“Personalmente no comparto la existencia de prohibiciones, sin embargo, teniendo en cuenta el efecto devastador que la adicción al tabaco puede tener tanto física como psicológicamente en la población en general, considero digno de elogio el objetivo de las directivas y leyes anti-tabaco tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, que consiste en limitar el consumo de tabaco.

La nueva legislación anti-tabaco entró en vigor en enero de 2006. Creo que en España no se ha conseguido el efecto que sí se consiguió en otros países de la Unión Europea.

¿Por qué?

A mi juicio, la razón principal es sencillamente el miedo. No me refiero tanto al miedo que pudo tener el legislador y que dio lugar a la excepción legal que permite que se pueda fumar en determinados locales de hostelería, temiendo una reacción de los profesionales del sector; tampoco al provocado por la gran cantidad de recursos humanos y materiales que serían necesarios para un efectivo cumplimiento de la ley; me refiero al miedo sin fundamento que existe en la mente de ciertos directivos de empresa referente a lo que podría ocurrir si la empresa cumpliera la nueva normativa en su espíritu y su letra.

Desde la entrada en vigor de la nueva ley a comienzos de este año, he visitado docenas de empresas para hablar de nuestro programa dedicado a mejorar el bienestar de sus empleados. Lo que más me ha asombrado ha sido la gran cantidad de empresas que permiten que entre un 4% y 6% de su plantilla, según mis cálculos, esté permanentemente en la calle fumando.

Cuando me veo ante esta situación mi primera reacción es hablar con los fumadores y los recepcionistas para intentar averiguar si se fuma dentro de la empresa y aproximadamente cuántas veces puede uno salir para fumar. Es decir, descubrir cuáles son las reglas y si se respetan. Luego, repito las mismas preguntas a la persona responsable (normalmente dentro del departamento de RRHH). Lo que escucho a veces me suena irreal porque las respuestas oficiales son completamente distintas a las primeras respuestas obtenidas. Y a lo que yo he podido comprobar con mis propios ojos. A veces tengo la sensación de que la persona que tengo delante trabaja para otra empresa.

Por ejemplo, hace pocos días fui a visitar a una empresa mediana de ingeniería de unos 500 empleados. Al entrar al recinto de la fábrica pude ver la entrada principal del edificio donde aproximadamente unas veinte personas fumaban y charlaban. Me pareció una reunión social muy agradable. Pregunté por separado al guarda de seguridad y a la recepcionista dónde y cuándo se podía fumar en esta empresa. Los dos me contaron más o menos la misma historia. Que la gente solía fumar habitualmente tanto en el lugar previsto al efecto (en la entrada principal) como en otros 3 lugares no autorizados (en otras entradas). Además me revelaron que esporádicamente también se fuma en otros sitios no autorizados, entre otros, los cuartos de baño.

Esta situación no es inusual. Me parece que el efecto final de la aplicación de la nueva norma en ésta y en otras empresas es que la plantilla fuma lo mismo ahora que antes, pero además invierte más tiempo en ello.

Un poco más tarde, durante mi reunión con una persona del departamento de RRHH, hice las mismas preguntas. Me dijo que sólo se fuma en un sitio autorizado y que aunque no hay límite o control en cuanto al número de veces que una persona puede salir a fumar, toda la plantilla cumplía con la política y que en esta empresa no existían problemas con el tabaco.

Analicemos durante un momento la realidad de la situación.

Estamos ante una empresa con unos 500 empleados (de los cuales entre 120 y 150 son fumadores). Se observó que un promedio de unos 20-25 fumadores se encontraban permanentemente fuera de su puesto de trabajo (obviamente no se trata siempre de las mismas personas).

¿Qué significa esto de verdad para la empresa? Supongamos con un cálculo conservador que el coste promedio para la empresa y por cada empleado sea de unos 2000 euros al mes (incluyendo seguridad social). Esto se traduce en un coste de 40.000 euros al mes (2.000 euros por 20 personas), o unos 480.000 euros al año, con la consiguiente pérdida de productividad.

Ni hemos empezado a calcular otros impactos negativos. ¿Qué pasa con los no fumadores que se quedan en el puesto de trabajo que tienen que atender las llamadas del compañero que está fuera fumando – lo que crea una distracción y reduce la eficacia del no-fumador? ¿Qué pasa con la persona que sí consiguió dejar de fumar aprovechando las nuevas tendencias? La realidad es que habría que felicitarles, pero en esta empresa en particular parece ser que los que no fuman o que han dejado de fumar son los que están penalizados, mientras que son los fumadores los que reciben estas “ventajas laborales”.

Los costes adicionales asociados con empleados fumadores son importantes y están acreditados en distintos estudios técnicos tanto privados como oficiales.



Lo que efectivamente ha conseguido la política de esta y otras empresas ha sido crear un ambiente que promociona el consumo de tabaco. El mensaje es claro: si fumas, puedes pasar más tiempo alternando, y menos tiempo en tu puesto de trabajo – y además sin temor a ser sancionado.

No deja de sorprenderme el hecho de que una empresa aparentemente bien dirigida y rentable, argumente que no tiene problema. Hasta me han informado de que es un coste aceptable. Como empresario no conozco ninguna causa que justifique este despilfarro de recursos y dinero. Especialmente cuando es un problema con fácil solución, un problema que ya se ha solucionado fácilmente en muchas otras empresas.

A la vista de estos argumentos me pregunto: ¿Por qué negar la evidencia y no intentar resolver esta situación?

Creo que la respuesta es el miedo: miedo a las supuestas consecuencias negativas que podría provocar una aplicación estricta de la ley y en muchos casos el propio miedo a dejar de fumar que tiene la persona encargada de tomar la decisión.

Muchas empresas con criterio y visión de futuro han conseguido implantar con éxito una cultura que promociona la salud, donde todas las acciones están dirigidas a conseguir el bienestar de toda la plantilla y, en consecuencia, a obtener la mayor rentabilidad de la empresa, en lugar de estar basadas en miedos personales y en consecuencias imaginadas.

Estemos o no de acuerdo con la nueva ley, la intención que persigue es buena. Los directores de las empresas deberían hacer todo lo posible para implantar las medidas previstas en la misma. No sólo porque es “buena para la sociedad”, sino también porque supondrá beneficios concretos para la salud física y psíquica de los trabajadores y para la salud económica de la propia empresa.

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