EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y ASOCIACIONES DEL TAXI SE REÚNEN PARA CONTINUAR AVANZANDO EN LA COLABORACIÓN E IMPULSO DEL SECTOR

El concejal de Movilidad, José del Río, ha vuelto a reunirse esta semana con las principales asociaciones de taxistas, Aumat, Taxi Unión y Amata –que integran al resto de colectivos representativos en la ciudad-, para abordar las distintas cuestiones que preocupan al sector.

En primer lugar, se puso en conocimiento de los asistentes del contenido y el objetivo del reciente convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la vigilancia de las VTC en nuestra ciudad, siendo Málaga la primera ciudad de Andalucía en suscribir este protocolo.

Así, el acuerdo tiene como fin velar por el cumplimiento de la normativa vigente para los vehículos de alquiler con conductor, dotando la Policía Local de Málaga de medios técnicos, acceso a registros y formación para un debido control de este medio de transporte.

Asimismo, los intervinientes han adoptado la decisión de crear un grupo de trabajo de carácter técnico en el que participen las asociaciones más representativas del sector de nuestra ciudad y técnicos del Área de Movilidad en el que se planteen y resuelvan todas aquellas cuestiones que resulten de interés y sean competencia del Ayuntamiento de Málaga con respecto a este sector, así como seguir avanzando en esta mutua colaboración.

Por su parte, y con respecto a la modificación del Reglamento Andaluz del Taxi, por Decreto 84/2021, de 9 de febrero, que permite que los servicios se contraten a precio cerrado, el edil de Movilidad informó a las asociaciones asistentes de la necesidad de un desarrollo normativo por parte del Ayuntamiento para que pueda aplicarse en nuestra ciudad, además de modificar tanto el taxímetro como el módulo luminoso del vehículo, que deben de reflejar dicha modalidad.

En este sentido, indicó que el Consistorio trabajará en la modificación de dicho reglamento.

Por último, Del Río, manifestó el apoyo del Ayuntamiento de Málaga al sector del taxi, compromiso que se ha materializado a través de dos líneas de ayudas económicas que ascienden a 575.000 euros para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la implantación de medidas de prevención frente a la Covid.

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El PP destaca el «compromiso sin complejos» de la Junta de Andalucía por la Semana Santa

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga José Ramón Carmona ha valorado el compromiso «sin complejos» del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por la Semana Santa y las tradiciones al destinar una ayuda extraordinaria para cofradías y hermandades por valor de tres millones de euros.

Con esta ayuda, el Gobierno andaluz «apuesta por las cosas que nos hacen grandes ante los ojos del mundo, permitiendo a las hermandades y a las cofradías que sigan colaborando en la conservación patrimonial de las ciudades y los pueblos para que Andalucía siga siendo un referente en este ámbito».

Así lo ha indicado Carmona, junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, en la puerta de la Iglesia de San Sebastián de la localidad malagueña. El dirigente del PP ha destacado que Andalucía «es la única comunidad que destina ayudas de este tipo para las cofradías y hermandades», precisando que las mismas «seguirán vigentes tras la pandemia para lograr la reactivación cultural de la región».

En otro aspecto, Carmona ha aplaudido la labor del Ayuntamiento de Antequera y de las cofradías por hacer posible la exposición magna ‘In Aeternum’, «una ventana de promoción para la Semana Santa antequerana que pretende servir de aliciente para los miles de turistas que visitan la ciudad cada año».

«Debido al COVID, este Miércoles Santo no podemos ver al Cristo del Mayor Dolor, pero estamos orgullosos de la enorme labor que hacen cada año las cofradías y las hermandades e invitamos a todos los antequeranos a que acompañen a nuestros sagrados titulares, manteniendo las medidas sanitarias pertinentes, hasta que termine este Domingo de Resurrección», ha concluido.

Isabel Ayuso presenta su proyecto frente «al desastre»: «Los madrileños no quieren que nadie les trate como ganado»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este miércoles su lista electoral para los comicios del 4 de mayo y ha reivindicado su proyecto frente «al desastre».

«Los madrileños, vivan donde vivan, en el barrio más pudiente o en el barrio con menores recursos, quieren ser libres. Quieren dirigir sus vidas, sus comercios, sus bares o restaurantes. Quieren sentirse orgullosos porque su trabajo es reconocido. Quieren sacar adelante a sus familias sin depender de nadie. No quieren que nadie les trate como ganado», ha lanzado en su intervención en el Parque Lineal del Manzanares, junto a los presidentes del PP, Pablo Casado, y del PP de Madrid, Pío García-Escudero.

Ayuso ha subrayado que los madrileños «no quieren que les digan a qué hospital o qué colegio ir, a qué hora cerrar o por qué no pueden ir a su segunda vivienda en otra región sin un dato sanitario en la mano».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha recalcado que «Madrid es una pieza fundamental sobre la que se sustenta la política nacional» y, tras una pandemia en la que han tratado a los ciudadanos como «adultos» y ante «desencuentros, pactos ocultos y tacticismo político que ha intoxicado la vida política», no podían permanecer «impasibles esperando que otros modificaran el rumbo de la Comunidad y la llevaran al desastre». Por ello, ha defendido que convocó las elecciones.

