Málaga es la provincia con más positivos por coronavirus de Andalucía

La provincia de Málaga es la que contabiliza por el momento más casos de Covid-19 de toda Andalucía, con 126 positivos, dos brotes en fase de control y dos en fase de investigación, seguida de Granada, con 123 casos y nueve de los 16 brotes detectados en toda la comunidad autónoma.

Andalucía registra 16 brotes de coronavirus Covid-19 activos, once en fase de control y cinco en fase de investigación, en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz y Almería, con un total de 298 casos confirmados con 18 nuevos positivos en 24 horas tras pasar a la fase de superación a un brote con 16 afectados en el distrito Granada, según ha informado este sábado la Consejería de Salud y Familias, que ha precisado que no se ha producido ningún nuevo brote en las últimas horas.

En la provincia de Málaga se han detectado en las últimas horas 11 nuevos positivos, por lo que suma un total de 3.010 afectados por coronavirus y hay ocho hospitalizaciones, aunque ninguna ha requerido ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El brote detectado en el distrito Málaga-Gualhorce suma cuatro nuevos contagiados alcanzando los nueve afectados y se encuentra en fase de investigación.

Por otro lado, ha pasado de la fase de investigación a la de control el detectado en Ronda (Málaga), con un solo confirmado vinculado a un residente fallecido en un centro de mayores del municipio.

Permanecen también en fase de control los brotes de la Axarquía, con siete contagiados, y el de Málaga capital, con 109 infectados en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja, que suma la mayoría de los casos registrados en la provincia.

Andalucía no suma este sábado ningún fallecido por Covid-19 en una jornada en la que registra seis nuevos hospitalizados, con dos nuevos ingresos en UCI, y con un repunte diario en la cifra de casos confirmados por PCR con 62, después de que el viernes sumara 49.

La UE activa el proceso para reabrir su frontera exterior este miércoles a solo 15 países

La Unión Europea (UE) abrirá sus fronteras para los ciudadanos de otros países el próximo miércoles día 1 de julio. Aún quedan por cerrar algunos detalles, pero está previsto que la negociación se cierre este lunes. 

Han activado el procedimiento para adoptar formalmente la lista inicial de apenas una quincena de países terceros a los que abrirá su frontera ya este miércoles, 1 de julio, tras tres meses cerrada al exterior para contener la propagación del virus; un grupo en el que están Marruecos y China, pero no Estados Unidos, Cuba, Brasil o Rusia.

Los 27 tienen hasta el martes al mediodía para aprobar o tumbar la lista de quince países que sus embajadores negociaron hasta el viernes pasado, pero ante la que algunas capitales mantenían reservas, razón por la que las negociaciones han continuado durante el fin de semana.

La presidencia de turno de la Unión Europea, que hasta este martes ocupa Croacia, ha lanzado el procedimiento escrito necesario para confirmar el acuerdo, un paso formal necesario ya que durante la pandemia no está siendo posible reunir a los Estados miembro de manera presencial para cerrar acuerdos.

La lista de países cuyos nacionales serán los primeros en entrar en la UE incluye a Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China, según las fuentes consultadas, que, precisan, en el caso de China el levantamiento del veto estará sujeto a reciprocidad.

La Policía Nacional mantendrá dispositivo de vigilancia en el centro de Cruz Roja con nueve casos

El Cuerpo Nacional de Policía en Málaga mantendrá un dispositivo de vigilancia perimetral alrededor del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Málaga, instalaciones dependientes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y que son gestionadas por Cruz Roja, donde se han detectado nueve casos de coronavirus.

El dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía se mantendrá las 24 horas durante la vigencia de las medidas establecidas por la Junta de Andalucía tras la detección de los casos positivos por COVID-19 diagnosticados.

La Consejería de Salud y Familias informó de que durante este pasado martes se ha notificado un clúster en Málaga, estando relacionados con el mismo nueve casos positivos diagnosticados por PCR. Un clúster es una agrupación de casos que se dan en un mismo lugar y tiempo determinado.

El caso afecta al citado centro y el número de contactos estrechos en estudio asciende a 100, estando estos en seguimiento activo. Por otro lado, el centro ha sido sectorizado y se han suspendido las salidas y entradas de usuarios; igualmente se han tomado muestras para confirmación por laboratorio a todos los residentes y trabajadores. El primer caso del clúster dio positivo el domingo 21 de junio, realizándose estas actuaciones en menos de 48 horas.

Las instalaciones del CAED de Málaga cuentan con una capacidad para 230 personas, 60 especialmente diseñadas para familias con menores. Este servicio tiene por objeto articular un sistema de primera acogida de emergencia de carácter estructural y permanente que permita la cobertura de las necesidades básicas de las personas migrantes en casos de llegadas a las costas para garantizar una atención digna.

Los Centros de Acogida de Emergencia y Derivación son una iniciativa del Gobierno que se activa en casos de llegadas numerosas o de sobreocupación de los recursos habituales para garantizar una atención digna a los inmigrantes.

Finaliza el estado de alarma en España, vuelve la libre movilidad y el turismo extranjero se extiende a todo el territorio

Todas las comunidades menos Galicia, Cataluña, País Vasco y Cantabria, que anticiparon este paso a lo largo de la semana, darán el gran salto a la nueva cotidianeidad impuesta por una pandemia que todavía no ha finalizado tras 98 días de confinamiento y aislamiento social que han supuesto la paralización abrupta de la economía y las costumbres diarias de millones de personas.

