Arranca el programa de la tarjeta monedero en Andalucía para las necesidades básicas de las familias más vulnerables

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado del inicio, este mismo jueves, del programa de garantía alimentaria para cubrir las necesidades básicas de más de 26.000 familias andaluzas mediante el sistema de tarjetas monedero. Para ello, se ha concedido una subvención excepcional de 17 millones de euros a Cruz Roja, entidad encargada de desarrollar este programa en coordinación con los servicios sociales comunitarios de los municipios de Andalucía.

«El Gobierno andaluz está redoblando esfuerzos para dar respuesta a las necesidades sociales de los andaluces y andaluzas más desvalidas, que han visto empeorada su situación económica y social durante la crisis del coronavirus«, ha señalado.

Así, ha recordado que, ya en el año 2019, la Consejería de Igualdad destinó 5,5 millones de euros a la convocatoria de subvenciones de Solidaridad y Garantía Alimentaria; y que en lo que va de 2020, se ha destinado 18 millones, puesto que a los 17 de la Tarjeta monedero, se suma una ayuda de un millón de euros a la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla para el reparto de productos a personas en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, ha destacado «la rapidez y eficacia con las que estamos actuando para atender el aumento de las necesidades sociales como consecuencia del empeoramiento económico provocado por la crisis del Covid-19″.

La tarjeta monedero tendrá una vigencia de cuatro meses con posibilidad de ampliarse si la crisis persiste. Con ella, se podrá adquirir productos básicos de alimentación, higiene y limpieza en supermercados y tiendas de proximidad.

Puede solicitarla cualquier persona o familia que se encuentre en situación de necesidad en las sedes de Cruz Roja o en los servicios sociales comunitarios. La prescripción de la ayuda se hace tras la valoración de la situación de la persona o familia y la emisión del preceptivo informe social por parte de un trabajador o trabajadora social.

Su cuantía va desde 150 euros en el caso de una persona solicitante; 200 euros para familias de 2 y 3 personas; y 250 euros en el caso de 4 o más personas. Su importe se recarga mensualmente y es compatible con otras ayudas en los casos del Ingreso Mínimo Vital, pensión no contributiva, Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, Ayuda Económica Familiar y de emergencia y Becas de Alimentación del Plan Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA).

Toda la información sobre este programa se puede consultar en este enlace.

Otras medidas sociales

A este programa, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha sumado otras medidas de calado para paliar los efectos sociales del coronavirus. Por una parte, se va a incrementar en 5 millones la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se ha aumentado un 20% el presupuesto destinado a las Ayudas Económicas Familiares que gestionan las entidades locales y se va a poner en marcha una nueva línea estratégica con 22,4 millones de euros para mejorar la inserción socio laboral de las personas en riesgo de exclusión social en 55 municipios andaluces con el apoyo de 162 nuevos efectivos en los servicios sociales comunitarios.

Por otra parte, la consejera se ha referido a la agilización y simplificación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, que ha permitido que la nómina del mes de mayo haya alcanzado un máximo histórico de 16,2 millones de euros y 14.615 familias beneficiarias. «Además, hemos creado una nueva prestación de emergencia en este programa con 10,5 millones procedentes de fondos propios de la Consejería«, ha finalizado.

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SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO «MÁLAGA, COHESIÓN SOCIAL»

El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado, esta tarde, miércoles 3 de junio, la segunda de las mesas de trabajo para la recuperación de la crisis del coronavirus. La reunión del foro “Málaga, cohesión social”, ha tenido lugar en  Salón de Plenos del Ayuntamiento, al igual que la de “Málaga, sana y segura”, del pasado 26 de mayo.

Estos encuentros, articulados bajo el formato de mesa de trabajo, son retransmitidos en directo a través del canal del Ayuntamiento de Málaga en YouTube. Con ellos, el equipo de Gobierno tiene por objeto la recopilación de propuestas de los agentes sociales y económicos de la ciudad para incorporarlas a la línea de acción que viene llevando a cabo desde el inicio de la crisis bajo la premisa de que nadie se quede atrás.

Al encuentro han sido invitados, además de los grupos de la oposición y representantes de otras administraciones, las asociaciones y entidades que llevan a cabo un trabajo de carácter social en nuestra ciudad, los colegios profesionales vinculados a esta temática y las agrupaciones de desarrollo en las que participa el Consistorio.

En total, son tres las mesas de trabajo que convocarán reuniones. A la celebrada ya (“Málaga, sana y segura”) y la que se celebrará mañana (“Málaga, cohesión social”) seguirá otro foro dedicado a la reactivación económica de la ciudad.

El presidente de la Junta de Andalucía, presenta el Programa de Garantía Alimentaria destinado a paliar los efectos del Covid-19 en la población más vulnerable

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado hoy el Programa de Garantía Alimentaria puesto en marcha a través de Cruz Roja Española y que va dirigido a las personas que han perdido su puesto de trabajo, que se encuentran afectadas por un ERTE, que han cerrado su negocio o a los que no disponen en este momento de medios suficientes para hacer frente a la situación actual y a las consecuencias que la crisis del coronavirus ha supuesto en nuestra comunidad autónoma.

Moreno, que ha indicado que el objetivo de este programa es facilitar medios de subsistencia a los que más lo necesitan, ha aseverado que el Gobierno andaluz va a trabajar de forma coordinada con las entidades del Tercer Sector y con los ayuntamientos, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, para garantizar que estas ayudas lleguen a los que tienen que llegar y, además, no se produzcan duplicidades y se abarque al mayor número posible de beneficiarios.

En este sentido, ha explicado que el instrumento para conseguirlo serán unas tarjetas recargables que, durante los próximos cuatro meses, y con una cuantía de entre 150 y 250 euros en función del tipo de familia que sea, permitirán a sus titulares hacer sus compras básicas en los supermercados y en las tiendas de proximidad.