Ayuso ha reivindicado que no hay día que algún dato, institución nacional o internacional o indicador diga claramente que Madrid, bajo políticas liberales, «es un faro para España y una comunidad de referencia para el futuro». Según la presidenta, es una región «donde los jóvenes encontrarán proyectos nuevos, las empresas podrán crecer en libertad y los mayores estar seguros bajo la gestión eficaz de los mejores servicios públicos».

«El 4 de mayo España y Madrid se juegan todo. Y hay que elegir entre dos opciones. La realidad de la gestión, de las cifras y los proyectos o las ensoñaciones y las políticas que donde se aplican sólo provocan paro, miseria, hambre y ruina», ha insistido.

Adelante critica «la falta de anticipación» del alcalde en la prevención al COVID en pisos turísticos

El grupo municipal de Adelante Málaga en el Ayuntamiento de la capital ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de «irresponsabilidad y falta de anticipación en el control de las garantías de cumplimiento de las medidas de prevención frente al COVID en las viviendas turísticas del municipio».

«La prueba es que, tras rechazar hace dos meses una moción presentada por la coalición de izquierda junto a representantes vecinales del centro para la puesta en marcha de un plan de inspecciones, ahora la Policía Nacional está alertando a través de su oficina de comunicación del preocupante aumento de las fiestas organizadas en pisos turísticos sin respetar las medidas de prevención», han señalado en un comunicado.

El portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, ha recordado que, «en nuestra iniciativa apuntábamos por enésima vez los problemas que conlleva para la ciudadanía el descontrol absoluto y la inacción de las administraciones local y autonómica en relación con las viviendas de uso turístico, pero en especial hacíamos hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad sanitaria frente al COVID-19 en las comunidades vecinales que albergan viviendas turísticas».

Sin embargo, ha continuado, «todas nuestras propuestas fueron rechazadas, esta permisividad e irresponsabilidad del alcalde ha favorecido que, en cuanto se han endurecido las restricciones, los pisos turísticos se hayan consolidado como espacios refugio para fiestas al margen de las normas de prevención».

Zorrilla ha lamentado que «se esté dando pie a conductas incívicas que pueden tener una incidencia muy negativa en la propagación de los contagios y que ponen en riesgo, además de a las personas participantes y sus círculos, a los residentes de las comunidades que albergan pisos turísticos».

Pro su parte, el concejal de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida Nicolás Sguiglia ha recordado «como ya explicábamos en la moción que presentamos hace dos meses, es clave el aumento de la inspección, que es una tarea de competencia municipal, al igual que es necesario elaborar un mapa de las viviendas turísticas realmente existentes ya que, aunque se registran 6.000 pisos legales, se estima que existe el mismo número de viviendas no legalizadas».

Sguiglia ha apuntado que «con anterioridad a la pandemia ya denunciábamos la problemática derivada de la irresponsable gestión de la Junta y el Ayuntamiento, generando problemas de ruido y de convivencia, pero, a raíz de la COVID-19, la vecindad de las comunidades que acogen apartamentos turísticos vive con miedo desde hace meses ante la falta de garantías y de controles porque las autoridades no los imponen, a diferencia de lo que ocurre en los hoteles, que sí cumplen estrictos requisitos de seguridad», ha concluido.

La manifestación convocada ayer en Madrid para exigir la dimisión del Gobierno reunio a miles de personas

Los manifestantes, que han usado mascarillas, portaron banderas de España mientras gritaban «¡Gobierno dimisión!» o «¡libertad, libertad!», al tiempo que se exhibieron pancartas denunciando «la nefasta gestión» de la crisis. Ayer sábado tuvo lugar en Madrid una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La marcha, que había sido autorizada por la Delegación del Gobierno,ha discurrido sin incidentes.

PEDRO SÁNCHES, DIMISIÓN

Desde la organización:

«Queremos reiterar que no va a ser la moción de censura del señor Abascal la que haga dimitir al Gobierno, sino el pueblo español». Según la plataforma organizadora del evento, más de 260 colectivos de toda España se han sumado a la manifestación.

ESPECIAL FOTOGRÁFICO

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La manifestación, que ha sido convocada por la Plataforma Pedro Sánchez Dimisión, ha comenzado a las 19:00 horas de la Puerta del Sol, para después recorrer la calle Alcalá, la Plaza Cibeles y el Paseo Recoletos y finalizar en la Plaza de Colón.

Los asistentes a la convocatoria, que ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, han reclamado la dimisión del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, por su gestión durante la pandemia de la covid-19.

También se han proferido insultos contra algunos miembros del Gobierno, se han mostrado pancartas con lemas como «no son gobierno, son mercenarios» o «son asesinos» y se ha criticado la gestión sobre la crisis catalana y tambien en contra de la okupación ilegal de viviendas qué según muchos participantes de la manifestación este Gobierno ampara y promueve.

Cs dice a Iglesias que no había «cloacas del Estado» contra él y quizá acabe investigado por el caso de Dina

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el juez no le considera como perjudicado en la denominada pieza Dina del caso Tándem, que investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham, porque «no había cloacas del Estado». Además, le ha advertido de que podría acabar siendo investigado.

Así se ha referido Bal, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha rechazado el recurso de reforma que presentó Iglesias contra la decisión del magistrado de retirarle la condición de perjudicado.