La posibilidad de viajar por todo el país y la llegada de turistas extranjeros por la apertura de las fronteras europeas del espacio Schengen este domingo ha llevado a las autoridades a insistir en sus advertencias sobre la necesidad de mantener la precaución para acabar con la epidemia y evitar rebrotes, cuando el país ha sufrido ya 28.322 fallecidos por el COVID-19 y 245.938 contagios.

Serán ahora las Administraciones regionales las que vayan modulando las restricciones y recomendaciones sanitarias que ahora son de su competencia, que se pueden resumir en el mantenimiento de la distancia social de 1,5 metros y el uso de mascarillas en todos los espacios públicos y comunes en los que no es posible mantenerla, como el comercios, entre muchos otros.

Precisamente, por ello, en Cataluña, que ha estrenado la «nueva normalidad» en la víspera de su generalización, las autoridades sanitarias vigilan al colectivo de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años después de que en los últimos 14 días hayan detectado un incremento de casos positivos en este tramo de la población.

Los catalanes han comenzado a disfrutar este sábado del primer fin de semana con libertad de movimientos, lo que ha propiciado que muchos ciudadanos aprovecharan para ir a la montaña o a las playas de la Costa Brava y la Costa Dorada, aunque no se han originado retenciones de tráfico importantes.

Otros territorios que se han adelantado son Cantabria, que mantiene las medidas de control y seguridad para proteger a los usuarios de las residencias de mayores, y el País Vasco, que se prepara para la apertura mañana de la frontera con Francia, con avisos a la población para que acudan al país vecino respetando la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla.

La Comunidad de Madrid, la más afectada por la enfermedad, pasará a la nueva situación con restricciones reforzadas respecto a otros territorios: el aforo en espacios cerrados será por norma general del 60 % desde el domingo al 5 de julio, mientras que a partir del 6 de julio el aforo será del 75 %, el más usual.

Ese es el porcentaje que el gobierno riojano ha anunciado este sábado para el aforo, hasta un máximo de mil personas, en los eventos con público, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

Reapertura de los aeropuertos

Los aeropuertos de la red de Aena recibirán mañana cien vuelos en el que será el primer día de apertura de las fronteras con el espacio Schengen -que agrupa a países europeos en algunos casos pertenecientes a la Unión Europea (UE)-, a excepción de Portugal, cuyas fronteras con España abrirán el 1 de julio.

Los aeropuertos españoles prevén recibir 100 vuelos del espacio Schengen hoy domingo

Los viajeros deberán rellenar un documento con los datos de localización y con información sobre si han pasado la enfermedad de la COVID-19. Además, deberán pasar un control de temperatura y otro visual. Si el pasajero no supera uno de los tres controles «será examinado por un médico». «A partir de ahí, en función del diagnóstico, será derivado a los servicios asistenciales de la comunidad autónomas», han explicado los ministros ante los medios.

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También podrán regresar, en igualdad de condiciones que los viajeros ‘Schengen’, los procedentes del Reino Unido, según ha anunciado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista en la BBC.

En la actualidad, las llegadas que recibe España son de terceros países procedentes de una lista limitada y los vuelos están justificados a situaciones como expatriaciones, por motivos de trabajo o de residencia.

Para garantizar que los aeropuertos españoles sean una puerta de acceso segura, a partir de mañana los viajeros que lleguen a España tendrán que pasar tres filtros de seguridad: declaraciones responsables, un filtro de temperatura y otro visual.

Si algún visitante no los supera, el viajero pasará a ser atendido por un médico de Sanidad Exterior que, según el diagnóstico, podrá derivar al paciente al servicio sanitario español.

El primer día laborable supondrá la vuelta de la actividad de ferias y congresos profesionales, mientras que en el caso de los toros se extenderá la regulación de aforo de las comunidades, que establecen porcentajes máximos de aforo de entre un 50 y un 75 %.

Diez Negritos concierto en streaming directo a beneficio de Fundación Cudeca Cuidados del Cáncer

Los conciertos en directo durante este tiempo que estamos viviendo no pueden aun celebrarse con las medidas de seguridad necesarias, por eso las nuevas tecnologías están contribuyendo a la continuidad de estos y de la cultura en general, los conciertos en streaming se están haciendo un hueco en el actual panorama y son una opción para la industria musical, muy mermada en estos meses.

El próximo 27 de junio a las 23:00h el grupo malagueño Diez Negritos ofrecerá un Concierto Solidario en streaming a beneficio de la Fundación Cudeca.  El concierto se podrá visualizar en riguroso directo a través de una plataforma digital y la realización se hará con una unidad móvil con cámaras 4K que aportará la empresa malagueña Visuales 2000.

Tras el concierto habría ademas un encuentro digital con la banda en la que los que asistentes al concierto podrán hablar con el grupo, hacerles preguntas etc.

El grupo interpretará temas de sus dos últimos discos y además presentará dos temas nuevos, Diez Negritos lo forman Jorge López y Eduardo Martín y contarán con sus músicos Enrique Gómez al bajo y Jacobo Aguilar, guitarra eléctrica. Además en esta ocasión contarán con la participación de Barbará Pereda cantante y Yura Quintero percusión.

Las entradas están ya a la venta en el canal www.woutick.com tiene un coste de 4 euros la entrada normal y 5 euros la entrada premium con acceso a la zona de entrevistas etc.

El 50% de las entradas es integro para la Fundación Cudeca.