Estas tarjetas monedero permitirán a esas personas y a esas familias que más lo necesitan disponer de recursos adicionales con los que comprar alimentos, artículos de higiene y productos de primera necesidad.

Esta ayuda, que recibirán más de 26.000 familias andaluzas y que aporta directamente la Junta de Andalucía de sus propios fondos, es compatible con las becas de alimentación a la población escolar más vulnerable que ya se vienen concediendo desde el primer minuto de esta crisis, así como con la Renta Mínima de Inserción y las pensiones no contributivas.


“El Gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo con recursos propios para poner estos 17 millones de euros al servicio de los más vulnerables y, aunque son muchas más las necesidades, ésta es una primera reacción y una ayuda más que se suma a otras que ya se han puesto en marcha y que prestamos en este momento de dificultad”, ha agregado.
En este punto, el presidente andaluz ha incidido en que la coordinación entre los distintos departamentos es fundamental, a la vez que ha resaltado que han sido muchas las medidas de protección social que desde el Gobierno andaluz se han aplicado desde hace meses para hacer frente a la pandemia.

Entre algunas de estas iniciativas se encuentra el procedimiento extraordinario para la concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en estos casos de urgencia, el adelanto de las cantidades del Fondo Social Extraordinario para que los ayuntamientos puedan pagar las prestaciones o el impulso del Plan Vive, ya que ahora el acceso de una vivienda digna, en especial para los más jóvenes, puede verse más dificultado por el daño que está sufriendo el empleo.

Para concluir, ha asegurado que los andaluces han demostrado una vez más su talento, capacidad de sacrificio y unión ante la adversidad, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en el compromiso del Ejecutivo andaluz de poner todos los medios a su alcance para minimizar los efectos que la crisis del coronavirus está ocasionando en nuestra sociedad y en nuestra economía.

“Nos toca dar ejemplo porque la sociedad está atravesando un momento de muchas dificultades y es hora de trabajar en red y ser una sociedad madura para poner los intereses de los demás por encima de los intereses personales de cada uno”, ha apostillado.Moreno ha estado acompañado por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz; por la presidenta de Cruz Roja Española en Andalucía, María del Mar Pageo, y la presidenta de la Confederación andaluza de empresarios de alimentación y perfumería, Virginia González.

Las catorce empresas asociadas que participan activamente en la donación de alimentos en el marco de esta campaña conjunta impulsada por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) son Euromadi, Grupo Dian, MasyMas, Mercadona, Alsara, Coviran, GM Food, Maskom, El Jamón, Supermercados Ruiz Galán, Grupo Barea, Supermercados Piedra Trujillo, Consifur y Grupo Cardoso (Aromas).


CAEA colabora con este programa de ayuda prestando su capacidad de distribución de productos de gran consumo y la enorme capilaridad de establecimientos comerciales de proximidad que posee en todas las provincias andaluzas y también en el ámbito de la responsabilidad social empresarial de sus empresas mediante una campaña conjunta de donación de alimentos y productos de primera necesidad puesta en marcha por las empresas asociadas

El ministro Marlaska dice que no dimite y que la directora de la Guardia Civil se interesó por el informe del 8M tras filtrarse

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el Senado que no piensa dimitir por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y ha justificado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se interesó por el informe judicializado sobre el 8M y que apuntaba al doctor Fernando Simón, al tener constancia de que hubo una filtración a un medio de comunicación.

En la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha respaldado a los «profesionales dignos» que forman parte de su equipo en Interior y dirigen la Guardia Civil, y ha explicado que el cese de Pérez de los Cobos se produjo al tener constancia de un posible delito de descubrimiento de secretos por publicarse el contenido del informe sobre el que la juez Carmen Rodríguez-Medel había pedido que solo se le informara a ella.

«Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia, ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha injerido en la tramitación del mismo», ha mantenido Grande-Marlaska, en la línea de lo que expuso el pasado viernes en el Senado en la Comisión de Interior.

El senador del PP Fernando Martínez Maíllo le ha pedido que dimita sin esperar «ni un minuto más» en una sesión de control al Gobierno en la que Lorena Roldán, de Ciudadanos, también ha hecho mención en una pregunta sobre presos de ETA a la nota oficial del cese de Pérez de los Cobos que recoge que el cese de Pérez de los Cobos se debió a su negativa de «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

«Requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración y qué se estaba haciendo para investigar, qué se estaba haciendo en ese contexto, qué es lo acontecía en el derecho a la investigación», ha señalado Grande-Marlaska antes de defender que «seguirá formando equipos con personas neutrales, profesionales y sin ningún tipo de injerencia».

Según el ministro, su papel en Interior en lo referente al desempeño de la Guardia Civil y la Policía Nacional también es «evaluar el trabajo que se desarrolla y, si hay una disfunción en el desarrollo de ese trabajo, pedir una explicación de esa disfunción y qué se está haciendo para arreglarlo».

MARLASKA, «LA GRAN DECEPCIÓN»

Tanto el PP como Ciudadanos han asegurado que la nota oficial del cese de Pérez de los Cobos publicada hoy por El Confidencial demuestra que se presionó al coronel para tener acceso al informe en una investigación que afecta al Gobierno porque cuestiona su respuesta en el inicio del coronavirus, y por el que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Fernández Maíllo ha afeado a Grande-Marlaska sus mentiras, remitiéndose a lo que dijo el ministro el viernes en la Comisión de Interior en el Senado. «Coño», ha llegado a decir desde su escaño, «me mintió a mí y a todos los españoles en sede parlamentaria al decir después de seis horas que no se había interesado en nada». «Por favor, salga de aquí dimitido», ha dicho, reprochando al ministro representar «la gran decepción» cuando en el pasado era un juez de prestigio.

