Esta exigencia de la segunda asociación judicial más representativa llega después de que El Confidencial haya publicado este martes el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, explicaba las razones del cese. Y además llega en medio de la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M y el presunto delito de prevaricación que podría haber cometido el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al autorizarla.

En su comunicado, la AJFV considera “inaceptable” que un Estado democrático permita a un ministro de Interior “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”. Entienden que se trata de una sanción contra Pérez de los Cobos, a pesar de que el ministro del interior hubiera hablado en un primer momento de “pérdida de confianza” para justificar el cese.

En este sentido, añaden que el cese es todavía más reprochable en el caso de Marlaska “por su condición de magistrado”, algo que le hace ser “perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales”, tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento.

“Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así”, apuntan desde la AJFV, indicando que nadie mejor que Grande-Marlaska era conocedor “de la gravedad de lo que estaba exigiendo su ministerio al coronel Pérez de los Cobos”.

Además, denuncian que el cese supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes” y es reflejo de un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar”. “Lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial”, concluyen.

La semana pasada la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explicara “los motivos de la afirmada pérdida de confianza” sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y le conminaba a restituir al coronel en su puesto “hasta que finalice la instrucción” que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 51.

FJI: “ESTO ES MUY GRAVE”

En el mismo sentido que la AJFV se ha posicionado el Foro Judicial Independiente (FJI), desde donde apuntan que una persona ajena a la investigación “no se puede interesar por las actuaciones” por mucho que sea el superior de esos guardias civiles, tal y como apuntan que refleja la carta de cese de Pérez de los Cobos.

Así, han calificado la razón del cese de “absurda excusa” y han recordado a Interior que en España existe la separación de poderes y que además hay reserva sobre esas actuaciones. “Esto es muy grave”, han indicado la portavoz del FJI, Concepción Rodríguez, para luego insistir en que no entiende cómo ha podido ocurrir máxime cuando el ministro es magistrado y conoce por tanto la norma sobre Policía Judicial.

Además, desde este foro judicial indican en un comunicado que Grande-Marlaska “ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias”. Y advierten de que lo acaecido “puede dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte”.

Por otro lado, añaden que dado que el ministro del Interior es juez, tanto el cese como las diferentes declaraciones manifestadas por él “no solo le dejan en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial”.

Al hilo, recuerdan una de sus reivindicaciones que pasa por que “se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial”.

“Los hechos que hemos conocido hoy son una muestra más de la necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados”, inciden.

Desde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) apuntan que independientemente de que se esclarezca la razón del cese, a Pérez de los Cobos no le incumbe el deber de reserva de las actuaciones ni está sujeto a la garantía de inamovilidad que recoge la ley sobre al respecto, puesto que no formaba parte de esa unidad de Policía Judicial.

INFIDELIDAD DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

En este sentido, considera que en caso de que se demostrara, podría encajar en un delito de infidelidad de custodia de documentos públicos recogido en el artículo 415 del Código Penal. Este artículo reza que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Asimismo, Frago señala que también podría haber relación con el 417 de Código Penal en grado de tentativa puesto que Interior no tuvo conocimiento del informe finalmente. Este artículo señala que en caso de que de la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, “la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años”.

Desde APIF recalcan además que se podría haber utilizado la figura de autoría mediata para conocer el contenido de las investigaciones de la Guardia Civil, y opinan que la responsabilidad puede recaer sobre el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y también sobre la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

APIF no ha sido la única asociación de fiscales que se ha pronunciado al respecto, ya la semana pasada, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) lanzó un comunicado en el que denunciaba la “intromisión ilegítima” del Gobierno en el cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y alertaba del “inquietante precedente” que supone este “ataque a la independencia de criterio e imparcialidad” de la Benemérita.