 102 y 104 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones publicas y del Procedimiento Administrativo común.

La firmeza de la sentencia del Juzgado Contencioso administrativo número 5 de Málaga confirma que el Equipo de Gobierno del PP no recurrió una sentencia que daba razón a un recurso contra la revocación de la licencia de 1º ocupación ordenado por la Comisión Gestora y que fue presentado por Jardines de Costa. La sentencia también viene a confirmar que el PP hizo oídos sordos a la petición del Grupo Municipal Socialista el día 27 de agosto de 2007 con el objetivo de consolidar la obra.

La falta de respuesta en tiempo y forma a esta sentencia del Juzgado de lo contencioso nº 5 de Málaga, permitiendo que adquiriera firmeza, es a juicio del grupo Municipal socialista una prueba más del silencio cómplice al que nos tiene acostumbrados el PP con su peculiar “política urbanística”, de no revisión del urbanismo ilegal gilistas, una actitud que consolida la política de hechos consumados realizada por los alcaldes Jesús Gil y Gil, Julián Muñoz y Marisol Yague.

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