La localidad malagueña del Rincón de la Victoria suspende las Ferias de verano y procesiones de la Virgen del Carmen tras la celebración de la Comisión Técnica Reactiva

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha celebrado hoy la ComisiónTécnica Reactiva Rincón presidida por el alcalde, Francisco Salado (PP), y en la que han participado los partidos de la Corporación Municipal con la finalidad de acordar distintas estrategias para la revitalización económica y social del municipio como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Entre las principales decisiones que se han tomado en esta mesa, se encuentra  la decisión de suspender la Feria de Rincón de la Victoria, además de las procesiones de la Virgen del Carmen que se desarrollan en La Cala del Moral y Rincón de la Victoria. De igual forma, tampoco se celebrarán las ferias de La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, tras las conversaciones mantenidas con las asociaciones vecinales.

El regidor ha dicho que “estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad entre todos, y éste será el camino hasta recuperar la nueva normalidad, siguiendo la hoja de ruta recogida en el Plan Reactiva Rincón, aprobado en Pleno, que es el resultado del trabajo conjunto y el consenso de las fuerzas políticas de este Ayuntamiento”.

Durante la mesa, se han aprobado distintas actuaciones para revitalizar la actividad en el municipio en cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades sanitarias. La concejala de Cultura, Feria y Fiestas, Clara Perles (C`S), ha propuesto “el desarrollo de otro tipo de actividades culturales, potenciando las artes escénicas, música y cinematografía, priorizando la contratación de artistas y productoras locales y de la provincia”. “Vamos a utilizar espacios públicos que puedan acotarse para garantizar la separación entre personas y controlar los aforos”, ha explicado la edil.

“Esto es algo que le debemos al sector cultural, ya que durante el confinamiento la Cultura nos ha acompañado y nos ha hecho llevadera la situación, si no hubiéramos podido disfrutar del cine, la música y literatura habría sido muy duro”, añade.

Perles ha anunciado que “estamos trabajando en una programación que se llevará a cabo en los cuatro núcleos, y además estamos estudiando la viabilidad de realizar eventos en zonas más alejadas como Parque Victoria y Añoreta”. 

En esta convocatoria, que ha contemplado un Orden del Día, también se ha dado cuenta del Plan Especial de Playas, las decisiones tomadas en la Mesa de Turismo, el desarrollo de un Plan de Sanidad, y la labor que se está haciendo con respecto al comercio, así como las acciones concretas de empleo, un Plan de Inserción social-laboral, el refuerzo de personal al área de Bienestar Social, etc.

Todos los grupos de la oposición han mostrado su conformidad en cuanto a la anulación de las ferias como medida de prevención ante posibles contagios, mostrándose participativos en materia de sanidad priorizando la salud de los vecinos.

Noche de San Juan

La ComisiónTécnica Reactiva Rincón también ha respaldado la propuesta de la Concejalía de Juventud de suspender la Noche de San Juan. El concejal, Antonio José Martín (PP), ha informado que cómo alternativa “se llevará a cabo un concierto vía streaming con el objetivo de ofrecer una alternativa musical y de entretenimiento a la noche”.

También se han aprobado distintas medidas, principalmente en cuanto a la seguridad en las playas “con la que pretendemos evitar que se sucedan aglomeraciones o no se respeten las distancias entre personas”. En este sentido, la Comisión Técnica ha aprobado promover una campaña de concienciación ciudadana ya que esa noche no se pueden celebrar hogueras, barbacoas, etc en la playa.

Desde el Ayuntamiento se pide a los ciudadanos que sigan manteniendo las medidas de seguridad para evitar contagios. Y se recuerda que no están permitidas las hogueras, tampoco en la noche de San Juan. Habrá un dispositivo especial para esta noche para evitar problemas en el caso de que no se sigan estas recomendaciones.

El transporte público de Rincón de la Victoria, Málaga, recupera en un 70% la frecuencia de sus líneas

El servicio de transporte público urbano de Rincón de la Victoria (Málaga) recupera desde este lunes, coincidiendo con el inicio de la fase 3 del plan de desescalada, en un 70 por ciento la frecuencia de sus líneas.

El concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Antonio Fernández, ha informado de que ya se han restablecido al cien por cien las líneas 1 y 2, que hasta el momento operaban con restricciones horarias como consecuencia del confinamiento por el COVID-19.

En este sentido, el edil ha asegurado que de forma gradual se está procediendo al restablecimiento del transporte público «garantizando todas las medidas de seguridad teniendo en cuenta el aumento en la ocupación».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado «el enorme esfuerzo que se viene realizando para garantizar la continuidad del servicio con todas las medidas, tanto para trabajadores como usuarios del transporte público». Además, ha agradecido a la empresa que gestiona el servicio, Rincónbus, «el importante trabajo que está realizando para restablecer la normalidad y la confianza de los usuarios del servicio».

Durante las últimas semanas se ha experimentado un aumento en un 30 por ciento del número de usuarios del transporte público urbano. «El objetivo es alcanzar prácticamente la normalidad en las próximas semanas», indica Fernández.

Las frecuencias de las líneas 1 y 2 ya operan en su horario habitual, desde las 07.00 horas con salida de Benagalbón hasta las 22.00 horas de lunes a domingo (L1), y desde las 07.30 horas desde La Cala del Moral hasta las 21.30 horas de lunes a viernes (L2). Las líneas 3 y 4 mantienen su frecuencia como en la Fase 2 de la desescalada, de lunes a viernes de 07.30 a 15.30 horas de lunes a viernes, y las líneas 5, 6 y 8 continúan sin servicio.