(Gastos de gestión 1 euro en ambas entradas) https://www.woutick.es/evento/1090/entradas-diez-negritos-concierto-streaming?place=550&date=27-06-2020&time=23:00

FUNDACIÓN CUDECA es una organización sin ánimo de lucro que ofrece atención médica profesional a pacientes con cáncer u otras enfermedades avanzadas, así como apoyo a sus familias. CUDECA trata a través de la filosofía de los cuidados paliativos, un campo en el que cuenta con una gran experiencia y competencia, y desde el que ofrece su forma especial de cuidar. CUDECA no sólo trata la enfermedad física, sino también el aspecto psicológico, social y espiritual de la enfermedad.

En 2019, CUDECA atendió a 1.490 personas y ofreció apoyo a más de 2.200 familiares. Desde 1992, más de 17.000 pacientes ya han sido atendidos por los Programas Multidisciplinares de CUDECA: atención domiciliaria, centro de día y rehabilitación, unidad de hospitalización, programa psicosocial, asesoramiento y consulta externa.

Los cuidados  de CUDECA son totalmente gratuitos. CUDECA trabaja conforme a su idea de dignidad al final de la vida. Su actividad se inició en 1992 gracias al trabajo y dedicación de Joan Hunt, nacida en Inglaterra y residente en la Costa del Sol. Después de la muerte de su marido por cáncer, decidió dedicar su vida a ayudar a otros que se encontrasen en la misma situación. Para ello, fundó CUDECA.

El equipo CUDECA sabe que no puede añadir más días a la vida, pero con sus cuidados, puede añadir vida a los días. Para seguir cuidando, CUDECA necesita contar con la ayuda de muchos donantes y colaboradores, así como con el trabajo de los voluntarios.

El Gobierno de España aprueba hoy martes los 16.000 millones para las CCAA, con un primer reparto de 9.000 millones para Sanidad

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes el reparto de 16.000 millones de euros entre las Comunidades Autónomas no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus, con un primer fondo de 9.000 millones dedicado a cubrir el gasto sanitario.

El Ministerio de Hacienda ha tratado con las autonomías el reparto de este fondo y ha cambiado su distribución desde la primera propuesta que hizo precisamente a raíz de las conversaciones con los consejeros. La mayoría asegura que no está conforme del todo con el resultado lo que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la prueba de que el reparto «ha sido justo».

Uno de los debates suscitado entre las Comunidades ha sido el peso de la población como criterio de reparto del fondo para gasto sanitario, reivindicado por las autonomías más pobladas como la Valenciana. Hacienda planteó desde el principio este fondo como una manera de ayudar a los territorios más afectados por el coronavirus, por lo que los criterios de reparto no son los del sistema de financiación autonómica sino que los gastos sanitarios por UCIs, PCR realizadas y hospitalización pesan más.

Con el cambio anunciado la semana pasada, estos criterios siguen siendo los más importantes pero el de la población ha pasado a ser algo mayor, lo que ha suavizado las protestas de gobiernos como el andaluz o el gallego al menos en este aspecto. Mañana en cualquier caso se conocerán los porcentajes definitivos.

Inicialmente, el Gobierno planteó un fondo de 10.000 millones para gasto sanitario, otro de mil millones para asuntos sociales y 5.000 millones más para compensar la caída de ingresos. Finalmente, 9.000 millones se destinarán a esos gastos sanitarios, otros 2.000 millones se destinarán a un fondo de educación y se mantendrá el tercer paquete para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.

GASTO SANITARIO, 9.000 MILLONES

En cuanto al fondo para Sanidad, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35 por ciento, cuando en la propuesta inicial era el 20. Este primer tramo se pagará en julio. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40 por ciento al 45 por ciento. El resto en ambos casos serán criterios sanitarios y este martes se conocerá su porcentaje definitivo tras el Consejo de Ministros de Ministros.

El fondo para educación será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial. Fuentes autonómicas han explicado que la población de 0-16 años pesará el 80% y el 20 por ciento restante, la de 16 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre y desde el Gobierno no se han precisado más criterios de reparto, salvo que responde a la necesidad de reforzar los centros educativos ante el nuevo curso para afrontarlo con seguridad.

En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final el reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.

España adelanta la apertura de fronteras europeas al 21 de Junio

MÁLAGA 15.06.2020 – 09:25H

España afronta la última semana en estado de alarma, con Galicia ya fuera a partir de este lunes, y se prepara para la libre circulación entre comunidades autónomas el próximo 21 de junio, fecha a la que se adelanta también la apertura de fronteras con los países del espacio Schengen.

Además, a partir del 1 de julio se abrirán «escalonadamente las fronteras con terceros países de fuera de Schengen», pero solo los incluidos en una lista después de haber cumplido «tres requisitos»: una situación epidemiológica «análoga o mejor», asumir «ciertas condiciones sanitarias en origen, trayecto y destino», y «actuar con reciprocidad», aceptando también el ingreso de viajeros procedentes de la UE.

Esta última Conferencia de Presidentes por vía telemática se produce justo cuando se cumplen tres meses desde el inicio del estado de alarma en España, el pasado 14 de marzo. Este lunes alrededor del 70% de la población inicia ya la fase 3 de la desescalada y Galicia inaugura la nueva normalidad, convirtiéndose en la primera autonomía que abandona el estado de alarma.

ABRIR FRONTERAS TRAS LA EVOLUCIÓN FAVORABLE DEL COVID-19

Ayer domingo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha argumentado que esta decisión sobre las fronteras se adopta ante la evolución favorable de la pandemia, por lo que a partir del 21 de junio, se levantarán los controles fronterizos de todos los países del tratado de Schengen y en España también se levantará la cuarentena de catorce días que se había establecido para todas las personas que llegaran a España de fuera.