«Por dramatizar más y repetir falsedades no generan verdad», le ha contestado Grande-Marlaska, molesto por que se le sigue imputando haber cometido irregularidades sin pruebas. «Quizás es que confunden cómo actuaban ustedes llevando informes preparados o evitando que esos informes llegaran a la autoridad judicial», ha dicho en alusión a los anteriores Gobiernos del PP.

El ministro del Interior ha pedido al PP que «lea bien» el documento del cese de Pérez de los Cobos. Acto seguido ha señalado que «si hubiera tenido conocimiento» sobre ese informe de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial «lo hubieran tenido antes». «Del jueves al viernes anterior a ese domingo del cese del coronel se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado», se ha quejado.

Fernández Maíllo le ha reprochado cambiar su versión y buscar un «Estado silente y controlado», calificando su gestión como «indigna, inaceptable y bochornosa». «Pretenden tapar su propia negligencia en la crisis sanitaria y nos miente en la cara», le ha afeado el senador del PP.

AJFV exige el cese de Marlaska «por pérdida de toda legitimidad» tras conocerse el motivo del cese de De los Cobos

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este martes el cese o la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber «perdido toda la legitimidad para cualquier cargo ejecutivo» después de conocerse que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».

Esta exigencia de la segunda asociación judicial más representativa llega después de que El Confidencial haya publicado este martes el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, explicaba las razones del cese. Y además llega en medio de la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M y el presunto delito de prevaricación que podría haber cometido el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al autorizarla.

En su comunicado, la AJFV considera «inaceptable» que un Estado democrático permita a un ministro de Interior «tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción». Entienden que se trata de una sanción contra Pérez de los Cobos, a pesar de que el ministro del interior hubiera hablado en un primer momento de «pérdida de confianza» para justificar el cese.

En este sentido, añaden que el cese es todavía más reprochable en el caso de Marlaska «por su condición de magistrado», algo que le hace ser «perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales», tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento.

«Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así», apuntan desde la AJFV, indicando que nadie mejor que Grande-Marlaska era conocedor «de la gravedad de lo que estaba exigiendo su ministerio al coronel Pérez de los Cobos».

Además, denuncian que el cese supone una «flagrante vulneración del principio de separación de poderes» y es reflejo de un «intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar». «Lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial», concluyen.

La semana pasada la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explicara «los motivos de la afirmada pérdida de confianza» sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y le conminaba a restituir al coronel en su puesto «hasta que finalice la instrucción» que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 51.

FJI: «ESTO ES MUY GRAVE»

En el mismo sentido que la AJFV se ha posicionado el Foro Judicial Independiente (FJI), desde donde apuntan que una persona ajena a la investigación «no se puede interesar por las actuaciones» por mucho que sea el superior de esos guardias civiles, tal y como apuntan que refleja la carta de cese de Pérez de los Cobos.

Así, han calificado la razón del cese de «absurda excusa» y han recordado a Interior que en España existe la separación de poderes y que además hay reserva sobre esas actuaciones. «Esto es muy grave», han indicado la portavoz del FJI, Concepción Rodríguez, para luego insistir en que no entiende cómo ha podido ocurrir máxime cuando el ministro es magistrado y conoce por tanto la norma sobre Policía Judicial.

Además, desde este foro judicial indican en un comunicado que Grande-Marlaska «ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias». Y advierten de que lo acaecido «puede dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte».

Por otro lado, añaden que dado que el ministro del Interior es juez, tanto el cese como las diferentes declaraciones manifestadas por él «no solo le dejan en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial».

Al hilo, recuerdan una de sus reivindicaciones que pasa por que «se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial».

«Los hechos que hemos conocido hoy son una muestra más de la necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados», inciden.

Desde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) apuntan que independientemente de que se esclarezca la razón del cese, a Pérez de los Cobos no le incumbe el deber de reserva de las actuaciones ni está sujeto a la garantía de inamovilidad que recoge la ley sobre al respecto, puesto que no formaba parte de esa unidad de Policía Judicial.

INFIDELIDAD DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

Por su parte, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su portavoz Juan Antonio Frago ha indicado que pese a la «redacción sofista» del documento de cese, lo que se busca es conocer el estado de las actuaciones en relación a la investigación de la Guardia Civil sobre el 8-M.

En este sentido, considera que en caso de que se demostrara, podría encajar en un delito de infidelidad de custodia de documentos públicos recogido en el artículo 415 del Código Penal. Este artículo reza que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Asimismo, Frago señala que también podría haber relación con el 417 de Código Penal en grado de tentativa puesto que Interior no tuvo conocimiento del informe finalmente. Este artículo señala que en caso de que de la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, «la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».

Desde APIF recalcan además que se podría haber utilizado la figura de autoría mediata para conocer el contenido de las investigaciones de la Guardia Civil, y opinan que la responsabilidad puede recaer sobre el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y también sobre la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

APIF no ha sido la única asociación de fiscales que se ha pronunciado al respecto, ya la semana pasada, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) lanzó un comunicado en el que denunciaba la «intromisión ilegítima» del Gobierno en el cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y alertaba del «inquietante precedente» que supone este «ataque a la independencia de criterio e imparcialidad» de la Benemérita.

La ocupación ilegal de viviendas crea inseguridad ciudadana en toda España

El repunte de incidentes registrados durante el confinamiento en diversas capitales de provincias por ocupaciones ilegales de inmuebles y edificios ocupados , ha provocado una nueva queja de los vecinos y comerciantes de la zonas afectadas, que desde hace meses vienen denunciando “actos vandálicos, disputas, robos y trapicheos”.

El PP exige al Gobierno medidas para impedir que los ‘okupas’ puedan empadronarse y obtener derechos.

El pasado día 08 de Mayo el PP procedió ha registrar una iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno que tome medidas para que las normas de empadronamiento no contribuyan a evitar la ocupación ilegal, entre otras cosas plantea que las personas que ‘okupan’ locales o viviendas no puedan empadronarse en los mismos ni obtener, por tanto, lo derechos que corresponden por figurar en el padrón.