El diputado le ha preguntado si Unidas Podemos votó en contra de la tramitación de la proposición de ley de Cs contra la corrupción, tras haberla apoyado anteriormente, porque «ya no le interesa» la protección del denunciante o los indultos a condenados por corrupción.

«¿Esto es, como le ha dicho el PP, por el caso Villarejo? Le han retirado a usted la condición de víctima porque no habíaa cloacas del Estado, porque el señor Villarejo no le robó a usted la SIM. ¿Por qué ha tardado tanto en entregar la SIM y la ha entregado, además, destruida?», ha planteado, añadiendo que el juez podría llegar incluso a investigarle a él.

El líder de Podemos sostenía su condición de víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, trazando una conexión entre el encargo de la sustracción en noviembre de 2015 del móvil a Dina Bousselham con fines políticos, la publicación de imágenes procedentes del terminal sustraído y el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, a quien sitúa como ejecutor del plan para perjudicarle ante la opinión pública.

Al inicio de la investigación, Iglesias tuvo la condición de perjudicado, pero el juez sostiene que a medida que ha ido evolucionando la instrucción de esta causa y con la aportación de datos nuevos, se ha revelado un escenario diferente que conduce a revocar dicha condición de perjudicado.

IGLESIAS QUIERE QUE SE INVESTIGUE A KIKE SARASOLA

Iglesias, que ha obviado las alusiones de Bal al caso Tándem y a Villarejo, le ha contestado que Unidas Podemos está «en contra de la corrupción, pero de los corruptores también».

«Propongan ustedes una ley que pueda investigar a amigos suyos tan importantes como el señor Sarasola», ha indicado en referencia al empresario Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Hotels y BeMate.com. Según publicó ‘eldiario.es’, el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera vivió durante casi dos años, siendo diputado, en un lujoso apartamento turístico en el centro de Madrid cedido por Sarasola.

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EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CELEBRA ESTA SEMANA DOS NUEVAS SESIONES DE LA MESA DE TRABAJO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Málaga celebra esta semana dos nuevas sesiones de las mesas de trabajo para la recuperación de la crisis del coronavirus; en concreto, se trata del sexto y séptimo encuentro que se lleva a cabo desde que el pasado 26 de mayo tuviese lugar el primero de ellas.

Las dos sesiones se enmarcan en la tercera de las mesas creadas, la relativa a la reactivación económica. En concreto, la del próximo miércoles estará dedicada a la logística, promoción y construcción, mientras que la del viernes 19 abordará los sectores del comercio, industria y transporte.

En estas sesiones, en las que participan equipo de Gobierno, oposición, instituciones de la ciudad así como entidades, asociaciones, empresas y colectivos profesionales relacionados con cada una de las temáticas que se abordan, se están recopilando las propuestas para incorporar a la estrategia de la ciudad y avanzar en la línea de trabajo marcada por el Consistorio para que nadie se quede atrás.

Las sesiones previstas esta semana se celebrarán en el Palacio de Ferias y Congresos, a las 17.30h en ambos casos, y se retransmitirán en directo en el canal del Ayuntamiento de Málaga en YouTube.

Las mesas de trabajo creadas son tres: “Málaga, sana y segura”, “Málaga, cohesión social”, y “Reactivación económica”. Las sesiones de esta semana, al igual que las de la semana pasada, se corresponden con la última de estas mesas.

Abascal dice que no tiene problemas en «ser cacheado» en Congreso y que «sería bueno» un control antidroga a diputados

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que no tendría problemas en «ser cacheado» a la entrada del Congreso de los Diputados y ha señalado que «sería bueno también» que los diputados se sometieran a un «control antidroga» antes de acceder a los Plenos.

Abascal se ha referido así al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, que solicitó el pasado 18 de diciembre una serie de solicitudes de documentación al Gobierno para conocer «con todo detalle los motivos que fundamenten la necesidad de la posesión de arma corta» de Santiago Abascal. En este sentido, el senador ha denunciado este domingo que el Ejecutivo «obstruye desde hace meses informar sobre el permiso de armas» del dirigente político.

En un mensaje publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, el líder de Vox ha insistido en que no tiene «inconveniente en ser cacheado al entrar al Congreso». «Es más, viendo a los socios del Gobierno de Sánchez e Iglesias, creo que convendría que todos pasen un control de armas y explosivos», ha escrito en su cuenta personal de Twitter, para después pedir también «un control antidroga a los diputados antes de acceder» a los Plenos.

Según ha denunciado Compromís en un comunicado, tras la solicitud de documentación del senador Mulet, no fue hasta el 19 de enero cuando se tramitó por parte de la Mesa del Senado y le facilitaron al Gobierno hasta el día 3 de marzo para aportar la documentación. «Ante esta negativa del Gobierno no justificada», Mulet ha registrado «una petición de amparo a la presidente del Senado».

En este sentido, el senador ha insistido en que «el reglamento del Senado en su artículo 102 prohíbe taxativamente el uso de armas por parte de los parlamentarios en todo el recinto del Senado, igualmente que el Artículo 101 del reglamento del Congreso comporta la suspensión temporal de diputado cuando el Diputado portare armas dentro del recinto parlamentario».

