MANIFESTACIÓN EN MADRID AVT
El consenso comenzó a resquebrajarse sin remedio en el último debate sobre el estado de la Nación, cuando Mariano Rajoy acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de «traicionar a los muertos», y se quebró definitivamente tras la aprobación en el Congreso, con el apoyo de todos los grupos excepto el popular, de una resolución que autoriza a dialogar con la banda si los terroristas dejan antes las armas.
Contra este acuerdo parlamentario y contra las hipotéticas «cesiones» que el Ejecutivo pudiera realizar ante el «chantaje» etarra recorrerán hoy las calles de la capital la AVT, las organizaciones cívicas y de víctimas que se han adherido a la iniciativa -entre ellas la vasca, Covite- y el PP prácticamente en pleno, con la asistencia de Rajoy.
los principales líderes autonómicos del partido, el ex presidente del Gobierno José María Aznar y simpatizantes llegados en una flota de autobuses -la mayor parte de los 550 que desembarcarán en Madrid con 20.000 pasajeros- fletados desde todos los puntos de España. Bajo el lema ‘Por ellos, por todos.
Negociación en mi nombre, no’, los manifestantes cubrirán los más de dos kilómetros de un recorrido que evitará las principales arterias madrileñas para centrarse en lugares simbólicos por haber sido escenario de sangrientos atentados.
La protesta, en la que la AVT y los populares esperan reunir a un millón de personas para forzar al Ejecutivo a «dar marcha atrás» en su política antiterrorista y «reconducir» el Pacto por las Libertades «que tan buenos resultados ha dado», no contará con la presencia de ningún miembro del Gobierno, dado que la iniciativa busca expresamente la rectificación de un acuerdo del Congreso impulsado por el Gabinete Zapatero, algo que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ya dejó claro ayer.
En cualquier caso, aseguró estar convencida de que la manifestación «va a transcurrir por cauces de normalidad y respeto, de manera libre y pacífica».
No asistirá por idéntica razón el Alto Comisionado para las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces-Barba -cuya dimisión reclama la AVT- y tampoco el ministro de Defensa, José Bono, que acudió a título personal a la última manifestación convocada por la asociación que preside Francisco José Alcaraz -el 22 de enero, contra las excarcelaciones de etarras- y acabó siendo agredido en unos incidentes por los que fueron detenidos dos militantes del PP.
En esta ocasión, ha dicho, prefiere no estar al lado de quienes «utilizan a las víctimas con interés partidista», una sospecha que comparten los damnificados por la violencia que se han descolgado de la marcha.
Acusaciones cruzadas
De hecho, la fractura abierta entre los dos principales partidos españoles en un asunto tan sensible como la lucha antiterrorista se ha trasladado inevitablemente a las plataformas ciudadanas y a los colectivos de víctimas, ‘tocados’ en las últimas semanas por la sombra de la división y por las acusaciones cruzadas de «manipulación» a manos de una u otra formación política.
Una situación que se arrastra desde el trauma que supuso la masacre del 11 de marzo. «Con el cambio de Gobierno en Madrid se vino abajo esa ficción de que las víctimas del terrorismo eran un todo monolítico y ahora ha aflorado la realidad: que son plurales y diversas y que la división entre los partidos les afecta», analiza Txema Urkijo, director de Derechos Humanos del Gobierno vasco en funciones, que sostiene sin ambages que la manifestación de esta tarde está «inspirada por el PP» y tiene todos los visos de convertirse en la gran protesta «de la derecha» contra el Gobierno socialista.
Urkijo añade otra crítica, generalizada entre las víctimas que prefieren dar un margen de confianza al Ejecutivo del PSOE y que creen que el PP «se aprovecha del dolor de las víctimas» para «desgastar» a Zapatero: que se trata de una marcha «preventiva» porque clama contra una negociación que ni se ha producido todavía ni se producirá, según los socialistas, a menos que la banda anuncie su disolución.
El mismo razonamiento que esgrimen las asociaciones autonómicas de víctimas escindidas de la AVT -la andaluza, la gallega, la valenciana y la catalana- que mantienen una muy tensa relación con la agrupación de Alcaraz.
La AVT esgrime su representatividad y su carácter mayoritario -más del 90% de las víctimas del terrorismo en España- para defenderse de las críticas y niega tajantemente que esté «politizada» ni «controlada» por el PP. De hecho, sostiene su presidente, se manifestarían de igual modo si los populares hubiesen apoyado también la polémica resolución del Congreso.
Según dice, sólo pretenden que se visualice de forma gráfica en la calle la necesidad de recuperar el espíritu del Pacto Antiterrorista y la desconfianza que debe inspirar una banda «que siempre ha utilizado las treguas para rearmarse y seguir atacando». La misma motivación que mueve a Covite, el Foro Ermua, Basta Ya, Convivencia Cívica Catalana, o las Fundaciones Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez a sumarse a la marcha.
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