EL EQUIPO DE GOBIERNO MALAGUEÑO INSTA A LA JUNTA QUE MANTENGA LA FINANCIACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA DE ROSAL CARMESÍ
Las VPP están destinadas a las familias más desfavorecidas, concretamente a las que tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Actualmente, el Instituto Municipal de la Vivienda tiene una gran demanda de este tipo de viviendas, situación que se ve agravada por el hecho que en el último Convenio en materia de vivienda suscrito con la Junta de Andalucía no se ha incluido ninguna vivienda de alquiler de Promoción Pública Directa (VPP).
El Ayuntamiento, ante la imposibilidad de atender debidamente a estas familias, ha establecido unilateralmente una serie de medidas de apoyo. Desde el Área de Bienestar Social se les ofrecen ayudas de alquiler. Por su parte, el Instituto Municipal de la vivienda ha articulado un mecanismo para recuperar las viviendas de VPP que han dejado libres familias que han mejorado su situación económica y que han pasado vivir a otras viviendas. Actualmente administra 1.834 VPP que son propiedad de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, a fecha de 1 de junio, hay una lista de solicitantes que asciende a 689 familias. Estas peticiones fluctúan cuatrimestralmente debido a las alta o bajas que se produzcan. Además, existen otras 210 familias en el programa de realojo del IMV y muchas de ellas, debido a sus ingresos, no pueden acceder a otra vivienda que no sea de promoción pública.
Se evidencia que es muy necesaria la finalización de la Promoción de Rosal Carmesí, ante la gran demanda existente para este tipo de viviendas. La construcción de la promoción ha sufrido un retraso en su ejecución. Ante esta situación la Consejería de Obras Públicas notificó el pasado 11 de julio al Ayuntamiento la resolución del convenio suscrito entre ambas administraciones para la financiación del 100% de la promoción.
La resolución del convenio de financiación obliga a la suspensión de las obras actualmente en ejecución y a esperar a obtener una nueva financiación. Este retraso supondría un grave perjuicio económico y, lo que es más importante, incrementaría el tiempo de espera de las familias que necesitan acceder a estas viviendas. Además, hay que señalar que el Ayuntamiento ha asumido en solitario los incrementos del coste de la obra que se han producido en el trascurso de su ejecución.
El Ayuntamiento recuerda que existen mecanismos legales y administrativos, regulados en el Convenio suscrito entre ambas administraciones, para resolver las incidencias en la interpretación, modificación o resolución del mismo. Desde instancias municipales se ha demandado en innumerables ocasiones la necesidad de convocar una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio, no habiendo obtenido ninguna respuesta por parte de la Delegación en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
También se establece en el Convenio que si no se llega a un acuerdo entre las partes se levantará un Acta de Desacuerdo a partir de la cual los acuerdos que adopte la Consejería de Obras Públicas, previo informes de la asesoría jurídica, serán inmediatamente ejecutivos. Sin embargo, ninguno de estos hechos se han realizado por parte de la Consejería, ya que no se sometido al IMV a propuesta de acuerdo alguno y no existe texto de Acta de Desacuerdo que permitiese a la Consejería adoptar resoluciones ejecutivas como la que ha comunicado al Ayuntamiento.
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