Por otro lado, se mantienen las medidas de higiene y seguridad de acuerdo con las recomendaciones que establece las autoridades sanitarias como el distanciamiento social, uso obligatorio de la mascarilla, limpieza y desinfección diaria de los vehículos que tras finalizar el trayecto se someten a una desinfección mediante pulverización con un higienizante de superficie, así como la limpieza manual de barandillas, asientos y respaldos.

La Fiscalía pide a la juez del 8-M que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia de un particular contra Franco por autorizar manifestaciones entre el 5 y 14 de marzo de 2020 y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.

El recurso de la Fiscalía llega justo dos días antes de que el delegado del Gobierno en Madrid tenga que comparecer ante la juez Rodríguez-Medel para declarar en calidad de investigado en esta causa, en la que se trata de esclarecer si omitió las advertencias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que seis días antes del 8-M emitió un informe en el que instaba a cancelar todas las concentraciones, así como las recomendaciones sanitarias para prevenir el riesgo de contagio.

Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre esta causa y, «consciente» de ello, explica en su escrito que «esta circunstancia obedece» a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Dicha suspensión se levantó el pasado 4 de junio.

Afirma que ahora es el «momento procesal» para «combatir el auto de incoación» y «valorar la mayor parte de las actuaciones que se vienen practicando» desde entonces. En este sentido, se muestra de acuerdo con la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, y considera que este auto es «nulo», ya que genera indefensión.

NI DICTÓ RESOLUCIÓN NI ACTUÓ DE FORMA ARBITRARIA

Así, el Ministerio Público asevera que Franco no ha cometido ningún delito de prevaricación, ya que, según dice, el mero hecho de recibir una comunicación acerca de la celebración de una manifestación «en ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 del Código Penal».

«Recibir una comunicación no equivale a dictar resolución», recalca el fiscal, al mismo tiempo que subraya que esta actuación no sólo tiene que resultar «ilícita», sino también «arbitraria». Por ello, entiende que «además de no dictar ninguna resolución», tampoco se puede acusar a Franco de haber tenido un comportamiento arbitrario «en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal».

En su opinión, el delegado del Gobierno en Madrid no dejó de resolver petición alguna «a que viniera legalmente obligado» y tampoco cabe atribuirle un delito de prevaricación omisiva porque «no existía norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad».

En este sentido, el recurso, además de reprochar a la juez de Madrid que no haya identificado «con claridad» el hecho «cuya ilegalidad haya que valorar», hace hincapié en que es «sumamente relevante precisar que los delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria».

Por ello, no ve «razonable» exigirle la prohibición de manifestaciones por razones sanitarias «cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo».

Por otro lado, la Fiscalía también hace referencia a la posibilidad de que Gobierno hubiera emitido una orden para no cancelar concentraciones y afea que la magistrada exponga tal «hipótesis» en el auto de admisión a trámite de la denuncia sin «apoyo en dato indiciario alguno».

Añade al respecto que tras las práctica de varias diligencias «puede igualmente afirmarse que sigue sin apreciarse ningún indicio de la existencia de dicho mandato» y asegura que aún practicando otras nuevas «pudiera llegarse a una conclusión diferente».

ANÁLISIS DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS

En el auto recurro, la magistrada ordenó a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre el curso dado a las advertencias sobre el riesgo de contagio y al médico forense adscrito al juzgado que analizará si las manifestaciones «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas».

La Fiscalía reconoce que las ha analizado «a los efectos de apreciar si existe en ellas cuando menos un atisbo de intencionalidad dolosa que justifique continuar con la investigación», pero concluye que «no es así».

Explica que ello se debe a que si toma como «hipotético momento» de comisión delictiva la fecha de emisión del documento por el que el delegado del Gobierno toma conocimiento de una convocatoria de manifestación en vía pública, se puede apreciar que para «la inmensa mayoría de las concentraciones que tienen lugar en el mes de marzo, la declaración formal de recepción de comunicación se fecha en el mes de febrero, produciéndose a principios de marzo en un número muy reducido de supuestos».

En cuanto al informe del Centro Europeo para el Control y prevención de Enfermedades emitido el 2 de marzo, al que aluden tanto el auto como la denuncia, la Fiscalía hace hincapié en que el documento recomendaba la cancelación de concentraciones masivas en los escenarios 3 y 4 y que en ese momento situaba a España en el primer escenario, aunque avisaba de que «podría evolucionar rápidamente al escenario 2».

También destaca que, en contra de lo que afirma la denuncia, el documento denominado ‘Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus COVID19 en la Comunidad de Madrid’, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que recoge medidas básicas de higiene, es emitido con fecha de 5 de marzo de 2020 y no se refiere a medidas relativas a concentraciones en espacios abiertos.

ES «INVEROSÍMIL» CREER QUE FRANCO PODRÍA HABER EVITADO EL CONTAGIO

Por último, la Fiscalía precisa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el covid-19 como emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de 2020 y que no es hasta el 11 de marzo cuando se declara como pandemia.

Así, señala que las directrices emitidas por esta organización el 16 de febrero para el «control de enfermos en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos» o el día 24 del mismo mes, cuando emitió un plan de respuesta internacional, en el que recogía un caso acreditado en España, tienen «carácter de recomendaciones o programas de actuación».

«Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil», concluye la Fiscalía.

La Fiscalía también ha presentado al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid un informe sobre el recurso de la Abogacía del Estado contra el auto por el que se inició la investigación contra Franco, y en el que acusó a la juez de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

Un segundo informe forense sobre el 8M dice que «la hecatombe se veía venir» y que Illa y Simón conocían la situación

El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid afirma que «la hecatombe en España» que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus «se veía venir» desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación.

«Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista», explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.

Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la investigación dirigida por la titular del Juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

El documento el médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51, reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del «gran riesgo» que existía de contagiar el coronavirus. También recoge que no se hizo una valoración de riesgos como pidió la OMS el 14 de febrero, ni se atendió a «algunas» de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo, lo que habría aminorado «el daño a la salud» y «las consecuencias económicas y sociales».

El médico forense ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, el del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid «se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan». Ese mismo día, según el informe, «en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del riesgo para los ciudadanos».

El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una «amplia difusión» de la Covid-19, «de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio» habría facilitado que los ciudadanos «adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad».

En el mismo documento se dice que «no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones» antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo y que resultara infectado por el Covid-19 «lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.».

«En cambio», añade el informe, «no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS y además es lógico y natural desde que se instauró la epidemia».

CONOCIMIENTO DE SANIDAD Y LA COMUNIDAD DE MADRID

En doce puntos de conclusiones, el médico forense califica de «elevada» la posibilidad de contagio en manifestaciones donde los «participantes podían estar contagiando la enfermedad sin ser conscientes de ello, aun cuando aún no tuvieran síntomas».

«Entre estas recomendaciones cobra especial interés la medida de distanciamiento social», continúa el forense en su punto octavo de conclusiones, donde sostiene: «Estas cuestiones previas y el exacto estado en que nos encontrábamos en cada momento eran conocidos por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid».

El informe del forense Julio Lorenzo comienza con unos párrafos en los que quiere dejar claro que conoce la «especial relevancia» de este procedimiento judicial, que califica de «delicado» por afectar a un «personaje público» como es José Manuel Franco

Ya desde el principio, el forense introduce valoraciones personales como que es consciente de que el caso se ha tornado muy «mediático» y que existe un «clima de cierta crispación social» y que «se podría pensar que ello influye en algún sentido en la imparcialidad del informante».

Concluye este capítulo afirmando «con alivio» que ni él ni «ninguna persona» de su «amplia familia (madre, suegra, mujer, cuñados, hijos, nietos, hermanos, tíos ni sobrinos) han sufrido ni el más síntoma de covid-19». «Lo digo por si alguien pudiera pensar que podría existir el más remoto conflicto de intereses», apunta.

Más adelante, en el epígrafe denominado ‘Consideraciones médico forenses’, Lorenzo resume en un índice los apartados a examinar, entre ellos cuestiones relativas a su informe anterior, a «días clave» o a «advertencias de organismos internacionales». Pero el punto 8 está titulado ‘El tsunami que viene’, apartado que comienza con la expresión «se veía venir».

En este punto, el forense afirma que a finales de febrero «se notaba la tensión» en el CCAES, una conclusión a la que llega por el «estudio de los correos electrónicos» de personal de este centro. Cita algunos nombres y expresiones supuestamente utilizadas en esos e-mails para hablar de «evolución galopante» de la epidemia». «Imagino los semblantes de preocupación de estos profesionales analizando la situación. Por eso he titulado ‘el tsunami que viene'», añade.

REPROCHES A LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y MENCIÓN A MONTERO

Seguidamente, el experto dedica todo un epígrafe a uno de los recursos de la Abogacía del Estado, en los que la defensa de José Manuel Franco, a la que reprocha que diera a entender que no se produce difusión de la enfermedad causada por el coronavirus en la protesta feminista.

En este punto cita un documento de la OMS de 14 de marzo y por tanto posterior a la manifestación donde se dice que las reuniones masivas pueden ampliar la propagación de enfermedades para añadir que «no haría falta recurrir a la cita anterior ni al estudio científico para demostrarlo, y hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea y por lo tanto sincera- manifestación ante unas cámaras de televisión el día 9 de enero», en alusión a las palabras de la titular de Igualdad reveladas la semana pasada por el diario ABC.

«No quiero pensar, pero debo decirlo (…) que nos estábamos acercando al famoso 8M y el primer supuesto, el sí a las medidas de distanciamiento social, habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación, no quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentación en pro de la no cancelación», concluye en este punto.

Añade que «puede pensarse que todas las personas que acuden a esos eventos son extremadamente solidarias y al menor síntoma de covid dejan de acudir. Seamos realistas, eso es casi ilusorio. Es tal el grado de motivación precisamente para las manifestaciones como la del 8 de marzo o de otro tipo, como las de Vox», subraya.

En su opinión, «no es casualidad» que un «número indeterminado de las personas» que estuvieron el 8M, como «ministras y demás personajes públicos», contrajeran coronavirus, aunque «el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí».

La Unión de Autónomos exige que se solucione la situación de los autónomos feriantes

La Unión de Autónomos UATAE-Andalucía ha pedido que se solucione de forma urgente la situación que viven los trabajadores autónomos feriantes como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. “Han sido los grandes olvidados de la reactivación”, afirma Pepe Galván, Secretario General de los autónomos andaluces. Estas microempresas no han sido tenidas en cuenta en ninguna de las fases de la desescalada, estando paradas y sin actividad desde la publicación del decreto del Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo.

Este apoyo viene a reafirmar las demandas del sector, que ha convocado para el día 9 de junio una marcha en Sevilla para reivindicar su problemática. La comitiva saldrá del Recinto Ferial a las 11.00 y leerá manifiestos ante la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y el Parlamento.