Una propietaria Paula denuncia el negocio que están haciendo dos «okupas» ilegales reincidentes en su vivienda.

No me insistas, no te voy a pagar”. «Quieres que nos vallamos? «Paganos y ya veremos!!! Son solo algunas palabras que se encontró Paula, propietaria de una vivienda de Málaga y que marcaron el inicio del infierno que lleva viviendo desde hace más de un año y medio.

«Tenia cita en el Juzgado el pasado 5 de Mayo para qué el juez dictara la fecha del desalojo y cual es mi sorpresa que mi abogado me llama para indicarme que no se celebraría el juicio hasta dentro de un mínimo de 6 meses. Mientras los okupas disfrutando de mi propiedad, y yo «obligada a pagar luz y agua«. Está es la injusticia en España!!! Y todo gracias a este Gobierno!!! Los qué hemos trabajado, nos hemos sacrificado y ahorrado para tener algo en la vida nos lo quitan y nadie hace nada para ayudarnos!!! El mundo al revés!!! Y encima ahora les darán incluso una ayuda que los que trabajamos pagaremos entre todos!!!

El PP exige al Gobierno medidas para impedir que los ‘okupas’ puedan empadronarse y obtener derechos

En esta proposición no de ley después de que el Gobierno publicara el pasado 2 de mayo una resolución con instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal que establece que «la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda». El PP interpreta que, en la práctica esto va a permitir que los ‘okupas‘ puedan darse de alta en el padrón aunque habiten inmuebles que no sean de su propiedad.

El PP exige al Gobierno medidas para impedir que los ‘okupas’ puedan empadronarse y obtener derechos.

El objetivo es frenar la «permisividad del Gobierno», los ‘populares’ reclaman que se legisle para que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando un alquiler.

El PP exige al Gobierno medidas para impedir que los ‘okupas’ puedan empadronarse y obtener derechos

Desde el PP han subrayado que su partido quiere que «quede claro que el PP defiende por supuesto la propiedad privada» y ha denunciado que algunos gobiernos autonómicos y municipales se amparan en una normativa «opaca y poco cristalina» que ayuda a consolidar la ocupación ilegal de viviendas y que los «socios comunistas» del Gobierno de Pedro Sánchez han «transigido» con esa línea de actuación.

Cartas del Lector: Las ayudas de los ERTES no llegan…

La llegada del coronavirus no solo ha provocado una crisis sanitaria, sino que también ha provocado una crisis económica. En España se han emitido más de cuatro millones de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Muchos de nuestros lectores nos han escrito quejándose de dicha situación qué a día de hoy continua sin resolverse. Los retrasos al cobrar el ERTE auguran un autentico aluvión de demandas contra el Gobierno de España.

Los despachos de abogados están empezando a notar cómo se amontonan las demandas por impago de ERTE, lo que podría obligar al Gobierno a compensar a los afectados.

«Manuel no cuenta qué lleva 55 días sin cobrar. Con 40 años de edad no cuenta qué lleva media vida trabajando desde los 20, no ha cobrado el paro en su vida y para una vez que necesito algo, me han dejado tirado«, afectado por el retraso del cobro de los ERTE.

A pesar de todo nos confiesa, qué cree incluso ha tenido la suerte de poder tirar de sus ahorros antes de la crisis, ya qué muchos de sus compañeros están recurriendo a diversas entidades ONG, ya qué no tienen otra opción para poder dar de comer a sus hijos y seguir afrontando los suministros básicos.

Desde el Consejo General de los Colegio de Gestores Administrativos denuncian qué hay en torno a 900.000 personas en esta situación. Mientras, el SEPE indica que esta cifra podría rondar las 250.000 personas.

Los despachos de abogados están recibiendo muchos de estos casos, pero piensan que podrían multiplicarse pronto, porque los afectados no saben que estas situaciones se pueden y se deben denunciar.

Que el Estado no pague las prestaciones de desempleo a sus ciudadanos durante más de dos meses y medio (especialmente en tantos casos) es algo prácticamente inédito a nivel judicial. Por ello, de momento hay más dudas que certezas sobre cómo puede resolverse un juicio al respecto. A pesar de esto, fuentes judiciales anticipan que la llegada de las demandas es solo cuestión de tiempo y ya comienzan a ir en aumento.

Redes Sociales: En Facebook bajo el titulo de la campaña Yo no he cobrado el ERTE. Muchos de los mensajes explican que llevan sin cobrar desde marzo, mes en que se decretó el estado de alarma en España por el Covid-19. La gran mayoría espera a cobrar ese ERTE. Estos trabajadores van desde pequeñas empresas hasta grandes plantillas. La situación no ha excluido a nadie.

En la portada reza el siguiente mensaje: Me parece vergonzoso que a día 4 de mayo estemos sin cobrar los ERTES. Creo que el poder tener liquidez para hacer frente al pago de hipotecas, alquileres, recibos y simplemente poder comprar en el supermercado es básico. Lo más gracioso es que seguimos sin estar dados de alta en el SEPE así qué hasta junio con suerte no cobraremos. Y este gobierno sin hacer nada, como ellos tienen sus sueldos, no les afecta que el resto estemos así. Solo se preocupan de hacer ruedas de prensa sin decir nada. Creo que tenemos que unirnos y hacer algo al respecto. Esto es una vergüenza!

El PP exige a Irene Montero que comparezca en el Congreso y cree que la Fiscalía tendrá que llamarla en las causas que instruye sobre el 8-M

Piden su comparecencia para que ofrezca explicaciones de «lo que sabía» en relación con las manifestaciones del 8 de marzo y el vídeo que se ha difundido sobre una entrevista realizada justo un día después.

