El Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (CPCUA), máximo órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, en el que se integran ADICAE-Andalucía, la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, AL-ANDALUS, y la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción FACUA-Andalucía, ha emitido su posicionamiento sobre el borrador de presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía respecto a las políticas de protección a las personas consumidoras y usuarias.

Las políticas de protección de los consumidores deberían ser capaces de poner freno a los abusos y a la desprotección y cumplir el compromiso con la ciudadanía de intervenir en el mercado y equilibrarlo en beneficio de los más débiles. En este sentido, el programa de Consumo representa en el montante total del presupuesto andaluz el 0,0383% del total. Nunca en los últimos 16 años tuvo tan escasa incidencia y representó tan poco. El programa específico de consumo, el programa 4.4.H, presenta una dotación presupuestaria para el año 2020 de 14.003.260 euros, lo que supone un irrisorio aumento del 0,08%, insuficiente teniendo en cuenta la caída de más del 8% de los últimos 3 años. El Consejo considera que estas cifras no permitirán desarrollar políticas públicas de protección de los consumidores que atiendan las necesidades actuales de la población andaluza ni se mejorará la protección de las personas consumidoras.

En estos presupuestos de 2020 se puede detectar una bajada en gran parte de las partidas que componen los presupuestos de consumo. Resulta totalmente inaceptable el recorte para las labores de control e inspección de la Junta de Andalucía, que tras la experiencia negativa que llevamos arrastrando los últimos años donde los casos de las clínicas iDental, el caso Magrudis o los abusos constantes de la banca, como la cláusula suelo, cláusulas abusivas en los contratos o los gastos hipotecarios, hacen que la alarma sea mayor.

La dotación para las administraciones locales es realmente ridícula, siendo una media de 270 euros a cada uno de los 786 municipios de nuestra comunidad, que con dicha partida deben potenciar la entrada en vigor del nuevo Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa y con ello mejorar e impulsar en los municipios la protección de las personas consumidoras.

Incluso en este sentido, el Defensor del Pueblo ha abordado la precariedad de la Administración de consumo y ha alertado sobre la necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los servicios de consumo, ya que se ven desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones (Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 14/4486 dirigida a Consejería de Salud, Dirección General de Consumo).

Con estos presupuestos queda latente la contrariedad de este Gobierno, ya que en la memoria de la Consejería de Salud y Familias aparece la siguiente referencia: “…la posición de desequilibrio que se establece entre los sectores suministradores de productos y servicios o servicios y las personas consumidoras, hacen necesarias políticas activas para aminorar el desequilibrio.” y después dicha afirmación queda olvidada en los presupuestos.

El CPCUA cree que estos presupuestos comprometen la protección de las personas consumidoras y usuarias, sin atender los requerimientos y recomendaciones que instituciones, como el Defensor del Pueblo, vienen haciendo al gobierno en este ámbito. Unas partidas que vienen a debilitar la posición del movimiento asociativo de consumidores, dificultan de forma clara la posibilidad de la ciudadanía para hacer frente a los abusos que se cometen en el mercado y no ayudarán a la reducción de las desigualdades y a un mayor empoderamiento de las economías domésticas.