Galván indica que “estos pequeños empresarios se encuentran en un limbo legal y político, ya que la suspensión de ferias, romerías, verbenas y fiestas populares les ha dejado sin lugar donde realizar su actividad y sin reflejo en ninguna normativa de reactivación”. Se refiere el Secretario General de UATAE-Andalucía a las recomendaciones de la propia Junta de Andalucía, a través de su portavoz, Elías Bendodo, para que “durante todo el verano no se celebren por responsabilidad” estos eventos en la Comunidad Autónoma. La sugerencia no se ampara en ninguna normativa sanitaria, pero tampoco se hace una expresa prohibición, por lo que “supone una dejación de funciones, trasladando la responsabilidad y la decisión a los ayuntamientos y otras instituciones organizadoras que, en la mayoría de los casos, están suspendiendo actos hasta septiembre”.

Esta dinámica condena al sector a la ruina, “con lo que se ponen en peligro el empleo y la vida de más de 8.000 personas en toda Andalucía”, según Galván, quien insiste en que “todas las administraciones han olvidado y dejado atrás a los feriantes, dejándolos invisibles, sin atención alguna”. En este sentido, Galván los asimila a los autónomos de temporada, “que ni pueden trabajar ni están recibiendo ayudas, a pesar de ser un sector muy necesitado”. La Unión de Autónomos ha presentado ante diversas instituciones, como la Consejería de Empleo de la Junta, varias peticiones para que autónomos de temporada como estos feriantes sean incluidos en las medidas en favor de los autónomos.

UATAE-Andalucía solicita a todas las administraciones medidas urgentes para paliar esta situación. Entre ellas, destacan la inclusión del colectivo y sus representantes en las mesas de trabajo para la reconstrucción de la economía o el apoyo institucional para mejorar las condiciones en seguros y reaseguros de la flota de vehículos o de responsabilidad civil.

De igual modo, se suman a los convocantes a la marcha del día 9 de junio en su demanda de que se les apliquen de forma clara las medidas tomadas para otros autónomos, como moratorias específicas para préstamos personales, hipotecarios o de inversión; garantía de liquidez a través de Líneas ICO en las que se flexibilicen las exigencias de la banca; o la exención de impuestos y tasas, como en otros sectores

Se solicita también que se extienda la prestación por cese de actividad y los ERTES más allá del fin del Estado de Alarma, hasta que efectivamente puedan recuperar su actividad, algo que cifran alrededor del segundo trimestre de 2021. Así mismo, ven necesario prorrogar la suspensión de plazos tributarios hasta el efectivo y real comienzo de la actividad, que se incluya su ámbito en las Medidas de Apoyo al Sector Cultural publicadas en el RD 17/2020 de 17 de mayo, y también en la distribución de fondos o planes especiales creados para las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos. Finalmente, como reivindicación histórica, desean recuperar la aplicación de IVA del tipo reducido al 10%.

La Unión de Autónomos UATAE-Andalucía apoya la marcha pacífica del 9 de junio, y pide estas ayudas directas e indirectas para un sector “que forma parte del paisaje de Andalucía, que trabaja en duras condiciones para acompañarnos en nuestro ocio y diversión y a los que no podemos dejar tirados”.  

La localidad malagueña de Fuengirola entrega 16 viviendas de alquiler social a familias vulnerables y una de uso compartido para mayores

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha entregado este lunes las llaves de las 16 viviendas de alquiler social a otras tantas familias con pocos recursos de la ciudad, así como las de la vivienda compartida para nueve mayores de 60 años que vivían solos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Viviendas Sociales que la institución local inició durante el mandato pasado. En esta ocasión, todas ellas están situadas en un inmueble de titularidad municipal en la calle Salvador Rodríguez Navas.

El Ayuntamiento ha destinado algo más de un millón de euros a construir un inmueble en el que ofrecer una alternativa habitacional a estos dos segmentos vulnerables de la población fuengiroleña, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

«Vivimos momentos difíciles, por lo que este proyecto, que iniciamos hace algo más de dos años, se ha hecho más necesario que nunca», ha dicho la alcaldesa, quien ha señalado que con esta entrega dan «un empujoncito a 16 familias de nuestra ciudad que pasan por un mal momento económico y que necesitan ayuda para volver a encontrar la forma de salir adelante».

Así, ha señalado que estas familias «contarán con el respaldo de su Ayuntamiento ofreciéndoles un techo a un precio asequible», apuntando que desde el Consistorio «tampoco nos olvidamos de otro sector de nuestra sociedad que precisa ayuda: hablamos de los mayores que viven solos».

Al respecto, ha indicado que estos nueve mayores «dejarán de estarlo, se tendrán unos a otros y también a los Servicios Sociales municipales, que estarán pendientes de ellos».

El inmueble, de nueva construcción, se ha alzado sobre el terreno en el que se situaban las antiguas casas de los maestros del anexo colegio Sohail, que databa de los años 50 del pasado siglo. El mal estado en el que estaba esta edificación hizo necesario derribarla y levantar una nueva.

El proyecto social se compone de dos iniciativas: las viviendas de alquiler social temporal para vecinos con pocos recursos y las casas compartidas para personas mayores que viven solas.

La misión de la primera de estas acciones es ofrecer este bien a familias empadronadas en la ciudad cuyos titulares no pueden acceder al mismo por sus propios medios económicos. En este caso, el ente local les alquila temporalmente una de estas viviendas a un precio asequible hasta que logran la autonomía suficiente para desarrollar y financiar su proyecto vital.

Para optar de uno de estos arrendamientos temporales, los beneficiarios han tenido que estar inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en su modalidad de alquiler. A partir de ahí, los Servicios Sociales estudian cada caso, valoran y otorgan o no las solicitudes conforme a la legislación andaluza en esta materia. Entre otras cuestiones, el documento normativo atiende a criterios de renta, número de integrantes de la unidad familiar o edad de sus titulares.