La decisión anunciada por Pedro Sánchez supone adelantar 10 días la apertura prevista de las fronteras para el primero de julio. Este adelanto se une al proyecto piloto que comenzará el próximo lunes en Baleares, donde está previsto que lleguen unos 11.000 turistas alemanes.

«Queremos que nuestro país, que ya es reconocido como destino turístico de calidad, sea también reconocido como destino turístico de seguridad. Seguridad en las calles y seguridad sanitaria», ha destacado el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

EXCEPCIÓN CON PORTUGAL

No obstante, habrá una excepción, la de Portugal, que ha pedido que sus fronteras con España no se abran hasta el uno de julio. El jefe del Ejecutivo ha explicado que, como consecuencia de la «estrecha» relación con el vecino portugués, han acordado «celebrar un acto muy especial y emotivo de reapertura de fronteras entre los dos países» el próximo 1 de julio.

El número de migrantes que intenta llegar a Europa aumenta en mayo con la relajación del cierre por el coronavirus

La agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex, ha constatado 4.300 cruces fronterizos no autorizados en las principales rutas de migración de Europa a lo largo del pasado mes de mayo, tres veces más que las cifras registradas en abril, durante el apogeo en el continente de la pandemia de coronavirus que obligó al cierre total de los países de la UE.

En abril, las cifras habían caído a un mínimo histórico como resultado de la pandemia de coronavirus, y también fueron ligeramente más bajas en general en los primeros cinco meses del año en comparación con el año pasado, de acuerdo con las estimaciones de la Frontex.

La agencia, según ha hecho saber en un balance recogido este domingo por los medios del grupo alemán de comunicación Funke, ha registrado un total de 31.600 cruces fronterizos ilegales entre enero y mayo, un 6 por ciento menos que en el mismo período del año pasado.

La ruta del mar Mediterráneo oriental, desde Turquía y Grecia, ha sido la ruta de migración más transitada hacia Europa, según Frontex. De enero a mayo, se registraron 12.700 casos, un 28% menos que el año pasado. La mayoría de las personas provenían de Afganistán.

Otros 3.700 refugiados cruzaron el Mediterráneo occidental, desde Marruecos hasta España, en los primeros cinco meses del año, lo que representa menos de la mitad del número registrado en el mismo período del año pasado.

En otras rutas, las cifras de los primeros cinco meses de 2020 fueron más altas que el año pasado: se han registrado más de 6.900 cruces fronterizos ilegales en la ruta terrestre de los Balcanes Occidentales, un aumento del 50 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

En la ruta a través del Mediterráneo central, desde Libia y Túnez hasta Italia y Malta, Frontex ha registrado 5.500 casos, casi tres veces más que en el mismo período en 2019.

El zoco de Muelle Uno de Málaga volverá a celebrarse a partir del próximo domingo 14 de junio con nuevas medidas de higiene para garantizar la seguridad de todos

Después del obligado parón provocado por la crisis del coronavirus, y encontrándose actualmente la ciudad de Málaga en plena Fase 3 de la desescalada, el zoco de Muelle Uno vuelve con nuevas medidas de seguridad, protección e higiene a partir del próximo domingo 14 de junio.

Las medidas de protección frente al COVID-19 van a estar muy presentes: reducción del número de expositores, distancia de seguridad de 2 metros entre puestos, gel hidroalcohólico en cada puesto para uso libre de los clientes, spray desinfectante para la ropa, y uso de guantes y mascarillas por parte de todos los expositores. De este modo, se garantiza la seguridad tanto de los clientes como de los expositores, para disfrutar de las compras en un entorno seguro al aire libre.

El zoco se va a celebrar de manera regular en Muelle Uno los tres primeros domingos de cada mes. De momento, las próximas fechas anunciadas son el 14, 21 y 28 de junio en horario de 12 a 19 horas.

El zoco de Muelle Uno es el mercado al aire libre de referencia de la Costa del Sol, en el que se pueden adquirir productos únicos en un entorno privilegiado, junto al mar Mediterráneo. En él se pueden encontrar artículos de primera línea relacionados con artesanía, moda, decoración y alimentación.

La entrada será libre para todos los públicos, y los clientes podrán disfrutar de las compras más vanguardistas en un entorno exclusivo en el corazón de Málaga, junto al mar Mediterráneo.

Cotter Comunicación y Wasup Events, empresas organizadoras del zoco desde su inicio hace ya más de 6 años, siguen apostando por la moda y los productos artesanales, ahora además en un entorno totalmente seguro. El próximo domingo 14 de junio de 12 a 19 horas todos los malagueños tienen una cita en Muelle Uno: su famoso zoco está de vuelta con más fuerza que nunca.

La Diputación ayudará a más de 7.000 familias a través del Plan Málaga para la recuperación económica y social de la provincia

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga y responsable del Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, Natacha Rivas, ha anunciado hoy que esta institución, a través del Plan Málaga, va a brindar ayuda a más de 7.000 familias de municipios de menos de 20.000 habitantes que vean comprometida su situación económica a raíz de la crisis sanitaria.

“El Plan Málaga, que articula la recuperación de la economía y del empleo en la provincia, va de eso, de ayudar a las personas”, ha destacado la dirigente provincial durante una rueda de prensa en la que ha desgranado algunas de las ayudas dirigidas directamente a las familias y que cuentan con un presupuesto inicial de 4,7 millones de euros.

Esta partida será susceptible de ser ampliada en función de las necesidades y solicitudes de ayudas que vayan surgiendo: “Aún no sabemos las dimensiones de esta crisis, que ya empieza a ser social, por lo que hemos querido plantear unos presupuestos expansivos, ampliables para dar cobertura a tantas familias como nos sea posible”, ha concretado.