Además, ha pronosticado que la Fiscalía tendrá que llamarla en las causas que instruye sobre la pandemia.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Pastor ha afirmado que en esas declaraciones «dice claramente lo que hay» a una periodista de la televisión vasca, después de que Montero reconociese el pasado 9 de marzo, un día después de la celebración de las manifestaciones por el Día de la Mujer, que la «bajada de» asistentes a las concentraciones se debió a la presencia del coronavirus.

En concreto, Montero dice en la previa a una entrevista con ETB que desvela ABC: «O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos«.

Por eso, ha dicho que Montero tiene que comparecer en el Congreso para dar explicaciones «a todos los españoles de qué es lo que sabía», al tiempo que ha indicado que la Fiscalía «tendrá que llamarla» para que sea testigo en las causas que se esté instruyendo para «clarificar qué sabía el Gobierno».

Pastor ha afirmado que «las cosas se podían haber hecho de otra manera» porque «las cosas se pueden prevenir» y ha agregado que en política «hay que tener la humildad suficiente para reconocer las cosas que uno hace mal».

Además, la exministra de Sanidad ha recalcado que el Ejecutivo «no puede escurrir el bulto» en la desescalada ante el hecho de que las comunidades vayan a tener «autonomía» para tomar decisiones. «Y me pregunto ¿dónde están los protocolos de coordinación para posibles rebrotes que haya en nuestro país?», ha interpelado al Ejecutivo.

ACTUACIONES DE POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DECRETADAS POR EL ESTADO DE ALARMA

La Policía Local de Málaga ha practicado durante el fin de semana (desde el pasado viernes a ayer domingo) un total de 946 nuevas  intervenciones en terrazas con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad  decretadas por el gobierno central para su reapertura, por lo que a fecha de hoy se contabilizan un total de 5.019 intervenciones. Fruto de estas actuaciones se ha sancionado a un total de 12 establecimientos por incumplimiento de medidas, lo que supone un total de 73 denuncias hasta la fecha.

Además, desde las 07.00 horas del pasado viernes 29 de mayo hasta las 07.00 horas de hoy lunes 1 de junio, la Policía Local de Málaga ha denunciado a un total de 406 personas por el incumplimiento de las medidas preventivas, siendo un total de 9.356 personas denunciadas desde que comenzaran a aplicarse las medidas preventivas derivadas del decreto de estado de alarma el pasado 14 de marzo. De éstas, 92 han sido por no mantener el distanciamiento social de al menos dos metros; 93 por no usar mascarillas y el resto, 221, son por incumplimientos de las medidas decretadas.

En relación a las salidas con menores de 14 años durante el fin de semana se ha denunciado a dos personas, por lo que el número total de denuncias por este motivo se eleva a 59. Se ha producido una detención en el día de ayer por reiteración del incumplimiento de las medidas decretas por un individuo que en un periodo de tiempo de una hora incumplió con las normas del estado de alarma, desobedeciendo a los agentes de policía local. Por tanto el número de detenciones total se eleva a 15.

Por su parte, ya son 1.873 los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan, durante el fin de semana se han  interceptado 9 vehículos.

Y, fruto de las actuaciones policiales, hasta las siete del día de hoy, han sido identificadas un total de 68.461 personas, sumando las 2.019 identificaciones que se han practicado desde el pasado viernes.

La Junta anuncia la contratación de más de 20.000 trabajadores este verano para reforzar la atención sanitaria en Andalucía, un 14% más que 2019

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este domingo de la contratación de más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en toda Andalucía durante la temporada estival, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior.

Un plan de vacaciones que busca, por un lado, afianzar el sello ‘Andalucía segura’ de cara al turismo y, por otro, ahonda en la necesidad de despejar las incertidumbres de los andaluces e ir recuperando la normalidad de nuestras vidas. Todo ello, ha señalado, gracias a un esfuerzo “enorme” del Gobierno andaluz “en un momento en el que la confianza juega un papel esencial”.

Lo ha dicho tras una nueva reunión de presidentes por vía telemática, en la que ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ponga en marcha el reparto entre las comunidades autónomas de los 10.000 millones de euros, que comprometió dentro de los 16.000, para sufragar el gasto sanitario generado por el coronavirus Covid-19.

En este sentido, sí ha aplaudido que, tras reclamarlo insistentemente, se “haya conseguido al fin” que Andalucía disponga de 1.068 millones de fondos europeos para reflotar la economía ayudando a pymes, promoviendo la competitividad o la economía sostenible.

Respecto a los fondos, el presidente andaluz ha lamentado el “agravio” del Gobierno de la Nación a unas comunidades autónomas frente a los “privilegios” que se conceden a otras. Un trato “desigual” e “interesado” como el que se conocía ayer entre la Administración central y Esquerra Republicana de Cataluña para la gestión directa de los fondos europeos por la región catalana.

“El trato de favor se está convirtiendo en una inaceptable moneda de cambio. No se puede dar por normal”. Por otro lado, ha insistido a Sánchez que su Gobierno muestre más flexibilidad y sensibilidad hacia las empresas y los trabajadores en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a los que “no se les puede poner entre la espada y la pared”.

“Se arriesgan a que esa precipitación que le exigen se traduzca en tener que echar de nuevo las persianas del negocio y mandar a los empleados a su casa, pero ya sin bonificaciones, sin exenciones, sin contemplaciones y sin futuro. Gobernar es comprender”, ha manifestado.

También, ha hecho hincapié en que el 30 de junio “no es suficiente” para planificar la temporada turística y ha abogado por que el régimen de ayudas establecido acompañe durante todo el verano y evolucione según los acontecimientos. Durante su intervención, ha asegurado que esta semana ha mantenido contacto con los alcaldes de las ocho provincias andaluzas y que el próximo martes se reunirá con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, además de las visitas a distintos municipios andaluces donde se ha podido entrevistar con las autoridades locales y provinciales, con el objetivo de “atender sus problemas y solucionarlos, o bien hacerlos llegar a quienes tienen la obligación de trabajar para resolverlos”.