Para Mulet, «que una persona de extrema derecha de este calibre pueda ir armada es una situación que no puede tranquilizar a ningún adversario político». «Debería aplicarse máxima transparencia para saber si existen otros diputados y senadores con armas, qué justifica que las lleven y si las están portando encima en sus accesos a los recintos del Congreso o el Senado, ya que no pasamos ningún tipo de control de este tipo para acceder a ambos complejos de edificios ningunos de los miembros de las Cortes Generales», ha aseverado.

El número de migrantes que intenta llegar a Europa aumenta en mayo con la relajación del cierre por el coronavirus

La agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex, ha constatado 4.300 cruces fronterizos no autorizados en las principales rutas de migración de Europa a lo largo del pasado mes de mayo, tres veces más que las cifras registradas en abril, durante el apogeo en el continente de la pandemia de coronavirus que obligó al cierre total de los países de la UE.

En abril, las cifras habían caído a un mínimo histórico como resultado de la pandemia de coronavirus, y también fueron ligeramente más bajas en general en los primeros cinco meses del año en comparación con el año pasado, de acuerdo con las estimaciones de la Frontex.

La agencia, según ha hecho saber en un balance recogido este domingo por los medios del grupo alemán de comunicación Funke, ha registrado un total de 31.600 cruces fronterizos ilegales entre enero y mayo, un 6 por ciento menos que en el mismo período del año pasado.

La ruta del mar Mediterráneo oriental, desde Turquía y Grecia, ha sido la ruta de migración más transitada hacia Europa, según Frontex. De enero a mayo, se registraron 12.700 casos, un 28% menos que el año pasado. La mayoría de las personas provenían de Afganistán.

Otros 3.700 refugiados cruzaron el Mediterráneo occidental, desde Marruecos hasta España, en los primeros cinco meses del año, lo que representa menos de la mitad del número registrado en el mismo período del año pasado.

En otras rutas, las cifras de los primeros cinco meses de 2020 fueron más altas que el año pasado: se han registrado más de 6.900 cruces fronterizos ilegales en la ruta terrestre de los Balcanes Occidentales, un aumento del 50 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

En la ruta a través del Mediterráneo central, desde Libia y Túnez hasta Italia y Malta, Frontex ha registrado 5.500 casos, casi tres veces más que en el mismo período en 2019.

La ‘okupación ilegal’ de viviendas se dispara en toda España

La probabilidad de que bajes a comprar el pan o te vayas de fin de semana y a la vuelta tu vivienda esté okupada está creciendo en toda España. El miedo de encontrarnos a alguien dentro no para de verse de forma repetida cada día en medios de comunicación.

Los ‘okupas’, se han aprendido todos los resquicios legales para atrincherarse en las casas e incluso extorsionar a los dueños; y también al surgimiento de empresas especializadas en expulsar a intrusos.

Aunque no existen estadísticas oficiales al respecto, los expertos consultados inciden en que el objetivo fundamental de los okupas eran las viviendas vacías, principalmente de los bancos, aunque también de los particulares, promociones que están a punto de ser entregadas, así como pisos que se anuncian para la venta o para el alquiler. Viviendas cuyo propietario suele detectar en días o incluso meses su okupación y cuyo desalojo puede demorarse hasta un par de años.

Este aspecto es muy importante a la hora de echar a un okupa de una vivienda, ya que el camino legal a seguir es muy diferente si la okupación afecta a la vivienda habitual, a una segunda residencia o una casa vacía.

Desde el 2 de julio de 2018 está en vigor un nuevo procedimiento civil que tiene la vocación de suplir esta carencia. Está desarrollado en la Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, publicada en el BOE del 12 de junio de 2018.

Como señala el preámbulo de la norma, la legislación procesal civil española no disponía de instrumentos rápidos y eficaces para que el propietario pudiera recuperar la posesión de su vivienda ante una ‘okupación’. Y es que ninguno de los cauces legales previamente existentes resultaba plenamente satisfactorio. Y, según reconoce la propia ley, ello ha permitido la aparición de fenómenos de ocupación premeditada con finalidad lucrativa, para obtener del propietario una compensación económica como condición para el abandono de la finca indebidamente ocupada.

Para dar una respuesta ágil y efectiva al problema, si la okupación afecta a la vivienda habitual existe una norma qué incorpora una variante del juicio verbal posesorio previsto en el artículo 250.1.4º de la la Ley de Enjuiciamiento Civil (el antiguo interdicto de recobrar la posesión que tiene por objeto la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas), que permite «pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento y limitando el ámbito subjetivo a la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social».

¿Quién puede acudir al procedimiento civil para garantizar la posesión de viviendas frente a los ‘okupas’?

La persona física que sea propietaria o poseedora legítima de la vivienda por otro título (es decir, también arrendatarios o usufructuarios), las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

No podrán acudir a este procedimiento bancos y empresas inmobiliarias vinculadas a los mismos u otras empresas de naturaleza privada y fines lucrativos. Estas entidades tendrán que seguir acudiendo a la vía penal, denunciando la usurpación u ocupación de inmueble tipificada en el artículo 245.2 CP, o a otras vías civiles.

En el momento en que detecta que su vivienda ha sido ocupada ilegalmente, ¿qué debe hacer el propietario?