Además, son ayudas que se han propuesto a través de una tipología “más amplia que nunca”, de tal forma que esos 4,7 millones de euros iniciales “atiendan diferentes circunstancias y necesidades de estas familias”.

De esta forma, el Plan Málaga contempla, por un lado, dos millones de euros para ayuda a domicilio para las personas dependientes de los municipios menores de 20.000 habitantes. «que necesitan nuestro apoyo más que nunca», ha indicado.

Además, un total de 623.665 euros se dedicarán a ayudas económicas para familias. “Son ayudas directas cuya justificación vendrá motivada por las necesidades económicas y sociales de aquellos que la soliciten”, ha precisado la vicepresidenta cuarta.

También se ha presupuesto un total de 300.000 euros de ayudas a la adaptación de viviendas, “una finalidad muy importante para que personas con movilidad reducida puedan adaptar sus casas; y también para generar empleo en el sector de la rehabilitación”, ha indicado.

Rivas ha resaltado también los 550.000 euros destinados a una partida que se ha denominado “emergencia social” y que “pondrá el acento en aquellas situaciones más extremas y que requieren de una rápida intervención por nuestra parte”. “En estos momentos, es más importante que nunca que las administraciones seamos ágiles y tengamos capacidad de respuesta”, ha advertido.

Dentro de las ayudas a familias, también ha hecho referencia a los 200.000 euros que se destinan al cheque-bebé; y un millón de euros para el Plan de Impulso Familiar, que, según ha explicado la vicepresidenta, “acogerá ayudas de muy diferente tipología para atender necesidades particulares de aquellas familias que lo necesiten. No hablamos de una ayuda directa económica, sino de determinados estímulos a nivel material o de recursos que permitan mejorar la situación familiar”.

En resumen, “son seis ejes de actuación que tienen como denominador común el apoyo económico a las familias de la provincia y la posibilidad de ampliar las cuantías según sean las necesidades que vayan surgiendo”, ha apuntado, recordando que estas ayudas se enmarcan en los 20,6 millones de euros que el Plan Málaga contempla para las políticas sociales. “Acciones muy concretas, que atienden a diferentes circunstancias y necesidades, pero que tienen un objetivo muy claro: estar al lado de las familias, de las personas; y que entre todos afrontemos la recuperación sin que nadie se quede atrás”, ha concluido.

Vox presenta iniciativas en el Congreso para paliar graves efectos en el sector turístico en Málaga

Vox Málaga ha presentado en el Congreso de los Diputados durante el periodo del estado de alarma decretado por el Gobierno a raíz de la crisis socio-sanitaria del coronavirus una serie de iniciativas para paliar los efectos en el sector turístico.

Según han indicado en un comunicado, el pasado año, Málaga registró «su mejor temporada turística: más de 1,4 millones de viajeros se alojaron en los hoteles de la provincia, además, se registraron más de 2,7 millones de pernoctaciones», lamentando que «el azote de la crisis del coronavirus amenazó la imparable subida».

La diputada Nacional y portavoz en la Comisión de Turismo, Patricia Rueda, ha señalado que el 17 de marzo, ya registró una batería de preguntas en el Congreso «anticipando las consecuencias y solicitando respuestas al Ejecutivo».

Así, la diputada trasladaba las inquietudes de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) a la Cámara Baja, preguntándose «cuándo van a ser efectivas las líneas de ayuda al sector y si tendrán carácter retroactivo».

La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) así como Hostelería de España, Agora Next o World Travel & Tourism Council (WTTC) son algunas de las entidades que han estado en contacto con el Grupo Vox desde que comenzó la crisis sanitaria.

Asimismo, han indicado que Rueda presentó el 9 de abril una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para impulsar el turismo tras la crisis. Entre las medidas que proponía, estaban elaborar un paquete de medidas dirigidas al fomento del sector turístico en mercados emisores; otras para que pymes y autónomos del sector puedan acogerse y paliar los efectos de esta crisis económica; y campañas de comunicación en medios nacionales para promocionar destinos turísticos del país.

Desde el partido han señalado también que antes de finalizar abril, la diputada y portavoz en la Comisión de Turismo registraba la segunda PNL con más de 15 medidas «para evitar perder los 124.000 euros que, según Exceltur, estaban en riesgo en este ejercicio».

En este caso, Rueda pidió al Gobierno, entre otras cosas, el aplazamiento de pagos de impuestos y cotizaciones; asegurar la liquidez de las empresas; un protocolo para garantizar que «los turistas extranjeros no eran un riesgo» y captación de visitantes extranjeros de países sin restricciones de viajes; recuperación del IVA repercutido en pagos anticipados por cancelaciones o cambios de reservas.

«En las reuniones, mantenidas desde el minuto uno del confinamiento, el sector ha mostrado su malestar por la nefasta gestión del Gobierno de esta crisis, por la falta de flexibilidad de los ERTE, por la incertidumbre, el malestar social y la negativa imagen de España en el extranjero», ha explicado Rueda.

En las comisiones de Turismo, la diputada ha reprochado a la ministra del ramo, Reyes Maroto, que «el Ejecutivo ha cargado de obligaciones a las empresas, autónomos y particulares que dificultan la actividad en un sector que ha demostrado durante esta crisis su profesionalidad y su solidaridad».

