La ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguró las jornadas que la Asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia celebra en Málaga

Dichas jornadas se celebran en el salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado este jueves que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en «potenciar» el «escudo social» para «no dejar a nadie atrás» tras la pandemia, asegurando también que desde el sector justicia en esta época «se ha reaccionado de una manera muy importante».

«Vamos a seguir reaccionando, ahora estamos en una nueva etapa. Ahora es el momento en el que hay que elegir. O se elige el bloqueo, la confrontación, no seguir hacia adelante o se elige lo que ha elegido el Gobierno y esta ministra que es la transformación y la recuperación social y económica del país».

Para ello, ha añadido, el sistema judicial «debe ser visto no como un obstáculo al desarrollo social, sino como un motor de progreso y para ese desarrollo social». Así, ha incidido en las diversas herramientas y se ha referido, en concreto, al Plan Justicia 2030 y los fondos Next Generation, «470 millones para el sector justicia» para poner en marcha proyectos sustentados en la leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal.

Así lo ha señalado Llop en Málaga durante la presentación de las jornadas organizadas por la Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Llop, en primer lugar, ha dado las gracias «por el trabajo realizado» en la época de pandemia. «Es necesario, ahora en esta nueva responsabilidad que asumo como ministra de Justicia, reconoceros en ese trabajo vocacional, dedicado, que habéis hecho para que la justicia en ningún momento parara». «Cada uno desde las distintas responsabilidades que nos ha tocado estar hemos dado lo mejor que teníamos de cada uno de nosotros para que las instituciones salieran adelante, estuvieran a la altura de lo que los ciudadanos estaban necesitando en ese momento», ha valorado.

Por otro lado, sobre las jornadas, las ha considerado «un acierto», ya que se debate y reflexiona «sobre una cuestión de inmensa envergadura social y jurídica con un componente, también, que impacta en el ámbito político de una manera muy evidente, como es el de los derechos de la ciudadanía frente los desahucios».

Ha precisado que se abordará en la jornada temas como el derecho a la vivienda, los desahucios, el «grave problema que generan los fondos bruitre»; el fenómeno de la okupación y alternativas habitacionales al desahucio, entre otros, asegurando que son cuestiones todas ellas «que son de gran impacto social y sobre las que en ocasiones se ha intentado generar cierta confusión en la opinión pública».

Al respecto, ha aludido «a la confusión» generada «desde ciertos sectores políticos y ciertos sectores también mediáticos» sobre conceptos como el allanamiento de morada, usurpación, la okupación de inmuebles o el retraso en el pago de alquileres.

«Todas estas realidades –ha continuado– son muy distintas, responden a distintos fenómenos y requieren de un tratamiento, también, diferenciado y una solución diferenciada tanto del ámbito judicial como del político».

Llop ha agradecido, en este sentido, que en este foro «se plantee un debate jurídico serio, riguroso, de personas de una calidad técnico-jurídico excepcional, sobre todos estos aspectos» y que sirva para «hacer esa pedagogía tan necesaria».

La ministra ha subrayado que se trata de una «realidad muy compleja» que «presenta múltiples facetas», incidiendo en el «tratamiento multidisciplinar». «Será muy oportuno y se sacarán importantes conclusiones», que espera que le hagan llegar al Ministerio para «poder analizar esta cuestión desde el debate jurídico técnico y también desde el debate social».

«EN UNA SITUACIÓN DE DESAHUCIO TODAS LAS PERSONAS PIERDEN»

«Cuando se llega a una situación de desahucio, todas las personas implicadas pierden; aquí nadie gana», ha señalado la ministra, que ha agregado que, en estas situaciones «los más perjudicados son los ciudadanos, que se ven privados de su hogar y que ven menoscabado su derecho constitucional a una vivienda digna, como contempla el artículo 47 de la Constitución, y que constituye un principio constitucional y un principio rector de la política social y económica».

