Además, ha informado de que el gasto no obligatorio por habitante asciende a 227,20 euros, del total de 850 euros por habitante. Estos datos se enmarcan en un estudio realizado por el Instituto de Economía de Barcelona, solicitado por la FEMP para valorar las actividades realizadas por las entidades locales cuya competencia corresponde legalmente a otra administración pública y enviarlo al Ministerio de Hacienda con vistas a estudiar medidas y fórmulas de financiación que palien la situación crítica por la que pasan los entes locales. El estudio utiliza los datos de clasificación funcional del presupuesto de gastos de una muestra de 6.292 municipios españoles, el 78% del total, que abarcan el 93% de la población total española.

El principal destino del gasto no obligatorio se distribuye de la siguiente manera:

– Seguridad y protección civil 27,0% 61,28 euros/ habitante.
– Cultura 25,0% 56,84 euros/ habitante
– Promoción social 11,8% 26,89 euros/ habitante
– Educación 9,8% 22,36 euros/ habitante
– Servicios comunitarios y sociales 6,7% 15,33 euros/ habitante
– Sanidad 4,2% 9,63 euros/ habitante
– Infraestructuras básicas y transporte 3,2% 7,37 euros/ habitante

Carolina España ha explicado que hay funciones y prestaciones en estos apartados que no son competencia de los ayuntamientos y que sin embargo se asumen.

Necesidad de trasvase de recursos a las entidades locales.- Otro de los datos señalados por la concejala muestran cómo del gasto público por niveles de gobierno (fuente: avance de la actuación presupuestaria del Estado durante 2005, IGAE) las corporaciones locales sólo gastan un 13%, las comunidades autónomas un 36,4, mientras que la administración central es del 50,6%. Carolina España ha recordado en este punto que siempre se ha estado solicitando que los porcentajes sean del 50% administración central, un 25% para autonomías y otro 25% para ayuntamientos, por lo que estamos muy lejos de esta situación que sería la óptima, ha incidido.

También ha mostrado cómo el peso del gasto local en el gasto público total de España supone tan sólo el 13,10%, mientras que en otros estados de Europa como los países nórdicos la proporción es superior, alcanzando incluso el 50%.

Carolina España asimismo se ha referido a la distribución de la presión fiscal y ha resaltado que las corporaciones locales tienen un pequeño peso situado en un 3% del PIB y que realmente los ciudadanos a las administraciones que pagan más impuestos son a la central y a la autonómica. Los ingresos fiscales de esta última ha pasado de 2,51 en 2001 a 7,84 en 2005, mientras que los de las corporaciones locales casi no se ha incrementado desde 2001.

La concejala de Economía ha explicado que el contexto político actual, centrado en las reformas estatutarias, conlleva el riesgo de dejar la reforma local en un segundo plano, y ha insistido en que el trasvase de competencias y de recursos de las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos aún no se ha producido y es necesario, ha añadido, para poder seguir ejecutando las competencias reales que están prestando las corporaciones locales.

Así, ha recordado que, con motivo de la presión de la FEMP y de las Entidades Locales en torno a esta materia, se han adoptado una serie de medidas de carácter urgente para paliar la crítica situación financiera de las corporaciones locales, como el acuerdo Gobierno-FEMP de Medidas Urgentes en Financiación Local (Julio 2005), o la VI Convención Municipal del PSOE, marzo 2006, en la que se indicó que debe haber una financiación de los gastos no obligatorios a los ayuntamientos, es decir, ni una competencia más municipal sin su correspondiente financiación y que la financiación autonómica y local vayan a un tiempo. Además, ha resaltado el decidido apoyo del PP al apostar por el municipalismo español.

Ante esto, recuerda que la Comisión Técnica de Financiación Local ya ha recibido un primer borrador elaborado por la FEMP en el que se cuantifica el peso del gasto en servicios de prestación no obligatoria en un 26,7% del gasto total y se está pendiente de establecer una metodología consensuada con el Ministerio de Hacienda para calcular todos los costes de estos servicios.

España ha incidido en que debe adoptarse un acuerdo para dotar de un fondo destinado a financiar la deuda histórica acumulada por el gasto no obligatorio efectuado por los ayuntamientos y que estas cuantías deben tenerse en cuenta por el Estado y las CC.AA. en el marco de la nueva financiación local.

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