La diputada malagueña ha criticado que el Gobierno «ha cargado al sector con la responsabilidad de garantizar la seguridad de los empleados y turistas». «Los empresarios y autónomos ya están sobrecargados con impuestos y costes, directos e indirectos, además de la inversión que les va a suponer la adquisición de material de protección para sus empleados y clientes, la limpieza y desinfección y otras medidas necesarias para la prevención y seguridad», ha advertido Rueda en dichas comisiones.

El Colegio de Abogados de Málaga reanuda la atención presencial del Servicio de Orientación Jurídica con cita previa

El Colegio de Abogados de Málaga reactiva mañana la atención presencial del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que se prestará un día a la semana, los miércoles, siendo imprescindible concertar una cita previa.

El decano, Francisco Javier Lara, ha recordado que la corporación colegial no ha dejado de prestar el SOJ en ningún momento de manera telemática durante el estado de alarma, ya que supone un servicio fundamental para los ciudadanos, especialmente para los que pertenecen a colectivos más vulnerables tanto desde el punto de vista social como económico. No obstante, seguirá funcionando el sistema telemático a través del correo electrónico.

Ahora, con el proceso de desescalada iniciado en todos los ámbitos y con nuevas medidas dispuestas para la seguridad tanto de los usuarios del servicio como de los empleados del Colegio, se ha decidido retomar la atención presencial, dado que son muchos los ciudadanos que, o bien no se desenvuelven con soltura con medios telemáticos o, incluso, carecen de la posibilidad de acceder a ellos.

La función del Servicio de Orientación Jurídica consiste, conforme dispone la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en orientar y encauzar las pretensiones de los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, facilitarles la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión y en ayudarles a redactar las solicitudes.

El Servicio de Orientación Jurídica se atenderá presencialmente en las siguientes sedes los miércoles en los horarios que se especifican, concertando cita previa mediante teléfono o correo electrónico (los mismos que se siguen utilizando para el servicio telemático):

Málaga: De 9.00 a 14.00 horas. 951 01 79 39 / sgomez@icamalaga.es

Fuengirola: De a 9.00 a 12.00 horas. 952 46 73 97 / abogadodeoficiofuengirola@icamalaga.es

Marbella: De a 9.00 a 12.00 horas. 952 77 46 96 / marbella@icamalaga.es

Torremolinos: De a 9.00 a 12.00 horas. 952 37 20 36 / torremolinos@icamalaga.es

Coín: De 9.00 a 11.00 horas. 951 01 79 45 / coin@icamalaga.es

Ronda: De 9.00 a 11.00 horas. 952 87 90 02 / ronda@icamalaga.es

Vélez-Málaga: De 9.00 a 11.00 horas. 952 50 60 01 / velez@icamalaga.es

Torrox: De 9.00 a 11.00 horas. 952 53 82 63 / torrox@icamalaga.es

Estepona: En este partido judicial no se atiende de manera presencial, sino a través del correo estepona@icamalaga.es, ya que el Colegio sigue exigiendo un espacio digno donde poder prestar el servicio de manera presencial, toda vez que fue suspendido en abril de 2018 cuando el Gobierno andaluz ordenó el desalojo de las instalaciones para habilitar el juzgado mixto número 6 en el edificio de la avenida Juan Carlos I. Desde entonces, los ciudadanos que quieran ser atendidos en persona tienen que desplazarse a Málaga capital o acudir al Juzgado Decano de Estepona, que está muy saturado.

En estos momentos, el Colegio de Abogados de Málaga está desarrollando una aplicación informática para facilitar la solicitud de cita previa para el SOJ, que estará operativa en los próximos días y que será accesible desde la web colegial (www.icamalaga.es). En cualquier caso, se fomentará la utilización de medios telemáticos para la presentación de documentos con objeto de agilizar los procesos.

Estepona: En este partido judicial no se atiende de manera presencial, sino a través del correo estepona@icamalaga.es, ya que el Colegio sigue exigiendo un espacio digno donde poder prestar el servicio de manera presencial, toda vez que fue suspendido en abril de 2018 cuando el Gobierno andaluz ordenó el desalojo de las instalaciones para habilitar el juzgado mixto número 6 en el edificio de la avenida Juan Carlos I. Desde entonces, los ciudadanos que quieran ser atendidos en persona tienen que desplazarse a Málaga capital o acudir al Juzgado Decano de Estepona, que está muy saturado.

En estos momentos, el Colegio de Abogados de Málaga está desarrollando una aplicación informática para facilitar la solicitud de cita previa para el SOJ, que estará operativa en los próximos días y que será accesible desde la web colegial (www.icamalaga.es). En cualquier caso, se fomentará la utilización de medios telemáticos para la presentación de documentos con objeto de agilizar los procesos.

El transporte público de Rincón de la Victoria, Málaga, recupera en un 70% la frecuencia de sus líneas

El servicio de transporte público urbano de Rincón de la Victoria (Málaga) recupera desde este lunes, coincidiendo con el inicio de la fase 3 del plan de desescalada, en un 70 por ciento la frecuencia de sus líneas.

El concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Antonio Fernández, ha informado de que ya se han restablecido al cien por cien las líneas 1 y 2, que hasta el momento operaban con restricciones horarias como consecuencia del confinamiento por el COVID-19.

En este sentido, el edil ha asegurado que de forma gradual se está procediendo al restablecimiento del transporte público «garantizando todas las medidas de seguridad teniendo en cuenta el aumento en la ocupación».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «el enorme esfuerzo que se viene realizando para garantizar la continuidad del servicio con todas las medidas, tanto para trabajadores como usuarios del transporte público». Además, ha agradecido a la empresa que gestiona el servicio, Rincónbus, «el importante trabajo que está realizando para restablecer la normalidad y la confianza de los usuarios del servicio».