«No solo tiene dimensión jurídica sino también política fundamental», ha subrayado, aludiendo a que es importante recordar el derecho constitucional que tienen los ciudadanos en España a una vivienda digna y adecuada «y el deber que tienen los poderes públicos de promover todas las condiciones necesarias para remover cualquiera de los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de sus derechos».

«Para hacer efectivo este derecho –ha agregado– se debe poner sobre la mesa y hacer con sinceridad en un debate abierto y en el que nos podamos expresar cada uno con nuestras opiniones dentro del respeto a lo que cada cual en cada momento piense».

Eso sí, ha asegurado que hay que hacerlo en un debate «profundizando» y no «dejándolo en la superficialidad». «Hay que hacerlo profundizando en políticas sociales que permitan, además, introducir herramientas, como ha hecho el Gobierno con el ingreso mínimo vital, herramientas que prevengan el riesgo de pobreza, la exclusión social de las personas…». Al respecto, ha destacado que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en «potenciar ese escudo social».

Ha añadido, asimismo, que el problema del acceso a la vivienda se recrudeció con la crisis tras la pandemia del COVID y ha impactado «de manera mucho más brutal» en sectores más desfavorecidos.

Asimismo, ha valorado la aprobación de planes de choque, el desarrollo legislativo importante y las adaptaciones presupuestarias para «no dejar a nadie atrás». De igual modo, ha dicho que desde el sector justicia se ha reaccionado de una manera «muy importante», valorando el trabajo, además, del anterior ministro para que «los intereses de la ciudadanía durante esta época no fueran desatendidos».

JORNADAS

Por su parte, Edmundo Rodríguez, magistrado y coordinador Comisión Derecho Privado JJpD, ha explicado las jornadas, incidiendo en que la finalidad es «tratar un tema que sigue siendo, lamentablemente, de actualidad porque el drama de los desahucios todavía no es un asunto que se pueda decir que está solucionado», ha detallado.

También durante la presentación ha tomado la palabra Lourdes García, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha valorado que las jornadas se lleven a cabo en Málaga. En su presentación, ha tenido palabras para la ministra y ha dicho que tiene delante de ella «un buen reto» aludiendo al Plan de Justicia 2030.

Ha aludido también al «atasco institucional muy serio» como es «el bloqueo» de la renovación del Consejo del Poder Judicial, esperando que «en un tiempo, lo más próximo posible» se pueda salir de ella, «puesto que está debilitando esta institución tan importante».

Sobre las jornadas, ha abundado en la importancia de poner «cada tema en su sitio» aludiendo al derecho a la vivienda, como un «derecho fundamental», insistiendo en la labor desde los poderes públicos «porque estamos delante de unos dramas humanos tremendos y más después de una pandemia en la que se han perdido muchos puestos de trabajo, tantas personas se han visto sin casa y hay que dar una respuesta», ha concluido.

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PSOE y Unidas Podemos cargan contra la iniciativa de Vox para que la Policía pueda desalojar ‘okupas’ sin orden judicial

PP, Ciudadanos y Foro Asturias se han mostrado a favor de la propuesta para modificar la LECrim

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios han reprochado a Vox en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la intención de que se permita a la Policía desalojar a ‘okupas’ sin orden judicial. PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que votarán a favor de la iniciativa.

Se trata de una propuesta que el partido liderado por Santiago Abascal viene defendiendo desde hace tiempo. Su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas «con una patada en el culo», esto es, «inmediatamente», con el fin de garantizar la propiedad privada.

En la proposición de ley, recogida por Europa Press, la formación argumenta que es «razonable» que, al igual que establece la LECrim para delitos flagrantes, los agentes policiales puedan actuar «de propia autoridad» en los delitos de usurpación de bienes inmuebles, desalojando a sus ocupantes e incluso deteniéndoles de manera cautelar cuando aprecien indicios de ilicitud en su conducta. La actuación podría ser objeto después de control judicial.

Vox ha insistido en que con esta reforma legislativa se dotaría al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de «mejores medios legales» para así «aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas».

La diputada Cristina Esteban ha estado a cargo de defender la proposición y ha reiterado la importancia de proteger el derecho a la propiedad privadas y ha puesto de ejemplo la legislación de otros países europeos para hacer frente a la okupación.