Debe contratar a un abogado y a un procurador que formalicen una «demanda de recuperación de la posesión de la vivienda o parte de ella» y la presenten en el juzgado de primera instancia competente, que será el que corresponda a donde radique la finca que ha sido ocupada. Con la demanda se deberá acompañar el título en el que el actor funde su derecho a poseer, es decir, la escritura que acredita la propiedad de la misma, el contrato de arrendamiento o el documento que demuestre que el afectado es usufructuario de la misma, según el caso que sea.

El demandante puede solicitar con la demanda la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, abriéndose un trámite incidental. En el mismo decreto de admisión de la demanda se requerirá a los ocupantes para que aporten en el plazo de cinco días algún título que justifique su situación posesoria. Si no aportan justificante suficiente el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra este auto no cabe recurso alguno, llevándose a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Qué ocurre si el propietario no conoce la identidad de los ‘okupas’?

La demanda podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda. La notificación de la misma se hará a quien se encuentre habitando aquélla en el momento en que se persone el agente judicial. A los efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad.

¿Cuál es el plazo de tiempo que puede pasar desde la interposición de la demanda hasta el desalojo?

El proceso que describe la nueva ley es sencillo y marca unos plazos muy cortos, de forma que no debería pasar más de un mes desde que el afectado pone la demanda hasta que se produce el desalojo del o los ‘okupas’.

La ley marca expresamente que esta materia es objeto de juicio civil rápido y que su tramitación es preferente respecto a todos los demás que haya en el juzgado.

Si detecto que alguien ha entrado ilegalmente en mi vivienda, ¿puedo esperar a que el o los ‘okupas’ salgan momentaneamente de la misma para acceder a ella, cambiar la cerradura y recuperar mi propiedad?

Legalmente, no se puede. «Una vez que se ha ocupado la vivienda, no se puede hacer ninguna actuación que no sea a través del juzgado: o bien a través del proceso penal, del delito de usurpación, o bien a través de demanda civil, con este nuevo procedimiento. El propietario se expondría a ser denunciado por allanamiento, aunque se trate de su vivienda».

Alarmas, puertas antiokupas…

En lo que todos los expertos también coinciden es en la prevención. «En el caso de las viviendas vacías, el propietario debe estudiar si le compensa invertir en seguridad. Si le compensa instalar una alarma o una puerta antiokupa, cuyo precio de mueve entre 600 y 7.000 euros, que dificultan mucho la okupación de una vivienda puesto que para entrar, el okupa tiene que echarla abajo a base de golpes», apuntan desde una entidad financiera que prefiere mantenerse en el anonimato. Además, tanto si la vivienda está en venta o en alquiler, los expertos aconsejan que no se den pistas sobre su ubicación, así como no dejar dentro las escrituras de la vivienda.

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La Diputación ayudará a más de 7.000 familias a través del Plan Málaga para la recuperación económica y social de la provincia

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga y responsable del Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, Natacha Rivas, ha anunciado hoy que esta institución, a través del Plan Málaga, va a brindar ayuda a más de 7.000 familias de municipios de menos de 20.000 habitantes que vean comprometida su situación económica a raíz de la crisis sanitaria.

“El Plan Málaga, que articula la recuperación de la economía y del empleo en la provincia, va de eso, de ayudar a las personas”, ha destacado la dirigente provincial durante una rueda de prensa en la que ha desgranado algunas de las ayudas dirigidas directamente a las familias y que cuentan con un presupuesto inicial de 4,7 millones de euros.

Esta partida será susceptible de ser ampliada en función de las necesidades y solicitudes de ayudas que vayan surgiendo: “Aún no sabemos las dimensiones de esta crisis, que ya empieza a ser social, por lo que hemos querido plantear unos presupuestos expansivos, ampliables para dar cobertura a tantas familias como nos sea posible”, ha concretado.

Además, son ayudas que se han propuesto a través de una tipología “más amplia que nunca”, de tal forma que esos 4,7 millones de euros iniciales “atiendan diferentes circunstancias y necesidades de estas familias”.

De esta forma, el Plan Málaga contempla, por un lado, dos millones de euros para ayuda a domicilio para las personas dependientes de los municipios menores de 20.000 habitantes. «que necesitan nuestro apoyo más que nunca», ha indicado.

Además, un total de 623.665 euros se dedicarán a ayudas económicas para familias. “Son ayudas directas cuya justificación vendrá motivada por las necesidades económicas y sociales de aquellos que la soliciten”, ha precisado la vicepresidenta cuarta.

También se ha presupuesto un total de 300.000 euros de ayudas a la adaptación de viviendas, “una finalidad muy importante para que personas con movilidad reducida puedan adaptar sus casas; y también para generar empleo en el sector de la rehabilitación”, ha indicado.

Rivas ha resaltado también los 550.000 euros destinados a una partida que se ha denominado “emergencia social” y que “pondrá el acento en aquellas situaciones más extremas y que requieren de una rápida intervención por nuestra parte”. “En estos momentos, es más importante que nunca que las administraciones seamos ágiles y tengamos capacidad de respuesta”, ha advertido.