En este punto, ha agradecido el sacrificio demostrado por los alcaldes y concejales de Andalucía durante el Estado de Alarma. En relación con esto último, ha trasladado al presidente del Gobierno de España que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes de tesorería para enfrentarse a las consecuencias de la crisis provocada por el Covid-19.

“Es una necesidad ante la que el Ejecutivo no debería permanecer indiferente”, ha apostillado. Y es que, para el presidente de la Junta de Andalucía, nos encontramos en una situación que requiere “ponerse en la piel de los demás y ayudar”. Por eso, ha afirmado que le parece “oportuno” el Ingreso Mínimo Vital, pero ha aseverado que, dos días después de aprobarse el decreto, ni las comunidades autónomas ni los consistorios saben aún cómo se va a gestionar “una medida de tal envergadura”. “Empieza a ser preocupante esta nueva costumbre de que los decretos del Gobierno no estén claros ni siquiera tras su publicación”.

Moreno ha recordado que esta materia es de competencia exclusiva de las autonomías y que existe abundante jurisprudencia al respecto. “Esto no es ningún juego y esa afición del Ejecutivo a la incertidumbre no nos beneficia”, ha recalcado. Asimismo, ha instado a Sánchez a organizar y planificar la enseñanza de cara al próximo curso escolar, “para que no haya 17 modelos distintos”, y ha solicitado que se escuche a las comunidades autónomas.

“Los alumnos, los padres, los profesores, las administraciones… tendrán que saber con tiempo qué atenerse, cómo prepararse para la nueva situación. Hay situaciones que conciliar y medios que habilitar. La anticipación ayuda a resolver los problemas”, ha declarado, al tiempo que ha apremiado a Sánchez a que las comunidades autónomas no tengan que enterarse a través de la prensa de los planes de su Gobierno.

En otro orden de cosas, Moreno ha celebrado en el día de hoy que Andalucía siga siendo la comunidad con menor incidencia de casos por coronavirus por cada 100.000 habitantes, en concreto, 1,63 en los últimos 14 días, lo que significa nueve veces menos que la media del resto de territorios españoles. También ha bajado el número de casos confirmados en la última semana hasta el 0,7%, con tan sólo 61 contagios nuevos.

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Así, ha especificado que a día de hoy permanecen ingresados 99 pacientes y sólo 34 en las UCI. Por último, ha manifestado que la prioridad del Gobierno de Andalucía es la salud de todos los andaluces, así como la recuperación social y económica. Por ello, espera que el 8 de junio toda Andalucía pase a la fase 3 de desconfinamiento “junta y sin distinciones”.

“No caben más agravios. Que no se cometa el mismo error que durante estas últimas semanas ha perjudicado, injustificada e inútilmente, tanto nuestra recuperación como nuestra extraordinaria imagen ante el mundo”, ha concluido.

Sánchez informa a los presidentes autonómicos de que pedirá la sexta prórroga al estado de alarma y que será la última con el apoyo de ERC y PNV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo a los presidentes de las Comunidades Autónomas de que el Consejo de Ministros aprobará este martes la solicitud al Congreso de la sexta y última prórroga del estado de alarma.

Sánchez presidente este domingo desde alrededor de las 10.00 horas la que es la duodécima viodeconferencia con los presidentes autonómicos durante el estado de alarma, para analizar las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Esta cita llega después de que el jefe del Ejecutivo de coalición se asegurara este sábado los apoyos necesarios para sacar adelante la que será la sexta y previsiblemente última prórroga al estado de alarma, tras sellar pactos con ERC y con el PNV. La citada prórroga será por otros quince días y se extenderá hasta el 21 de junio.

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En concreto, los republicanos han accedido a abstenerse en la votación que tendrá lugar el miércoles en el Congreso después de que el Gobierno haya aceptado que Cataluña y el resto de las CCAA participen en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción para hacer frente a la pandemia, según han informado fuentes conocedoras de la negociación.

Por su parte, los nacionalistas vascos votarán a favor tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para que sean los presidentes autonómicos los que gestionen las medidas a adoptar en la fase 3 de la desescalada, así como los que puedan proponer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, «con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos», la entrada en la llamada «nueva normalidad».

Esta duodécima reunión se produce de hecho en pleno proceso de desescalada, según el cual el 70% de la población del país estará desde este lunes en la fase 2, y cuatro islas ya en la fase 3, la etapa previa a la llamada «nueva normalidad». Mientras, otros 15 millones de españoles, fundamentalmente la comunidad de Madrid, Barcelona y Castilla y León, seguirán en fase 1.

A este respecto, la Comunidad de Madrid ya acusó este sábado a Sánchez de «maltratar» y «negar el pan y la sal» a esta región, después de que también se rechazasen las medidas de flexibilidad de la Fase 1 que ha reclamado el Ejecutivo autonómico.

El PNV apoyará la prórroga del estado de alarma tras acordar que los presidentes autonómicos gestionen la Fase 3

El PNV apoyará la sexta prórroga del estado de alarma tras llegar a un acuerdo este sábado a mediodía con el Gobierno de Pedro Sánchez para que sean los presidentes autonómicos los que gestionen las medidas a adoptar en la fase 3 de la desescalada.

El pacto incluye que las comunidades autónomas puedan proponer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, «con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos», la superación de la fase 3 en las unidades territoriales de cada autonomía y, por tanto, su entrada en la «nueva normalidad».

El pacto lo han cerrado el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, con la vicepresidenta, Carmen Calvo, por un lado, y por otro, el portavoz del Grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, y el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla Marcos.