La formación, sin embargo, no ha conseguido convencer a la mayoría del Pleno. El PSOE, Unidas Podemos, la CUP, EH Bildu, Compromís, PNV, Más País, Junts y ERC se han mostrado abiertamente en contra de la propuesta en el marco del debate. El PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que sí votarán a favor.

«GENERAR ALARMA SOCIAL»

El diputado socialista Vicent Sarrià ha recriminado a Vox que presente una iniciativa «fundamentada en una supuesta falta de instrumentos jurídicos» con la intención de «generar inquietud» y «alarma social».

«Los que alarman son ustedes, los que generan inquietud con su propagación de bulos son ustedes. Disponemos de amplísimos instrumentos», ha defendido. El dirigente socialista ha acusado a los de Abascal de intentar confundir a la ciudadanía equiparando allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos ha intervenido la diputada Pilar Garrido, quien también ha acusado a Vox de pretender confundir entre okupación y allanamiento «de manera interesada». «Ustedes señores de la ultraderecha, son los únicos que se preocupan por esta cuestión y aparecen como el llanero solitario a salvar al propietario», ha dicho.

En este sentido, ha preguntado a la formación si lo que pretende con su iniciativa es «defender a los fondos buitres», tras insistir en que la okupación afecta a pisos vacíos en manos de fondos de inversión.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha asegurado que la iniciativa de Vox es «desacertada por desproporcionada». «Consideramos que la manera de abordar la okupación no es a través de iniciativas como la que debatimos hoy», ha señalado.

«DOCTRINA RANCIA» Y «MENSAJE XENÓFOBO»

Aunque Legarda ha reconocido que el fenómeno es un «grave problema» para propietarios que ven perturbados sus derechos, ha precisado que esta proposición no es «el mejor abordaje» y ha reprochado a Vox que vincule okupación con migración en lo que ha considerado un «mensaje xenófobo».

Oskar Matute, de Bildu, también se ha mostrado en contra y ha criticado a Vox por presentar una iniciativa de «doctrina rancia» llena de «autoritarismo y burocracia» que, a su juicio, «un chimpacé podría hacer con mayor pulcritud». En este sentido, ha reprochado a los de Abascal por intentar «recuperar» el «clásico» de la patada en la puerta.

La diputada de ERC Pilar Vallugera se ha mostrado en contra de la proposición y ha insistido en que «la política de Vox consiste en insuflar miedo». Ha recriminado al partido que plantee que la solución a la okupación sea habilitar al Estado para que tenga «más posibilidades de entrar en los domicilios y echar puertas a tierras sin orden judicial».

Desde Junts, el diputado Josep Pagès también ha anunciado que no dará su apoyo a la iniciativa. Ha asegurado que la forma de encarar la situación «no es con populismo» ni con «la retórica del miedo» ni con «despropósitos legales». Ha explicado que no considera que la solución esté en modificar la LECrim, sino en modificar la Ley de Enjuciamiento Civil.

Asimismo, han mostrado su negativa el dirigente de Más País Íñigo Errejón y el de Compromís Joan Baldoví. Ambos diputados del Grupo Plural han asegurado que Vox no tiene intención de solucionar el problema de la vivienda y han indicado que lo que pretende la formación de Abascal es «proteger los intereses de los bancos, de los fondos buitres y de las empresas de seguridad». Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí ha asegurado que los de Vox son «el partido de los ricos» que defienden «el fantasma de las casas de verano» para «incitar el miedo».

PP: «SE QUEDA CORTA»

La diputada del PP Ana María Zurita ha avisado que votará a favor de la proposición de Vox, pero ha advertido que el texto de los de Abascal «se queda corto». «Consideramos que la propuesta es insuficiente y mejorable», ha dicho para después matizar que «en algo ayuda».

En el marco de su intervención, Zurita ha defendido que los ‘populares’ proponen que el fenómeno de la okupación se trate de manera «integral» para dar una «respuesta clara y contundente» a través de la modificación de seis leyes y no de una como pretende Vox.