Por su parte, las viviendas compartidas para mayores es un proyecto destinado a combatir la soledad que sufre este sector generacional de la ciudad. La primera de estas se entregó a principios del pasado año y está pensado para vecinos que no cuenten con familiares directos en el entorno que puedan auxiliarlos.

Además, para acceder a una de ellas, el solicitante ha debido estar, al menos, tres años empadronado en Fuengirola, estar jubilado, prejubilado o tener alguna discapacidad leve pero que le permita ser autónomo en su actividad diaria, o no sufrir alguna enfermedad infecto-contagiosa, entre otras condiciones que establece el reglamento de dicho programa.

«En estos momentos de crisis, es cuando el Ayuntamiento tiene que estar aún más junto con los vecinos que peor lo están pasando. Por eso, hoy entregamos estas llaves con la esperanza que sean ese empujón que estas familias necesitan para pasar esta mala racha y recuperen su propia autonomía económica; sus vidas en definitiva», ha incidido Mula.

Asimismo, la alcaldesa ha reiterado que «no vamos a dejar a nadie atrás. No lo hemos hecho nunca. Seguiremos trabajando por dar soluciones a todos nuestros vecinos».Imprimir

El Gobierno anuncia que 255.000 ciudadanos cobrarán el Ingreso Mínimo Vital el 26 de junio

255.000 ciudadanos recibirán el próximo 26 de junio el Ingreso Mínimo Vital, es decir, 75.000 hogares, de los cuales la mitad serán niños, según ha anunciado este domingo en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«El próximo 26 junio, 255.000 ciudadanos recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias, esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida, y más de la mitad de los beneficiarios de oficio van a ser menores», ha señalado Sánchez tras la décimo tercera reunión con los presidentes de las Comunidades Autónomas para tratar la crisis por el coronavirus y las medidas para abordarla.

El Gobierno estima que este ingreso llegará a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Por eso, Sánchez ha justificado la aprobación de esta medida en que servirá para la «lucha contra la pobreza infantil».

Sánchez también ha informado de que solo en una semana, la web dedicada al Ingreso Mínimo Vital, que se aprobó el pasado viernes 29 de mayo en Consejo de Ministros, se han recibido 21 millones de visitas, en las que se han hecho 3,5 millones de simulaciones de las prestaciones, «cifras que si visualizan algo, es el enorme impacto en la sociedad española, un impacto positivo».

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El Equipo de Gobierno de Torremolinos, Málaga volverá a bajarse el sueldo

El equipo de gobierno de Torremolinos ha informado que el sueldo de los cargos políticos se verá reducido en un diez por ciento como medida tras la crisis generada por el COVID-19 que ha causado un impacto negativo en los vecinos del municipio. El gobierno adopta este recorte, que se sumará al realizado a principios de la legislatura pasada.

 
Tras renunciar hace cuatro años al cobro de emolumentos por participación en comisiones o consejos de administración, el equipo de gobierno reducirá ahora de nuevo sus percepciones como compromiso con la ciudadanía, en un momento en el que todos los esfuerzos irán destinados a paliar la crisis generada por la pandemia, en la que muchos vecinos están viviendo una situación inédita y necesita de un impulso en las medidas sociales programadas por el propio equipo de gobierno.

 
En la actualidad los ingresos percibidos por el equipo de gobierno se han visto reducidos en muchas ocasiones a más de 50.000 euros, con respecto a anteriorea gobiernos del Partido Popular, ya que no se cobran presidencias de consejos de administración o asistencia a comisiones informativas.

 
El gobierno municipal ha anunciado que este recorte salarial se extenderá a todos los cargos políticos, tanto a los concejales de gobierno como de oposición, a los cargos de confianza y a la cantidad asignada a determinados ediles de la oposición por su asistencia a plenos.

El Gobierno inicia la tramitación de una nueva ley para acabar con los ‘falsos autónomos’

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado la tramitación de una nueva ley que regule el trabajo de los denominados ‘falsos autónomos’ mediante la consulta pública del nuevo proyecto normativo para reformar el trabajo por cuenta propia y ajena a través de plataformas tecnológicas.

El departamento de Yolanda Díaz, que desde hoy ha puesto en consulta pública el inicio de la tramitación de la nueva norma para que los interesados puedan enviar sus propuestas hasta el 22 de junio, afirma que el uso de medios tecnológicos o digitales no puede «desvirtuar» la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo.

El debate que subyace a esta nueva norma que quiere aprobar Trabajo es si algunos colectivos como los ‘riders’ pueden ser considerados o no ‘falsos autónomos’, como ya indican algunas sentencias, aunque otros tribunales no lo consideran así.

Díaz ha defendido desde el principio que, en opinión de su departamento, se trata de ‘falsos autónomos’, por lo que se ha comprometido a regular estas nuevas formas de trabajo para garantizar su protección laboral.

Para Trabajo, los nuevos modelos de negocio on line deben estar sometido «a las mismas reglas» que los modelos de negocio clásico para «equiparar» los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos.

De ahí la necesidad, según Trabajo, de articular «de manera segura y con las certezas necesarias» una realidad económica nueva que debe garantizar la protección de quienes son trabajadores, aun cuando puedan prestar servicios de un modo que se aparta del tradicional (trabajo esporádico, sin lugar físico determinado, sin horario establecido, etc.), pero que están «sometidos al control» de la prestación y a un poder informático y tecnológico de nivel superior sobre los procesos y los resultados.

En este sentido, Trabajo asegura que la cobertura y protección de las personas trabajadoras por cuenta ajena a través de estos modelos de negocio es «capital», puesto que la distinción entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia lleva consigo la aplicación de regímenes jurídicos distintos basados en el reconocimiento de situaciones subjetivas concretas.