El acuerdo, en su artículo séptimo, señala que, durante el periodo de vigencia de esta prórroga, las autoridades competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a las que se hace referencia el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo (del estado de alarma) serán el ministro de Sanidad, bajo la dirección del presidente del Gobierno, «con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la presidencia de la Comunidad Autónoma».

También apunta que «la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma», en el caso de Euskadi, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, «salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía a los efectos del proceso de desescalada».

Multitud de personas se han concentrado esta mañana en apoyo a la Guardia Civil frente a la Comandancia de Málaga

Los asistentes mostraron su apoyo al Cuerpo y reprocharon ceses y dimisiones en la cúpula de la Benemérita.

Una multitud de personas se congregaron para mostrar su apoyo al cuerpo de la Benemérita al grito de «Marlaska dimisión». Culpan al ministro de Interior de la cúpula del Cuerpo tras negarse el coronel Pérez de los Cobos a darle a sus superiores políticos un informe sobre la manifestación del 8-M en Madrid, que la juez Rodríguez-Medel había pedido tener en exclusividad. «Viva la Guardia Civil», gritaban los congregados.

El acto, que ha sido convocado a través de las redes sociales, ha tenido como finalidad agradecer la labor de la Benemérita y protestar contra el Gobierno.

En el día de las Fuerzas Armadas hubo un recuerdo a los caídos cuando sonó «La muerte no es final». Frente al bandera, aquellos que se mantenían firmes, desvelaban la instrucción militar. Veteranos de varios cuerpos, agentes en la reserva, familiares de los miembros activos del cuerpo o jubilados, que recuerdan las horas de servicio y el orgullo de haber lucido el tricornio. Se mezclaban con aquellos que decían reaccionar con sus aplausos a los «ataques del Gobierno».

La salida del teniente general Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, se produce después de la dimisión del DAO, Laurentino Ceña, y de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos.

Hace solo dos días Fernando Grande-Marlaska relevo también al ‘número tres’ de la Guardia Civil en medio del escándalo por la investigación del 8-M.

Se intensifican las protestas y ‘caceroladas’ en distintos barrios del país para pedir la dimisión del Gobierno

Diferentes grupos de ciudadanos de distintos barrios del país han vuelto a protestar este miércoles en las calles para mostrar su rechazo a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus.

Como viene ocurriendo en los últimos días, los manifestantes han salido a protestar con cacerolas y otros utensilios de cocina a las 21.00 horas mientras exclamaban gritos pidiendo la dimisión del Ejecutivo y reclamando ‘libertad‘. Además, la mayoría de ellos iban con mascarillas, ataviados con la bandera de España y se entremezclaban con otros ciudadanos que aprovechaban para pasear o hacer deporte.

Las protestas y ‘caceroladas’ convocadas para pedir la dimisión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno por la gestión de la pandemia se han ido extendiendo por diferentes territorios del país con el paso de los días a pesar de seguir siendo un movimiento minoritario y con un seguimiento muy distinto según el barrio.

El ruido de las cazuelas también ha llegado a las distintas sedes provinciales y locales del PSOE. En Ferraz, un grupo de ciudadanos se ha ido acercando en los últimos días para protestar por la gestión de Pedro Sánchez en el coronavirus. Entre los lemas, gritos de ‘Gobierno dimisión’, ‘Coletas a prisión en referencia al vicepresidente Pablo Iglesias’, ‘Sánchez dimisión’, ‘libertad’ y ‘fuera, fuera’. Los congregados, que en las primeras manifestaciones llegaron a cortar parte de la calle al tráfico, ha ido disminuyendo al mismo tiempo que la presencia policial aumentaba.

También, otro grupo de ciudadanos se ha manifestado con cacerolas y enseñas nacionales frente a la vivienda, ubicada en Galapagar (Madrid), del vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. En este punto, se ha criticado además la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Guardia Civil, a quien se le acusaba de «manipulador» con carteles que portaban los manifestantes.

El seguimiento de estas protestas ha sido desigual en otros barrios y distritos de la capital española. Las protestas se han extendido por otros barrios, como Mirasierra, Aravaca, Chamartín, Montecarlo, Aravaca o Moratalaz.

En Avenida de América (Madrid), una decena de personas se ha quejado de la gestión con un cartel en el tachaban el rostro del vicepresidente primero y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y exigían su dimisión. Por otra parte, otras personas han querido rechazar la gestión del Gobierno a las 21.00 horas desde los balcones, con fuertes caceroladas que se iniciaron durante el confinamiento.

También en otros municipios madrileños ha habido concentraciones contra Sánchez, como, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón o Getafe y en otras ciudades españolas como Salamanca, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Logroño, Valencia, Barcelona, Málaga y Guadalajara.

El Ayuntamiento de Málaga aprueba destinar más de 5,7 millones a acciones sociales y medidas preventivas frente al coronavirus

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este miércoles la segunda modificación del presupuesto de 2020 por un importe de unos 5,7 millones de euros destinado a actuaciones de diversa índole.

En concreto, acciones sociales, medidas preventivas frente a la Covid-19 y de acondicionamiento de dependencias municipales, zonas verdes, para cubrir los efectos de la crisis del coronavirus en equipamientos culturales que han tenido que paralizar su actividad, mejoras en equipamientos de atención turística y actuaciones en materia de innovación, entre otros asuntos.

Esta partida también incluye fondos para reponer los gastos efectuados por emergencia para atender los efectos de la borrasca ‘Gloria’ en Campanillas y en Málaga Este, así como diversas obras en Distritos, han explicado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La modificación presupuestaria que asciende a un total de 5.752.536,27 euros, se financia fundamentalmente con partidas procedentes de ahorro de intereses, fondo de contingencia, así como de ahorros generados por reprogramación de distintas actuaciones similares. Está previsto que se lleve a aprobación en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves.