Así, ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo su actuación ante las mafias y le ha acusado de «legalizar la okupación».

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que votarán a favor de la proposición porque están «preocupados por la okupación». «Ustedes nos copian, pero solo un poco», ha dicho. Así, ha recordado en el Pleno que el año pasado Ciudadanos presentó una iniciativa relativa a la okupación que no salió adelante por la negativa de PSOE, Podemos y sus socios, a quienes ha acusado de ponerse «del lado de los delincuentes».

CS: «SALVAJADA JURÍDICA»

Bal no ha escatimado en reproches a Vox al asegurar que la modificación que plantea de la normativa vigente para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan entrar en un domicilio sin orden judicial es una «salvajada jurídica».

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha asegurado que su partido votará a favor porque, según ha dicho, «urge combatir y corregir la preocupante tendencia de okupa» de la que el Gobierno «se desentiende».

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Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Málaga, Juezas y Jueces para la Democracia abordaran los derechos de la ciudadanía frente a los desahucios

La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia va a celebrar los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Málaga unas jornadas de estudio bajo el título ‘Los derechos de la ciudadanía frente a los desahucios’.

Con esta iniciativa se pretende poner de manifiesto «las dificultades que siguen presentándose para garantizar el derecho fundamental a la vivienda en los juzgados y tribunales».

Estas jornadas se justifican en la «convicción de que el drama de los desahucios, que ha dado lugar a numerosas iniciativas legislativas, sigue bien presente en la sociedad y los tribunales». Así, añaden que los derechos «afectados y la dignidad de las personas exigen un tratamiento jurídico riguroso y sensible, que garantice los derechos de propietarios e inquilinos».

Para abordar la cuestión, tras la apertura en la que se prevé la asistencia de la ministra de Justicia, la jueza Pilar Llop, y la presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García.

También participarán los magistrados José María Fernández Seijo, «que planteó la cuestión prejudicial que dio lugar a la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obligó a reformar el sistema hipotecario español», y Edmundo Rodríguez Achútegui, que analizará las consecuencias de que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 47 de la Constitución, garanticen el derecho a la vivienda.

Igualmente, se abordará la problemática de los desahucios en los juzgados civiles, por parte de la jueza Ana García Orruño y la abogada barcelonesa especializada en ejecuciones hipotecarias, Verónica Dávalos, «que pondrán de manifiesto las dificultades para garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas por desahucios, y que las soluciones legislativas que se han adoptado son insuficientes».

«Hoy en día familias pierden sus viviendas en procedimientos de desahucio por falta de pago de rentas o por impago de hipotecas, sin que el ordenamiento jurídico disponga de remedios para evitar esa tragedia, pese a que el artículo 47 de la Constitución declara el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», han señalado desde la asociación.

En las jornadas se estudiará si la vivienda debiera ser un bien inembargable, la suspensión de los desahucios en invierno, y la necesidad de garantizar alternativas habitacionales, para lo que se contará con el exdecano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, y el gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón.

Las jornadas también analizarán el fenómeno okupa, «magnificado por espurios intereses comerciales, puesto que son escasos los supuestos de invasión en casas habitadas». Para ello, se contará con tres integrantes de la judicatura: Pilar Ledesma, de la Audiencia de Barcelona; Isabel Tobeña, juez de instrucción de Málaga, y Julio Martínez Zahonero, juez de Gijón.

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El Presidente de la Junta de Andalucía anuncia la vuelta a la normalidad en las zonas de Andalucía que están en “riesgo bajo”

La Junta propone que este fin de semana las ligas profesionales se celebren
con el 100% de público, aunque la decisión depende del Gobierno de
España.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado hoy que todos
los distritos sanitarios de Andalucía que estén en “riesgo bajo” o Nivel 0 podrán
recuperar la normalidad, por lo que dejarán de existir en esas zonas los límites de
aforos y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo.