GARANTIZAR UN SALARIO MÍNIMO Y UN TIEMPO DE TRABAJO MÁXIMO

En concreto, el departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo suelo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.

«Se trata de proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno descrito aclarando la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa», subraya Trabajo, que añade que la nueva norma trata también de evitar el «uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias», con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para los trabajadores afectados.

El PP ha denunciado que el PSOE y Unidas Podemos han vetado la comparecencia de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega

El PP ha denunciado que el PSOE y Unidas Podemos han frenado la posibilidad de que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, compareciera en el Congreso para dar cuenta de los informes que el máximo órgano consultivo del Gobierno pueda haber redactado sobre la aplicación del estado de alarma ante la pandemia de coronavirus.

Los dos partidos que comparten el Ejecutivo aunaron sus votos el pasado martes en la Mesa del Congreso para vetar la petición del PP que pedía la comparecencia ante la Comisión Constitucional de la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.

Los ‘populares’ sostienen que se trata de un veto «arbitrario» que responde «a razones estrictamente políticas» y ya anuncian que presentarán un recurso ante la Mesa del Congreso para que reconsidere su negativa a citar a la presidenta del Consejo de Estado.

Además, el PP tacha de «increíble» el argumento utilizado por la mayoría de la Mesa de la Cámara para inadmitir su solicitud. En concreto, socialistas y ‘morados’ alegaron que la comparecencia de De la Vega «no tiene relación con la materia objeto de debate» en la Comisión Constitucional.

Por el contrario el PP defiende que según el artículo 2,1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, entre las funciones de este órgano está el velar «por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico».

¿A QUÉ TIENEN MIEDO?

De ahí, apunta el primer partido de la oposición, que en otras legislaturas el presidente del Consejo de Estado haya comparecido con normalidad ante la Comisión Constitucional del Congreso. «Ahora, los motivos para esa comparecencia son aún mayores, si cabe», subrayan desde el PP.

«Cuando un debate fundamental sobre la aplicación del estado de alarma, tanto en el Congreso como entre los expertos, es el relativo al cumplimiento de la Constitución en su aplicación, ¿cómo entender que los partidos del Gobierno impidan la comparecencia de la presidenta del órgano cuya función es velar por la Constitución? ¿A qué tiene miedo el Gobierno? ¿Por qué impide que conozcamos los informes del Consejo de Estado?, se preguntan los de Pablo Casado.

MÁLAGA CELEBRA LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DE TRABAJO “COHESIÓN SOCIAL” PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD DE LA CRISIS DE LA COVID-19

Hoy ha tenido lugar la segunda reunión de la mesa de trabajo “Málaga, cohesión social” que tiene como objetivo la recopilación de propuestas de los agentes sociales de la ciudad para incorporarlas al trabajo que esta desarrollando el Ayuntamiento desde el inicio de la crisis del coronavirus. La primera reunión se celebró este miércoles pasado.

Se celebrará a las 18:30 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y será retransmitido en directo a través del canal municipal en YouTube.

Participan en este foro integrantes del grupo de gobierno, los grupos políticos municipales, representantes de otras administraciones, asociaciones y entidades sociales, colegios profesionales y las agrupaciones de desarrollo en las que participa el Ayuntamiento.

Un sindicato de la Policía pide la dimisión de Alberto Garzón por relacionarles con el «golpismo» y a Marlaska que los defienda

El sindicato de la Policía CEP ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al entender injustificado que relacionara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con una «banda organizada» y con el «golpismo».

La CEP recuerda en un comunicado que los policías juran fidelidad a la Constitución y considera que las palabras de Garzón «no son un error». «Sabía lo que decía y lo que iba a provocar. Hacemos un llamamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que salga al paso de estas acusaciones y pida a su compañero que rectifique cuanto antes».

«El ministro ha traspasado una línea roja», sostiene en un comunicado la CEP, «al insinuar que algunos policías o guardias civiles asumen un discurso golpista». «Decir eso sin pruebas es un escándalo y manifestarlo en público es una canallada», añaden.

En una entrevista en ‘Los desayunos de TVE’, Garzón ha señalado al mensaje «peligroso» de PP y Vox, que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de «criminal». «Un discurso que está calando, y muchas instituciones pueden ser reflejo de ello», ha añadido.

También ha hecho mención a la existencia de «elementos reaccionarios dentro» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que «asuman como propio el discurso que invita al golpe del Estado» que alienta la «derecha política».

La Guardia Civil afirma que el 10 de febrero Sanidad ya sabía que se debía guardar una distancia de 2 metros

La Guardia Civil concluye en la ampliación de su informe sobre la investigación del 8M, que ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, «sabía» desde el 10 de febrero que se debían establecer medidas sanitarias como guardar una distancia de seguridad de 2 metros para evitar contagios del coronavirus. 

Además de conocer ya la «peligrosidad», la alta contagiosidad, las complicaciones que provocaba el virus y que los más vulnerables eran ancianos y sanitarios. Es decir, que en esa fecha, se refleja ya el «grado de conocimiento de la enfermedad y su posible gravedad».

Estas son algunas de las conclusiones que extrae el instituto armado tras analizar un informe del Centro que dirige el doctor Fernando Simón y que está fechado el 10 de febrero. La decisión de buscar este texto se produjo a raíz de tener conocimiento de otro informe, fechado el 6 de marzo titulado «Informe Técnico: Enfermedad por Coronavirus, COVID-19. Actualización 6 de marzo de 2020». Al tratarse de una actualización, los agentes de la Policía Judicial buscaron el informe que precedía a este y lo encontraron en los archivos de la web del Ministerio, a pesar de que el link de acceso al mismo había desaparecido.

