El Consejo de Gobierno reclama al Ejecutivo central medidas legales urgentes para paliar los daños causados en Almería, Granada, Huelva y Sevilla entre finales de julio y agosto.

Richard O’Neill · Redacción Malagaes.com · Málaga, 1 de septiembre de 2026

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó este lunes instar al Gobierno de España a declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a 31 municipios andaluces golpeados por los grandes incendios forestales de finales de julio y por la serie de terremotos registrada en la provincia de Granada entre esas fechas y el mes de agosto. La Junta reclama además que el Ejecutivo central adopte con carácter urgente, dentro de sus competencias, las medidas legales necesarias para paliar los daños causados por ambos episodios.

Municipios que quedaron fuera de la declaración de julio

La petición afecta a localidades que no se incluyeron en el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2026, que declaró 211 zonas afectadas en 14 comunidades autónomas. Aquella primera declaración recogía algunos incendios andaluces anteriores, pero dejó fuera tanto los grandes incendios de finales de julio como toda la serie sísmica granadina, que son precisamente los 31 municipios que ahora se pide incorporar al nuevo acuerdo.

De ellos, 15 corresponden a localidades afectadas por incendios forestales: en Almería, Las Tres Villas y Nacimiento; en Granada, Lecrín; en Huelva, Berrocal, El Campillo, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Lepe, Niebla, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real; y en Sevilla, Aznalcóllar. Los otros 16 pertenecen a la provincia de Granada y están incluidos por la serie sísmica: Alhendín, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Gójar, Granada capital, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil y Villa de Otura.

Qué permitiría la declaración

Los incendios y los terremotos han provocado daños materiales —en viviendas, infraestructuras, equipamientos y servicios públicos— y también personales, lo que a juicio de la Junta justifica solicitar al Gobierno de España tanto la declaración como la adopción de medidas para atender sus consecuencias. La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que esta declaración corresponde al Consejo de Ministros y puede solicitarla la administración interesada, valorándose los daños que perturben gravemente las condiciones de vida de la población o la paralización de servicios esenciales.

De aprobarse, la declaración permitiría al Consejo de Ministros activar ayudas económicas a particulares por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, compensaciones a los ayuntamientos por gastos inaplazables, ayudas a establecimientos industriales, comerciales y de servicios, y subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial. También contempla ayudas por pérdidas agrícolas, ganaderas y forestales, líneas de avales y préstamos preferenciales, y la posibilidad de adoptar medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Al margen de esta petición al Gobierno central, la Junta de Andalucía prevé activar por su parte las ayudas contempladas en el Decreto 277/2023, que regula el apoyo a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos, emergencias de protección civil y catástrofes públicas, con el objetivo de reparar los daños y recuperar cuanto antes la normalidad en las zonas afectadas.

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