Además, el Comité de Expertos, reunido esta tarde en el Palacio de San Telmo, ha
acordado que los teatros, conciertos, auditorios, museos, plazas de toros y
recintos con competiciones deportivas de carácter local, provincial o
autonómico podrán completar el cien por cien de su aforo en las zonas con Nivel
0 y Nivel 1.

Estas normas se publicarán mañana en el BOJA y entrarán en vigor en la medianoche
del jueves. La vuelta a la normalidad en las zonas de “riesgo bajo” no tendrá efectos
reales hasta el viernes, ya que actualmente no hay ningún distrito sanitario en Nivel 0.
Se prevé que este jueves los comités territoriales modifiquen el mapa de niveles, con
efecto el viernes, por lo que a partir del viernes la normalidad se restablecerá en,
aproximadamente, la mitad de los distritos sanitarios de Andalucía.

En cambio, sí se podría aplicar ya desde el jueves el aforo al 100% en espectáculos,
museos, auditorios, plazas de toros y competiciones deportivas de nivel local,
provincial y autonómico en toda Andalucía, ya que todos los distritos sanitarios de la
comunidad están ya en Nivel 1.

Según ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, deberán seguir
respetándose las normas básicas de seguridad e higiene como el uso de la mascarilla
y el mantenimiento de la mayor distancia interpersonal posible. También se deberán
evitar aglomeraciones y realizar las entradas y salidas de recintos concurridos de
manera ordenada.

Por otro lado, el Comité de Expertos ha acordado la vuelta a la normalidad en la
atención primaria, que recupera su presencialidad total a partir del 1 de octubre.
El presidente andaluz ha recordado que venimos de unos tiempos difíciles en los que
el Gobierno andaluz ha volcado gran parte de sus recursos en la atención hospitalaria
y en los que se han tenido que aplicar los protocolos Covid-19 en los centros
sanitarios, intentando limitar el contacto personal a lo imprescindible.

Una vez que ha descendido notablemente el índice de contagios ha llegado el
momento de recuperar la situación de normalidad, por lo que a partir del mes de
octubre quien quiera que su médico lo atienda en persona podrá tener cita presencial,
mientras que el que quiera tener una consulta sin necesidad de tener que desplazarse
a su centro de salud podrá hacerlo vía telefónica. Por ejemplo, para conocer el
resultado de una analítica o para solicitar una receta de medicamentos.

“Se trata de sacar el máximo partido a nuestros recursos y dar todo tipo de facilidades
a los pacientes. Sabemos que hay margen de mejora y, por eso, vamos a seguir
volcándonos con la atención primaria. Os garantizo a todos, los profesionales y a los
usuarios que ese es mi propósito y el de mi Gobierno, el mejorar nuestra sanidad un
poco más cada día”, ha explicado el presidente andaluz.
Moreno ha informado también de que la Junta de Andalucía va a proponer al

Gobierno de España que a partir de este fin de semana vuelva todo el público a
los estadios y que la Liga y otras competiciones deportivas profesionales se
celebren con el cien por cien del aforo, intentando, como siempre mantener la
máxima distancia interpersonal posible y el máximo orden en los accesos y salidas de
los recintos. Se trata de una decisión que no depende de la Junta de Andalucía sino
del Gobierno de España.

El presidente de la Junta ha señalado que la situación actual dista mucho de la que
teníamos en octubre del año pasado, cuando hubo que cerrar la comunidad autónoma
y tomar decisiones difíciles. “Ha ocurrido un ‘milagro’ que se llama vacuna y sanidad
pública”, ha sentenciado Moreno.

En este sentido, ha agradecido el esfuerzo de los profesionales sanitarios el esfuerzo,
ya que, según ha apuntado, esta semana el 90% de los andaluces mayores de doce
años estarán inmunizados, a la vez que ha resaltado que en Andalucía el número de
dosis puestas asciende a los 12,7 millones, situándose esta cifra por encima de
muchos países como Irlanda, Austria, Suiza, Grecia, Noruega, Finlandia o Suecia.

Moreno ha tenido unas palabras de recuerdo para los más de 11.000 andaluces que
han perdido la vida durante la pandemia a causa de esta “terrible enfermedad”.