Dentro de las ayudas a familias, también ha hecho referencia a los 200.000 euros que se destinan al cheque-bebé; y un millón de euros para el Plan de Impulso Familiar, que, según ha explicado la vicepresidenta, “acogerá ayudas de muy diferente tipología para atender necesidades particulares de aquellas familias que lo necesiten. No hablamos de una ayuda directa económica, sino de determinados estímulos a nivel material o de recursos que permitan mejorar la situación familiar”.

En resumen, “son seis ejes de actuación que tienen como denominador común el apoyo económico a las familias de la provincia y la posibilidad de ampliar las cuantías según sean las necesidades que vayan surgiendo”, ha apuntado, recordando que estas ayudas se enmarcan en los 20,6 millones de euros que el Plan Málaga contempla para las políticas sociales. “Acciones muy concretas, que atienden a diferentes circunstancias y necesidades, pero que tienen un objetivo muy claro: estar al lado de las familias, de las personas; y que entre todos afrontemos la recuperación sin que nadie se quede atrás”, ha concluido.

El alcalde de Málaga visita barriada de la Victoria, Capuchinos

El alcalde de Malaga, Francisco de la Torre, junto a las  concejalas de Comercio y Distrito Centro, Elisa Pérez de Siles y Gemma del Corral, respectivamente  y el presidente de la AAVV Victoriana, De Capuchinos y De la Fuente, José Ocón, visitaron ayer, martes 9 de junio,  los comercios de calle Cristo y alrededores para mostrar su apoyo a la campaña «Compra en tu barrio» puesta en marcha por vecinos y empresarios del distrito, en la misma línea que la campaña del Ayuntamiento de Málaga «Haz barrio», con el objetivo de incentivar el consumo en establecimientos de proximidad y apoyar así al pequeño comercio de la zona.

Igualmente  visitaron la zona de Lagunillas, junto al presidente de la AVV de Lagunillas, Curro López, y a un  numeroso grupo  de voluntarios,  que desde el principio del estado de alarma han atendido a más de 1.000 familias repartiendo alimentos y productos de primera necesidad. Por último, mantuvieron un encuentro en la sede de la Agrupación de Hermandades de Gloria con el presidente y la junta de gobierno.

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La juez del 8-M decide no archivar la causa por presunta prevaricación administrativa y acusa al Gobierno de «reticencias» a la hora de entregar documentación del CCAES

La juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa en la que investiga una presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no vetar la marcha feminista en Madrid. En su auto, evidencia además «dificultades» y «reticencias» que, en ocasiones, han encontrado los investigadores de la Guardia Civil para obtener documentos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad.

En su resolución, de 17 páginas, la magistrada responde de forma rotunda y uno por uno a los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado para pedir la nulidad del procedimiento, a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía en un duro recurso, que fue conocido este lunes, pidiendo también el archivo de esta investigación. Así, la magistrada rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.

En cuanto a los informes requeridos al CCAES, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid afirma que las dificultades para obtenerlos ha sido expresada por los propios agentes de la policía judicial en sus informes remitidos al juzgado, y que esta es la razón por la que determinados oficios que ella firmó tuvieran plazos de entrega.

Recuerda que, por lo que han declarado los investigadores del caso según la información que trasladan los agentes, «la documentación ya estaba recabada» por este organismo de Sanidad «según lo que los mismos empleados públicos manifestaban», es decir, que «el trabajo ya estaba hecho».

«Es por ello que ningún perjuicio se ocasionaba al organismo con la fijación del plazo pues, si estaba recabada, lo único que pendía era la entrega material y en tal sentido el dictado de la providencia, que, por tanto, se mantiene en sus propios términos», explica.

INSTRUCCIONES DE FRANCO A SU PERSONAL

Por otro lado, la juez Rodríguez-Medel también rechaza el intento de la Abogacía del Estado de que no se recaben las recomendaciones e instrucciones que pudo dar Franco al personal de la Delegación del Gobierno en relación con el covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo 2020.

La instructora remarca que «esas instrucciones internas no son objeto de investigación», algo que ella misma ya ha «concretado en resoluciones anteriores», pues sí lo son las «decisiones en materia de concentraciones/manifestaciones». No obstante, cree que esto «no impide recabar» esas recomendaciones de Franco, ya que las considera «útiles para la investigación», pues «permiten determinar el grado de conocimiento y alerta sobre el covid del investigado y ello puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones».

«El recurso, por tanto, tiene que ser desestimado, dado que la diligencia de investigación acordada en la providencia recurrida es, a juicio de esta instructora, de clara utilidad a la investigación», insiste Rodríguez-Medel en su auto.

DEFENSA DEL FORENSE

El auto defiende igualmente la petición de un nuevo informe al forense –documento que fue remitido ayer mismo– porque su «utilidad» es «clara», pues «permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio del covid-19 y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento», lo cual «es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia».

En cuanto a la declaración de Franco como investigado prevista para mañana, y que la Abogacía pedía suspender, Rodríguez-Medel la confirma y remarca que una citación «no requiere motivación» y recuerda que ha concretado de forma clara en sus autos los hechos que se le imputan.

INVESTIGACIÓN PESE AL ESTADO DE ALARMA

La juez incide en la suspensión de los plazos procesales con la declaración del estado de alarma e indica que la tramitación de este procedimiento penal no tiene por qué quedarse paralizado porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala en su artículo 184 que «todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial». «Este precepto no ha sido derogado», añade.