Según reflejan los agentes en el documento al que ha tenido acceso Europa Press, el informe del CCAES del 10 de febrero ya establece «la peligrosidad» de este coronavirus comparándolo con el SARS-CoV, con el guarda un 79 por ciento de identidad genómica y establece el mecanismo de transmisión a través de «secreciones de personas infectadas» principalmente por gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y de las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

En ese informe del CCAES también se incluye el periodo de incubación de 2 a 14 días; se recoge que en ese momento la proporción de casos graves oscila entre un 15 y un 35 por ciento y entre un 11 y un 15 por ciento de letalidad y advierte del riesgo de contagio entre los profesionales sanitarios basándose en lo ocurrido en Wuhan, donde apareció el brote inicial del virus.

SE CONOCÍAN LAS POSIBLES COMPLICACIONES

También explica las complicaciones que se producen en base al análisis de 99 casos hospitalizados en Wuhan: 23 requirieron ingreso en UCI, 17 sufrieron síndrome de distrés respiratorio del adulto; 3 fallo renal; 8 daño pulmonar agudo; 4 shock séptico y 1 neumonía asociada a ventilación mecánica. «En el momento de publicar la serie 11 habían fallecido, 31 habían sido de alta y 58 permanecían ingresados», rezaba el informe del CCAES que recoge la Guardia Civil en el texto entregado a la juez Carmen Rodríguez-Medel.

En esa fecha, dicen los agentes, ya se conocían casos leves y asintomáticos en Alemania, España, Bélgica e Italia, principalmente casos secundarios. El caso índice fue una ciudadana china que viajó a Alemania con sintomatología específica que generó 10 casos secundarios en sus contactos cercanos: 9 en Alemania y 1 en España.

La Guardia Civil señala que, a pesar de disponer de dicha información el 10 de febrero no se tomó ninguna medida de restricción de los vuelos hasta el 10 de marzo, ni tampoco se tuvo en consideración la existencia de personas contagiadas que podían ser asintomáticas.

SE RECOMENDABA AISLAMIENTO CON MASCARILLAS DE ALTA EFICACIA

Pero en ese informe de 10 de febrero sí se incluyeron algunas medidas de salud pública que ya recomendaba la OMS, las mismas precauciones que para otros coronavirus de transmisión por gotas y por contacto en contexto epidémico y se contemplaba el «aislamiento aéreo» con «mascarillas de alta eficacia» en situaciones o maniobras en las que se pudieran generar aerosoles.

La conclusión de la Guardia Civil en relación con este informe es que el CCAES «sabía» desde el 10 de febrero «y así lo reflejó en el citado documento» que: se trataba de una infección vírica producida por un nuevo coronavirus con una alta contagiosidad; la transmisión fundamental era persona a persona a través del aire; la morbimortalidad era elevada 11 de 99 casos y se reconocía la gravedad de la infección 1 de cada 3 pacientes precisaron UCI.ayores incidencias.

A estas conclusiones se añaden que Sanidad sabía ya en esa fecha que las medidas de contención debían incluir el «aislamiento preventivo y el distanciamiento social debiéndose guardar una distancia de seguridad de al menos 2 metros» Y que las personas más vulnerables eran los ancianos y el personal sanitario.

La Guardia Civil incluye también el análisis del informe que actualiza el anterior, el que emite el CCAES el 6 de marzo y que envía a la Ponencia de Alertas. Y vuelve a destacar la necesidad que recoge el CCAES de tener una distancia de 2 metros para evitar contagios.

Así, señala que en su página 6, en el capítulo titulado «Mecanismo de transmisión humano con humano» dice: «la vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos».

La Guardia Civil recuerda que en esa misma página se admite que con la aplicación de medidas de Salud Pública disminuye la tasa de reproducción como se había comprobado ya en Wuhan y en el resto de China.

«Es decir, el día 6 de marzo de 2020 se tiene pleno conocimiento de que la tasa de contagios disminuye con la aplicación de medidas de Salud Pública; recordemos que tales medidas son el aislamiento y el distanciamiento social tal y como publica la OMS el día 2 de marzo de 2020 para protegerse del coronavirus», sentencia el informe de la Policía Judicial.

La Junta de Andalucía anuncia un Plan de Empleo con los ayuntamientos dotado con 165 millones, que creará 19.000 puestos de trabajo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este jueves a las fuerzas políticas representadas en la Cámara del Parlamento andaluz de la puesta en marcha de un Plan de Empleo con los consistorios, con una inversión de 165 millones de euros, que promoverá la creación de hasta 19.000 puestos de trabajo. 

Una medida que se suma a las ya iniciadas por el Gobierno de Andalucía durante el Estado de Alarma por la Covid-19 para intentar dar apoyo a los colectivos más vulnerables, al tiempo que se reactiva la economía en la comunidad autónoma. Además, ha agradecido la labor de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y a su responsable, Rocío Blanco, para sacar adelante este proyecto con el objetivo de recuperar parte del empleo destruido por esta crisis.