“Pensemos cuánto nos ha costado llegar hasta aquí. La de derechos a los que tuvimos

que renunciar, la de sufrimiento que hemos tenido que padecer y la de empleos que

se han perdido. No nos relajemos y seamos conscientes de que, en cualquier

momento, las tornas pueden volver a cambiar”, ha apuntado.

A este respecto, ha recordado que nos encontramos ante una pandemia lo que quiere
decir que, aunque el 90% de la población esté vacunada, hay zonas del mundo como
África o Asia donde están muy lejos de llegar a ese porcentaje y donde en cualquier
momento puede aparecer una nueva variante que nos haga retroceder.

“Nadie nos garantiza que dentro de unas semanas o unos meses tengamos aquí una
nueva variante que nos obligue a tomar nuevas restricciones. Seamos prudentes y
miremos por lo que tenemos”, ha advertido el presidente andaluz.
En este sentido, ha subrayado que el Gobierno andaluz no se relaja ante la pandemia

y prueba de ello es que ya se está vacunando a los mayores en residencias con la
tercera dosis y que está todo preparado para empezar a vacunar a los niños de 5 a
11 años en el momento en el que la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio
de Sanidad lo autoricen.

El presidente Moreno ha concluido dando las gracias a todos por el ejemplo que se
ha dado desde Andalucía en la lucha contra la pandemia, ya que, según ha
apostillado, “vuestra responsabilidad, vuestro comportamiento ejemplar y vuestro
compromiso han hecho que todo sea mucho más fácil”.

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Vox defiende en el Congreso una reforma legal para que la Policía pueda desalojar okupas sin orden judicial

Vox lleva este martes a debate en el Pleno del Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que la Policía pueda desalojar ‘okupas’ de las viviendas ajenas en las que se encuentren sin la correspondiente orden judicial.

Se trata de una propuesta que los de Santiago Abascal vienen defendiendo desde hace tiempo. Es más, su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas «con una patada en el culo», esto es, «inmediatamente», con el fin de garantizar la propiedad privada.

En aras de ese fin, este martes Vox pedirá apoyo al Congreso para que tome en consideración una proposición de ley que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el único objetivo de que los efectivos policiales puedan desalojar a los ‘okupas’ de las viviendas sin que medie procedimiento judicial.

En su iniciativa, Vox sostiene que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles «no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por causa de la falta de cobertura legal».

A ello el partido de Abascal suma la ausencia de una respuesta rápida desde la jurisdicción penal, lo que provoca que «la apariencia de impunidad se convierta en una sensación social generalizada».

ES LO RAZONABLE

En su proposición de ley, recogida por Europa Press, Vox considera «razonable» que, al igual que establece la LECrim para delitos flagrantes, los agentes policiales puedan actuar «de propia autoridad» en los delitos de usurpación de bienes inmuebles, desalojando a sus ocupantes e incluso deteniéndoles de manera cautelas cuando aprecien indicios de ilicitud en su conducta. La actuación podría ser objeto después de control judicial.

Con esta reforma legislativa, Vox asegura que se dotaría al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de «mejores medios legales» para así «aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas».

Salado destaca el premio a Turismo Costa del Sol: «Es un referente de cooperación público-privada»

Invita a visitar el Valle del Genal tras el gran incendio forestal: «Hay sitios que no se han visto afectados y es una experiencia única».

Turismo Costa del Sol ha recibido este viernes el Premio Andalucía del Turismo a la Excelencia Turística de Instituciones, en un acto celebrado en Almería y donde el presidente de la empresa pública y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha resaltado el trabajo de la misma durante tantos años y el que sea «un referente de la cooperación público-privada».

En el acto, al que ha acudido también la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, Salado ha agradecido este galardón, «que supone un respaldo al trabajo de muchos y un premio que reconoce públicamente la labor desempeñada de forma meritoria y relevante por aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que han contribuido a destacar la calidad y la excelencia de Andalucía como destino turístico».

