En la Cámara de Comercio de EEUU en España también participan como socios empresas españolas con intereses en EEUU y grandes despachos de abogados están ofreciendo asesoría legal para poder activar cambios rápidos de sede. La Ley de Sociedades Anónimas reformada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, faculta cambios de domicilio social con el simple acuerdo del consejo de administración, sin necesidad de esperar a convocatorias de juntas de accionistas, según recuerda Malet.

El presidente de esta asociación jamás habla sin la aprobación de su junta directiva y está trasladando un mensaje de honda preocupación entre sus asociados y la advertencia clara de cambio de sede no sólo en caso de declaración unilateral de independencia, sino de intentos de la Generalitat de imponer una legalidad distinta de la del Estado. “Las empresas no aceptarían pagar el Impuesto de Sociedades a la Agencia Tributaria Catalana”, pone como ejemplo.

El propio declaró también ayer al programa televisivo Espejo Público que el intento de cobrar impuestos al margen del Estado «sería una línea roja» para sus asociados.

Hasta el 1 de octubre, tanto el Gobierno como la oposición constitucionalista desgranarán todos sus argumentos para convencer a quienes dudan si participar en el referéndum secesionista ilegal de que desistan de hacerlo. El presidente Mariano Rajoy ha incorporado este martes a su argumentario en ese sentido la acción financiera del Estado en Cataluña para evitar su quiebra. Los independentistas le replicaron que nada les parará, porque “el 80% de los catalanes quiere votar”.