Durante las últimas semanas se ha experimentado un aumento en un 30 por ciento del número de usuarios del transporte público urbano. «El objetivo es alcanzar prácticamente la normalidad en las próximas semanas», indica Fernández.

Las frecuencias de las líneas 1 y 2 ya operan en su horario habitual, desde las 07.00 horas con salida de Benagalbón hasta las 22.00 horas de lunes a domingo (L1), y desde las 07.30 horas desde La Cala del Moral hasta las 21.30 horas de lunes a viernes (L2). Las líneas 3 y 4 mantienen su frecuencia como en la Fase 2 de la desescalada, de lunes a viernes de 07.30 a 15.30 horas de lunes a viernes, y las líneas 5, 6 y 8 continúan sin servicio.

Por otro lado, se mantienen las medidas de higiene y seguridad de acuerdo con las recomendaciones que establece las autoridades sanitarias como el distanciamiento social, uso obligatorio de la mascarilla, limpieza y desinfección diaria de los vehículos que tras finalizar el trayecto se someten a una desinfección mediante pulverización con un higienizante de superficie, así como la limpieza manual de barandillas, asientos y respaldos.

La Fiscalía pide a la juez del 8-M que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia de un particular contra Franco por autorizar manifestaciones entre el 5 y 14 de marzo de 2020 y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.

El recurso de la Fiscalía llega justo dos días antes de que el delegado del Gobierno en Madrid tenga que comparecer ante la juez Rodríguez-Medel para declarar en calidad de investigado en esta causa, en la que se trata de esclarecer si omitió las advertencias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que seis días antes del 8-M emitió un informe en el que instaba a cancelar todas las concentraciones, así como las recomendaciones sanitarias para prevenir el riesgo de contagio.

Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre esta causa y, «consciente» de ello, explica en su escrito que «esta circunstancia obedece» a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Dicha suspensión se levantó el pasado 4 de junio.

Afirma que ahora es el «momento procesal» para «combatir el auto de incoación» y «valorar la mayor parte de las actuaciones que se vienen practicando» desde entonces. En este sentido, se muestra de acuerdo con la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, y considera que este auto es «nulo», ya que genera indefensión.

NI DICTÓ RESOLUCIÓN NI ACTUÓ DE FORMA ARBITRARIA

Así, el Ministerio Público asevera que Franco no ha cometido ningún delito de prevaricación, ya que, según dice, el mero hecho de recibir una comunicación acerca de la celebración de una manifestación «en ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 del Código Penal».

«Recibir una comunicación no equivale a dictar resolución», recalca el fiscal, al mismo tiempo que subraya que esta actuación no sólo tiene que resultar «ilícita», sino también «arbitraria». Por ello, entiende que «además de no dictar ninguna resolución», tampoco se puede acusar a Franco de haber tenido un comportamiento arbitrario «en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal».

En su opinión, el delegado del Gobierno en Madrid no dejó de resolver petición alguna «a que viniera legalmente obligado» y tampoco cabe atribuirle un delito de prevaricación omisiva porque «no existía norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad».

En este sentido, el recurso, además de reprochar a la juez de Madrid que no haya identificado «con claridad» el hecho «cuya ilegalidad haya que valorar», hace hincapié en que es «sumamente relevante precisar que los delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria».

Por ello, no ve «razonable» exigirle la prohibición de manifestaciones por razones sanitarias «cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo».

Por otro lado, la Fiscalía también hace referencia a la posibilidad de que Gobierno hubiera emitido una orden para no cancelar concentraciones y afea que la magistrada exponga tal «hipótesis» en el auto de admisión a trámite de la denuncia sin «apoyo en dato indiciario alguno».

Añade al respecto que tras las práctica de varias diligencias «puede igualmente afirmarse que sigue sin apreciarse ningún indicio de la existencia de dicho mandato» y asegura que aún practicando otras nuevas «pudiera llegarse a una conclusión diferente».

ANÁLISIS DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS

En el auto recurro, la magistrada ordenó a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre el curso dado a las advertencias sobre el riesgo de contagio y al médico forense adscrito al juzgado que analizará si las manifestaciones «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas».

La Fiscalía reconoce que las ha analizado «a los efectos de apreciar si existe en ellas cuando menos un atisbo de intencionalidad dolosa que justifique continuar con la investigación», pero concluye que «no es así».

Explica que ello se debe a que si toma como «hipotético momento» de comisión delictiva la fecha de emisión del documento por el que el delegado del Gobierno toma conocimiento de una convocatoria de manifestación en vía pública, se puede apreciar que para «la inmensa mayoría de las concentraciones que tienen lugar en el mes de marzo, la declaración formal de recepción de comunicación se fecha en el mes de febrero, produciéndose a principios de marzo en un número muy reducido de supuestos».

En cuanto al informe del Centro Europeo para el Control y prevención de Enfermedades emitido el 2 de marzo, al que aluden tanto el auto como la denuncia, la Fiscalía hace hincapié en que el documento recomendaba la cancelación de concentraciones masivas en los escenarios 3 y 4 y que en ese momento situaba a España en el primer escenario, aunque avisaba de que «podría evolucionar rápidamente al escenario 2».

También destaca que, en contra de lo que afirma la denuncia, el documento denominado ‘Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus COVID19 en la Comunidad de Madrid’, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que recoge medidas básicas de higiene, es emitido con fecha de 5 de marzo de 2020 y no se refiere a medidas relativas a concentraciones en espacios abiertos.

