El sindicato CSIF Málaga ha iniciado una ronda de reuniones en los últimos días con los candidatos al Congreso y Senado por Málaga de las distintas organizaciones políticas, en las que ha manifestado su preocupación por la situación de abandono que padece el colectivo de funcionarios de prisiones.

El presidente de CSIF Málaga, Juan Carlos Pedrosa, y la responsable del sector de Administración General del Estado del sindicato, Belén Romero, acompañados por los delegados sindicales en la Administración penitenciaria en Málaga Óscar Álvarez, José Francisco Muela y Francisco Javier Hernández, han trasladado ya a Ángel González, del PP, e Irene Rivera, de Cs, las numerosas promesas incumplidas al colectivo de funcionarios de prisiones.

El sindicato ha solicitado estas reuniones también con los candidatos de PSOE, Unidas Podemos y Vox en Málaga, que espera que se concreten en los próximos días.

Entre las reivindicaciones del colectivo, CSIF ha recordado en una nota de prensa la necesaria equiparación salarial, que requiere que se destine un mínimo de 123 millones de euros en el período 2019-2020; la subida de dos niveles; la adecuación de las categorías profesionales; el reconocimiento por ley de Agentes de Autoridad; la dotación suficiente de los medios necesarios; la formación continua y presencial; y la cobertura, mediante oferta de empleo, de las más de 3.500 vacantes actuales en el sector a nivel nacional.

Estas reivindicaciones, que son parte de las tareas pendientes del actual Gobierno, son “fundamentales” para atajar la sobrecarga que soportan estos profesionales, así como el preocupante problema que son las agresiones a los funcionarios penitenciarios.

CSIF ha valorado los encuentros mantenidos hasta ahora y confía en que esta situación se desbloquee cuanto antes para dar solución a los numerosos problemas que arrastra el colectivo.

Finalmente, los delegados de CSIF han insistido en las distintas reuniones en el gran problema que sufre la institución y el conflicto abierto hace más de dos años.

A juicio de este sindicato se trata de un problema que está enquistado y que, pese a la Administración no ha querido resolverlo hasta ahora, tendrá que afrontarlo y aportar una solución. A este respecto, CSIF ha asegurado que no dejará de reclamar una solución, que, en parte, apunta a una reforma de la obsoleta Ley Penitenciaria, del año 1979.