En este sentido, la magistrada defiende que «es algo notorio» que los juzgados de instrucción, o al menos el suyo, han seguido tramitando causas durante el estado de alarma y, por tanto, ha continuado escuchando a peritos, testigos, investigados, ya fuera por videoconferencia o de forma presencial. Afirma que es cierto que hay otras causas preferentes o más urgente y que, precisamente por ello, «se prefirió esperar» a que la suspensión de los plazos se alzaran para señalar la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, inicialmente prevista para el pasado viernes día 5.

En otro punto, la juez rechaza la pretensión de los servicios jurídicos del Estado, respaldados por la Fiscalía, para que los recursos que ha interpuesto en defensa de Franco paralicen la investigación hasta que sean resueltos. «Somos de la opinión de que aplicar una regla diferente a la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, pues supondría un trato favorable para este investigado», agrega la magistrada.

En este mismo fundamento, y para ilustrar su postura, la juez agrega un cuadro de «hitos procesales» de la instrucción en el que se reflejan todos y cada uno de los recursos presentados tanto por la defensa ejercida por la Abogacía del Estado como por el resto de partes personalmente personadas, entre las que se encuentra la Fiscalía.

Lo señalado en dicho cuadro evidencia, según la titular del Juzgado de Instrucción número 51, que «todos los recursos han sido admitidos a trámite y se ha conferido traslado a las partes personadas, concretamente al fiscal que era el único personado cuando los recursos que nos ocupan fueron admitidos», añadiendo en este punto que «cuestión diferente es que la Fiscalía haya optado por demorar la presentación de su informe», hasta este mismo lunes.

Por todo ello, insiste la magistrada, «en la práctica la defensa y el Ministerio Fiscal ha tenido mucho más tiempo para recurrir las resoluciones que si los plazos no hubieran estado suspendidos. Dicho de otro modo, la situación de la suspensión de plazos le ha beneficiado y en modo alguno les ha perjudicado».

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La edil Teresa Porras rechaza de lleno las críticas del PSOE sobre adecuación de playas y le acusa de «mentir»

La concejala de Playas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha rechazado las críticas del PSOE en relación con la adecuación de las playas del litoral a las recomendaciones sanitarias de cara al inicio de la temporada alta de baño, asegurando que están adecuadas a la situación actual, incluso, «hemos ido a más en las recomendaciones del Gobierno» como son los aseos en las 15 playas con un sistema novedoso de desinfección automática a través de una lámpara ultravioleta germicida.

Además, la edil ha acusado a los socialistas de «mentir», advirtiendo del daño que ello puede causar a las playas y a la ciudad de Málaga como destino.

Porras, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que «una vez más» el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, y la edil socialista Begoña Medina «mienten», insistiendo en el «daño para la ciudad de Málaga y sus playas cuando mienten a sabiendas de que mienten».

«En todos los baños hay hidroalcohol; hay jabón; la cartelería en todos los accesos está puesta; tenemos un plan de contingencia de apertura de playas, que lo presentamos antes del 1 de junio a la Junta; se está desinfectando tres veces al día los aseos», ha enumerado, insistiendo en que los aseos con un sistema novedoso de desinfección automática a través de una lámpara ultravioleta germicida «es una mejora que nosotros vamos a instalar, mejorando así las recomendaciones del Ejecutivo central».

Además, ha informado de que el 21 de junio está previsto que sean certificadas como playas que cumplen los requisitos y recomendaciones en relación con la lucha contra el COVID-19.

Así, Porras ha aclarado en relación con los geles hidroalcohólicos que «están puestos». En este punto, ha recordado que, otra cosa es lo que se ha llevado a cabo con los baños que cuentan con ese sistema novedoso de desinfección automática, aclarando que se ha estado a la espera de que llegue el material. Así, hay instalados ya cuatro módulos y se espera que a lo largo de la semana estén todos.

Al respecto, Porras ha dejado claro que con estos citados aseos «hemos hecho una gran mejora en cuanto a las recomendaciones que dice el Gobierno».

Eso sí, ha dicho que, no obstante, en paralelo a estos aseos, «los baños se desinfectan y hay gel hidroalcoholico y todos los días se rellena», junto con el de manos.

De igual modo, sobre el control de aforo, ha recordado que no «te lo exige en ningún decreto» pero «están todas las playas aforadas y todas las entradas tienen sus carteles diciendo cuál es el aforo». «Lo que te recomiendan es que la gente actúen con cabeza y sensatez en el uso de las playas», incidiendo en la distancia social de dos metros.

«El único que ha exigido un plan de contingencia de todas las cosas que hay en la playa es la Junta de Andalucía, y nosotros lo presentamos antes del 1 de junio», ha incidido.

Por otro lado, ha vuelto a rechazar las críticas en relación con la limpiezas de barandillas, insistiendo en que «se limpian tres veces al día» las barandillas de aseos, además, de que también se limpian y se desinfectan los aseos en sí.

Asimismo, se ha referido a los carteles y ha dejado claro que están puestos, pero ha criticado que la norma «salió tarde» por lo que se comenzaron a instalar desde el 1 de junio. «Empezamos a poner carteles el 1 de junio y lo hemos estado poniendo durante la semana pasada. El día 8 estaban todos los carteles puestos», ha subrayado.