En este sentido, se ha referido a los 1.000 millones de euros movilizados para dar liquidez a los autónomos, mutualistas y pymes, así como a las ayudas dirigidas al pequeño comercio y a la artesanía para hacer frente a la crisis, con un paquete de 11 millones de euros. También ha recordado la Renta Mínima de Inserción Social de carácter extraordinario, a percibir durante cinco meses y con un presupuesto de 10,5 millones, y las ‘Tarjetas monedero‘, para garantizar el consumo de bienes de primera necesidad a más de 20.000 familias vulnerables, «para que puedan vivir con dignidad», ha dicho.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Moreno ha destacado el esfuerzo y el compromiso de su Ejecutivo en la lucha contra el coronavirus y para la recuperación social y económica de la comunidad autónoma. Así, ha señalado que han sido 229 las disposiciones aprobadas. Entre ellas: 12 decretos-ley, 33 órdenes y 126 acuerdos de Consejo de Gobierno en los ámbitos sanitarios, social y económico.

Apuesta del Gobierno andaluz por el sector del turismo, clave en la economía andaluza

En otro orden de cosas, el presidente andaluz ha apostado por seguir trabajando y potenciando el sector turístico, un sector clave en Andalucía, y continuar generando seguridad y confianza hacia el exterior.

Así, ha afirmado que el turismo es el principal motor de la economía andaluza y es que ha resaltado que éste representa el 13% del PIB regional y da empleo a unas 460.000 personas al año. «La crisis del coronavirus ha supuesto un frenazo en seco para la actividad de hoteles, restaurantes y comercios y un impacto económico que ha sido dramático», ha apuntado.

En este punto, ha aseverado que a día de hoy el sector turístico ya empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía existen restricciones y, es por ello, que muchos establecimientos no han podido abrir sus puertas.

Moreno ha manifestado que las reservas en zonas de playa de Andalucía han crecido en la última semana en un 167%, situándose la comunidad como la zona del mundo con más reservas de hoteles y apartamentos turísticos en los últimos siete días. «Andalucía acapara casi el 34% de las reservas, por delante de Florida (EEUU), con el 31,5%, y de Portugal, con algo menos del 10%».

De este modo, se ha referido a algunas de las iniciativas y medidas que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha para la tener a punto las playas andaluzas en los próximos meses de verano entre las que ha mencionado los 10,5 millones de euros que se han destinado a los ayuntamientos para asegurar las condiciones adecuadas de salud, higiene y seguridad; al sello de ‘Andalucía Segura’ en los establecimientos y que supondrá una garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias, a la contratación de 3.000 personas para trabajar como auxiliares de playas durante todo el verano y a la aprobación de 23 millones de euros para poder llevar a cabo esta medida.

El presidente de la Junta ha subrayado que el sector turístico va asociado a las características propias de nuestra región que es rica en su patrimonio histórico y cultural, tan visitado por turistas nacionales e internacionales, al mismo tiempo que ha destacado los parques y espacios naturales que existen en la comunidad autónoma, una comunidad bañada por el atlántico y por el mediterráneo.

Es aquí donde ha recordado que el Gobierno andaluz ha aprobado el Plan General de Turismo Sostenible (2021-2027) que busca hacer de Andalucía un destino más competitivo, más sostenible en lo ambiental, económico y social, una mayor adaptación al uso de las nuevas tecnologías y potenciar la marca Andalucía.

Moreno ha reiterado que en la mayoría de las videoconferencias de los domingos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha planteado la necesidad de contar con un Plan nacional de rescate al Turismo porque, según ha dicho, «el turismo no es sólo un sector importante en Andalucía sino también en España».

Al respecto, ha resaltado que el Gobierno, después de insistirle mucho, ha anunciado un Gran Acuerdo para reactivar el turismo con más de 2.500 millones de euros, una cuantía insuficiente si se compara con otros países como el caso de Francia que ha destinado a ello 17.000 millones de euros.

También se ha referido al paso de Andalucía a la Fase 3 y ha incidido en que lo lógico es que todas las provincias andaluzas en su conjunto, reuniendo las condiciones sanitarias requeridas, pasen a esta fase sin más demora.

«El turismo tiene músculo y tiene talento. Con la ayuda de la sociedad y el empuje del Gobierno andaluz este turismo va a salir reforzado y va a demostrar la capacidad que tiene de crear empleo y riqueza», ha concluido.

La Guardia Civil asegura que Delegación del Gobierno Madrid sabía del riesgo del covid-19 «desde mediados de febrero»

La Guardia Civil asegura en un segundo informe entregado a la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8 de marzo, que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación tenían conocimiento de «los riesgos relacionados con el covid-19» desde «mediados de febrero«.

Esto contrasta con el argumento de la defensa del delegado del Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, que defiende que no tuvo conocimiento de advertencias sobre el riesgo de contagio del coronavirus hasta que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

El citado informe ha sido entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, señala que los máximos responsables del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales se reunieron para «tratar temas relacionados con el covid-19, en la que se trató de manera expresa aspectos como el distanciamiento social como medida a implementar a mediados del mes de febrero, las medidas de higiene e incluso la posible utilización de EPI».

Para los investigadores, esto no hace más que «acreditar el conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno, de los riesgos relacionados con el covid-19, hasta tal punto de tomar medidas concretas para evitar o minimizar sus efectos entre el personal de la Delegación del Gobierno».

La Guardia Civil llega a esta conclusión tras tomar declaración como testigo a trabajadores del Departamento de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, destacando la del jefe de este último departamento que expone la «celebración de reuniones en el seno de la Delegación», citando expresamente la que se desarrolló «a mediados de febrero».

En este sentido, el testigo relata que participó en una «videoconferencia desde la ‘Unidad de Coordinación’ en la que se trataban temas relacionados con el covid-19, que incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros a implementar a mediados del mes de febrero».

A todo esto, la Guardia Civil también suma que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales elaboró un protocolo en el que se incluyeron las medidas de prevención el pasado 28 de febrero y que se distribuyó entre el personal de la Delegación el 2 de marzo.

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