Por otro lado, han recordado que la primera modificación presupuestaria efectuada por el Ayuntamiento a mediados de mayo ha servido para adelantar 2,85 millones de euros del superávit obtenido para destinarlo a nuevas acciones del Plan Social Extraordinario, así como a sufragar actuaciones de atención a colectivos vulnerables puestas en marcha y desarrolladas en el marco de dicho Plan.

También se incluyeron en esta primera modificación, en esta inyección presupuestaria extraordinaria, iniciativas de atención a la ciudadanía y servicios públicos esenciales.

DISTRIBUCIÓN

Así, han precisado que esta segunda modificación se distribuye para acciones sociales 900.743,37 euros. En concreto, más de 208.000 euros al programa de empleo de refuerzo de personal para el Programa de Dependencia. Esta partida se destina a la aportación municipal que unida a la realizada por la Junta ha supuesto la contratación de 16 técnicos para dicho programa.

También se incorporan 89.000 euros dentro de la aportación municipal a las ayudas económicas familiares del plan anual de cobertura de necesidades básicas que se desarrolla con la Junta. Por otro, el abono de 300.000 euros para cubrir el servicio de elaboración de comidas destinadas a usuarios del Centro Municipal de Acogida efectuado por la empresa que se contrató de urgencia tras rescindirlo con la anterior adjudicataria.

En el apartado de difusión y comunicación, 14.370 euros para espacios divulgativos y de carácter social dentro del Programa ‘Aprender con Onda’ y para suministro de periódico a personas mayores beneficiarias del servicio de entrega de comida a domicilio.

Por otro, se financian aportaciones del Área de Derechos Sociales comprometidas para programas y servicios de refuerzo que han realizado en el pasado ejercicio distintas entidades.

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19

Por otro lado, para el Área de Servicios Operativos se asignan 445.000 euros. Esta cifra está destinada a financiar tanto los gastos ya realizados como los que se harán próximamente con carácter de emergencia vinculados a las medidas preventivas frente a COVID-19 así como de acondicionamiento de dependencias municipales.

Por otro lado, en el apartado de mejoras y mantenimiento de zonas verdes de Málaga, se incluye un importe de 1.372.763,25 euros para sufragar el servicio de conservación llevado a cabo en el Jardín Botánico hasta que se adjudique el nuevo contrato. Asimismo, se asignan 67.198,56 euros a la adecuación llevada a cabo de zonas de paseo en el Centro zoosanitario municipal y la Protectora de animales y plantas.

Dentro de actuaciones que se han culminado este año, se asignan 317.679,95 euros para financiar la mejora de zonas verdes en parque Alberto Suárez «Pipi»; así como partidas de 94.895,10 euros para obras de infraestructuras hidráulicas para suministro de agua de riego y 4.158 euros para acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidráulica.

TURISMO, CULTURA E INNOVACIÓN

Por otro lado, para turismo, cultura e innovación se cuenta con 1.050.988,11 euros. En este apartado se destinan 105.000 euros a actuaciones en materia de equipamientos turísticos. Entre ellos, 100.000 a la mejora de la oficina de información turística de la Plaza de la Marina; y 5.723,04 a la mejora del punto de información en calle Alcazabilla.

Respecto a equipamientos culturales, por un lado, se destinan 207.844,07 euros (111.064,07 euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) al Teatro Cervantes para equilibrar el déficit de explotación como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Por otro, se asignan 495.405 euros (362.605 euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) a la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales (Cine Albéniz y Festival de Málaga). No obstante, al igual que el Teatro Cervantes, se amortiguará con una política de restricción de gastos para prever ahorros y atenuar el déficit.

En el apartado de Innovación, se asignan partidas como 75.000 euros de subvención para la UMA dentro del convenio sobre formación en contenidos digitales; la subvención municipal para la Feria Tecnológica Aotec por un importe total de 29.040 euros; 10.000 euros para diversas cuotas del Ayuntamiento como miembro de la Asociación Energy Cities; 45.000 euros para consultoría para redacción de propuestas encaminadas a obtención de fondos europeos, no solo vinculados a la innovación; y 20.000 euros a la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos en el marco de distintos eventos.

También se destinan 21.500 euros para la retirada de la infraestructura de recarga rápida para vehículos eléctricos en terrenos de dominio público que se instaló en el marco del proyecto Zem2All; se trata de tecnología que no era comercial sino que se desarrolló en dicho proyecto de innovación, que no tuvo coste para las arcas municipales y que ahora se retira debido a la obsolescencia, al mismo tiempo que se está preparando, en paralelo, un pliego que el Ayuntamiento licitará este año para el despliegue de infraestructura de recarga en la vía pública.

Por otro lado, aunque no se incluye en el importe total de la modificación presupuestaria, sí se modifican bases de ejecución de varias subvenciones: por un lado 91.412 euros dentro del convenio con la Escuela de Organización Industrial para la realización de acciones de formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking.

Además se destinan 20.000 euros a sufragar la subvención concedida a la Fundación Once en el marco del tercer Congreso internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad; y 95.000 euros de aportación municipal para la celebración este año del evento ‘Convergence, The Global Blockchain Congress’.

También para Programas Europeos se destinan 12.760 para equipamientos informáticos del salón de actos del OMAU; y 28.716 euros para acciones de comunicación dentro del proyecto Edusi «Perchel-Lagunillas».

ACTUACIONES DE EMERGENCIA EFECTUADAS

En el apartado de actuaciones de emergencia efectuadas por los efectos de la borrasca ‘Gloria’ se prevé 1.022.893,81 euros. Esta modificación presupuestaria también contempla reponer gastos efectuados por procedimiento de emergencia realizados para atender y subsanar efectos, daños e incidencias de la borrasca ‘Gloria’ en Campanillas y en Málaga Este.

Por último, dentro del apartado de inversiones financieramente sostenibles, a aquellas que no se pudieron culminar a finales del pasado año o se certificaron una vez cerrado el ejercicio de facturación se asignan varias partidas.

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