Por último, sobre la accesibilidad ha recordado que hay lugares donde no se puede poner la pasarela rígida de hormigón que hay en otros sitios, ya que «el mar se mueve y es por lo que se pone madera». «Esto es un invento nuestro, lo inventamos nosotros y de ahí nos copiaron», ha recordado, insistiendo en que son «iniciativas propias, en este caso, de Servicios Operativos y Playas». «Las playa todas son accesibles», ha defendido.

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Aumenta el nivel medio de movilidad nacional a medida que avanza la desescalada

Los últimos datos del estudio de movilidad a través de Big Data, en el que trabaja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), constatan el aumento de movilidad que se está produciendo al avanzar el proceso de desescalada. Así, en la última semana, a nivel nacional, se ha alcanzado un nivel medio de movilidad del 70% de un día laborable normal, frente al 46% que se registró en la primera semana del estado de alarma.

Este aumento de movilidad se asocia claramente a los cambios de fase producidos y, en concreto, a los desplazamientos dentro de cada provincia. De ahí que, si se comparan los niveles de esta última semana con la anterior, se acredita que en aquellas provincias que la semana pasada avanzaron de la Fase 1 a la Fase 2 su nivel medio de movilidad intraprovincial respecto a un día normal creció del 76% al 83%.

Sin embargo, en las que permanecieron en la misma Fase (1 o 2) su movilidad aumentó, pero solo muy ligeramente (65% al 68%, las que se mantuvieron en Fase 1, y 81% al 82%, las que lo hicieron en la Fase 2)

El aumento de movilidad se produce principalmente por los desplazamientos dentro de las provincias, de forma coherente con la restricción existente de los movimientos interprovinciales. Estos, por el contrario, apenas han aumentado, pues sólo varían en días laborables de un 52% a un 53%.

Además, si se comparan los desplazamientos de día laborable y fin de semana, se observa que los movimientos entre provincias son muy inferiores en los fines de semana, lo que refleja que en su mayoría estos movimientos se producen por motivos laborales.

Cercanías

En cuanto a los servicios de Cercanías, el nivel medio de demanda sobre un día normal en la última semana laboral (1 al 5 de junio) ha estado en un 30%, mientras que la semana anterior sólo alcanzó el 25%.

En este sentido, el número medio diario total de viajeros de Cercanías estimado esta semana ha sido de unos 435.000 viajeros al día, mientras que la semana anterior fue de 379.000, lo que supone un incremento entre ambas semanas de un 14,6%.

Por otro lado, este último lunes se ha incrementado la demanda en hora punta en todos los núcleos de Cercanías, salvo en San Sebastián:

  • En Madrid, se ha situado en un 42%, lo que supone un incremento de 4 puntos porcentuales por encima del lunes pasado, que estuvo en un 38%.
  • En Barcelona, ha estado en un 33,5%, 9 puntos porcentuales más que el lunes anterior, donde se registró un 24,2%, si bien hay que tener en cuenta que el pasado 1 de junio fue festivo en esta ciudad.
  • En el resto de núcleos, los niveles de demanda se sitúan entre un mínimo del 19,5% en Málaga y un máximo del 52% en San Sebastián.

Alta Velocidad y Larga Distancia Ferroviaria

En lo que se refiere a los servicios comerciales de Renfe (Alta Velocidad y Larga Distancia), el número medio de viajeros por día en la última semana laboral ha sido de 8.112, frente a 6.583 la semana anterior.

Esto supone que los niveles de demanda están en el orden del 8,1% respecto a la habitual en estas fechas, en que se moverían por encima de los 100.000 viajeros en un día.

Transporte de viajeros por carretera en autobús

En cuanto a los servicios de transporte de viajeros por carretera en autobús interurbano, en los días laborables de la última semana, el nivel medio de demanda ha sido del 10,6% respecto a días equivalentes del año pasado.

Así, el número total de viajeros en estos días se incrementó un 18,3%.

Tráfico de vehículos ligeros

En relación al tráfico de ligeros en la red principal, los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) indican que, comparando los días laborables de la última semana con los de la anterior, se observa un incremento medio de un 6,5%.

La última semana se ha estado moviendo en tráficos del 59% respecto a un día de referencia, mientras que la semana pasada estuvo en torno al 56%.

En relación a los accesos a grandes centros urbanos, los datos de tráfico de la DGT indican que, durante los días laborables de la última semana, los tráficos estuvieron cercanos al 72% respecto a un día de referencia, mientras que la semana anterior lo hicieron en torno al 69%.

Tráfico de pesados

En relación al tráfico de vehículos pesados, los datos de la DGT recogen tráficos en la última semana cercanos al 87% en los días laborables respecto a un día de referencia, valor similar al de la semana anterior.

Otros modos: aéreo y puertos

En el transporte aéreo, el número medio de operaciones diarias en los días laborables de la semana pasada ha sido de 410, que, frente a los 400 de la semana pasada, supone un incremento del 2,1%.

En cuanto al tráfico de pasajeros en los puertos de interés del Estado, los últimos datos disponibles indican que en los días laborables hubo en torno a un 7% de demanda, en comparación con el año pasado, valor similar al de la semana anterior.

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