ES «INVEROSÍMIL» CREER QUE FRANCO PODRÍA HABER EVITADO EL CONTAGIO

Por último, la Fiscalía precisa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el covid-19 como emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de 2020 y que no es hasta el 11 de marzo cuando se declara como pandemia.

Así, señala que las directrices emitidas por esta organización el 16 de febrero para el «control de enfermos en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos» o el día 24 del mismo mes, cuando emitió un plan de respuesta internacional, en el que recogía un caso acreditado en España, tienen «carácter de recomendaciones o programas de actuación».

«Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil», concluye la Fiscalía.

La Fiscalía también ha presentado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid un informe sobre el recurso de la Abogacía del Estado contra el auto por el que se inició la investigación contra Franco, y en el que acusó a la juez de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

Un segundo informe forense sobre el 8M dice que «la hecatombe se veía venir» y que Illa y Simón conocían la situación

El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid afirma que «la hecatombe en España» que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus «se veía venir» desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación.

«Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista», explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.

Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la investigación dirigida por la titular del Juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

El documento el médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51, reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del «gran riesgo» que existía de contagiar el coronavirus. También recoge que no se hizo una valoración de riesgos como pidió la OMS el 14 de febrero, ni se atendió a «algunas» de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo, lo que habría aminorado «el daño a la salud» y «las consecuencias económicas y sociales».

El médico forense ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, el del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid «se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan». Ese mismo día, según el informe, «en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del riesgo para los ciudadanos».

El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una «amplia difusión» de la Covid-19, «de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio» habría facilitado que los ciudadanos «adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad».

En el mismo documento se dice que «no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones» antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo y que resultara infectado por el Covid-19 «lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.».

«En cambio», añade el informe, «no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS y además es lógico y natural desde que se instauró la epidemia».

CONOCIMIENTO DE SANIDAD Y LA COMUNIDAD DE MADRID

En doce puntos de conclusiones, el médico forense califica de «elevada» la posibilidad de contagio en manifestaciones donde los «participantes podían estar contagiando la enfermedad sin ser conscientes de ello, aun cuando aún no tuvieran síntomas».

«Entre estas recomendaciones cobra especial interés la medida de distanciamiento social», continúa el forense en su punto octavo de conclusiones, donde sostiene: «Estas cuestiones previas y el exacto estado en que nos encontrábamos en cada momento eran conocidos por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid».

El informe del forense Julio Lorenzo comienza con unos párrafos en los que quiere dejar claro que conoce la «especial relevancia» de este procedimiento judicial, que califica de «delicado» por afectar a un «personaje público» como es José Manuel Franco

Ya desde el principio, el forense introduce valoraciones personales como que es consciente de que el caso se ha tornado muy «mediático» y que existe un «clima de cierta crispación social» y que «se podría pensar que ello influye en algún sentido en la imparcialidad del informante».

Concluye este capítulo afirmando «con alivio» que ni él ni «ninguna persona» de su «amplia familia (madre, suegra, mujer, cuñados, hijos, nietos, hermanos, tíos ni sobrinos) han sufrido ni el más síntoma de covid-19». «Lo digo por si alguien pudiera pensar que podría existir el más remoto conflicto de intereses», apunta.

Más adelante, en el epígrafe denominado ‘Consideraciones médico forenses’, Lorenzo resume en un índice los apartados a examinar, entre ellos cuestiones relativas a su informe anterior, a «días clave» o a «advertencias de organismos internacionales». Pero el punto 8 está titulado ‘El tsunami que viene’, apartado que comienza con la expresión «se veía venir».

En este punto, el forense afirma que a finales de febrero «se notaba la tensión» en el CCAES, una conclusión a la que llega por el «estudio de los correos electrónicos» de personal de este centro. Cita algunos nombres y expresiones supuestamente utilizadas en esos e-mails para hablar de «evolución galopante» de la epidemia». «Imagino los semblantes de preocupación de estos profesionales analizando la situación. Por eso he titulado ‘el tsunami que viene'», añade.

REPROCHES A LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y MENCIÓN A MONTERO

Seguidamente, el experto dedica todo un epígrafe a uno de los recursos de la Abogacía del Estado, en los que la defensa de José Manuel Franco, a la que reprocha que diera a entender que no se produce difusión de la enfermedad causada por el coronavirus en la protesta feminista.

En este punto cita un documento de la OMS de 14 de marzo y por tanto posterior a la manifestación donde se dice que las reuniones masivas pueden ampliar la propagación de enfermedades para añadir que «no haría falta recurrir a la cita anterior ni al estudio científico para demostrarlo, y hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea y por lo tanto sincera- manifestación ante unas cámaras de televisión el día 9 de enero», en alusión a las palabras de la titular de Igualdad reveladas la semana pasada por el diario ABC.

«No quiero pensar, pero debo decirlo (…) que nos estábamos acercando al famoso 8M y el primer supuesto, el sí a las medidas de distanciamiento social, habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación, no quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentación en pro de la no cancelación», concluye en este punto.

Añade que «puede pensarse que todas las personas que acuden a esos eventos son extremadamente solidarias y al menor síntoma de covid dejan de acudir. Seamos realistas, eso es casi ilusorio. Es tal el grado de motivación precisamente para las manifestaciones como la del 8 de marzo o de otro tipo, como las de Vox», subraya.

En su opinión, «no es casualidad» que un «número indeterminado de las personas» que estuvieron el 8M, como «ministras y demás personajes públicos», contrajeran coronavirus, aunque «el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí».

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