En este sentido, ha felicitado a los empleados de la entidad por la labor de promoción que realizan, «ya que han situado a la Costa del Sol como uno de los destinos líderes a nivel mundial»; un agradecimiento extensivo a los empresarios malagueños por el modelo de colaboración público-privado donde trabajan «codo con codo con la institución pública y han contribuido a lograr los altos niveles de calidad y excelencia que caracterizan a la provincia de Málaga».

Así, ha hecho hincapié en que «recibir este galardón es todo un honor pues la empresa pública de la Diputación de Málaga es un referente en la actividad turística en materia de desarrollo de destinos». Además, trabaja para hacer de la marca Costa del Sol una de las mejores posicionadas a nivel nacional e internacional.

Salado ha recordado en su intervención que la Costa del Sol es un destino «líder» en Andalucía: «Representamos alrededor del 40 por ciento de la actividad turística en nuestra comunidad, y ese liderazgo conlleva una gran responsabilidad en innovación, en materia de comunicación y de excelencia».

«COMENZAMOS A VER LA LUZ»

El presidente de la entidad ha aludido a la situación generada por la pandemia del covid y cómo se empieza «a ver la luz detrás del túnel después de muchos meses difíciles». «Empezamos a percibir que la tan ansiada recuperación de una industria tan importante como el turismo está más cerca», ha sostenido.

«En la Costa del Sol somos muy conscientes de la importancia del turismo. Sin el turismo y los ingresos que genera, nuestro destino no habría experimentado el desarrollo económico, social y cultural que ha experimentado en las últimas dos décadas», ha manifestado.

Salado ha insistido en que precisamente esa apuesta por la «excelencia turística ha abierto la puerta a otras realidades, como son ya la Málaga cultural o la efervescencia tecnológica que vive nuestra provincia».

Ha reiterado que el turismo es una actividad «con muchísimo futuro, que sólo en la Costa del Sol genera 14.400 millones de euros de ingresos y más de 117.000 empleos; una actividad que cada vez hacemos más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y que nos ayuda en nuestro objetivo de combatir la despoblación del interior».

INVITA AL VALLE DEL GENAL

«Tenemos una oferta imbatible que nos ayuda a mantener ese liderazgo turístico que tiene la Costa del Sol», ha manifestado en su intervención, durante la cual ha invitado a los asistentes a visitar la provincia pero más concretamente el Valle del Genal y el denominado Bosque del Cobre, en especial durante el otoño por el espectáculo visual que supone.

Se ha detenido en esta zona por el gran incendio iniciado en Sierra Bermeja el pasado 8 de septiembre, controlado desde el día 14 y donde los efectivos del Plan Infoca siguen trabajando para extinguir totalmente. «Por fortuna hay parajes que no se han visto afectados y que siguen siendo una excelente forma de conectar con la naturaleza», ha recalcado.

Esta visita, ha subrayado, es «una experiencia única, sus pueblos son auténticas maravillas». «No pretendo hacer patria chica, pero creo que siempre es un plus estar donde hace falta estar», ha precisado Salado, quien ha felicitado al resto de premiados con estos galardones, «todos ellos dignos merecedores de estos reconocimientos».

«Desde la Costa del Sol vamos a seguir trabajando por captar turismo de calidad, reforzando nuestra oferta, apostando por la excelencia y la innovación. Y mirando al futuro con optimismo», ha finalizado el también presidente de la Diputación de Málaga.

Andalucía refuerza su compromiso contra la lgtbifobia con una campaña de sensibilización

La consejera de Igualdad defiende la importancia de que las instituciones ayuden a visibilizar las agresiones «para tomar conciencia y plantar cara al odio».

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado la primera campaña pública que la Junta de Andalucía pone en marcha para sensibilizar contra la lgtbifobia, y con la que se quiere visibilizar el rechazo de toda la comunidad a las agresiones y los discursos de odio. «Esta campaña atiende la reivindicación de los colectivos para ayudarles a visibilizar, a denunciar, a alzar la voz y a ocupar espacios en un momento de especial preocupación ante este tipo de ataques», ha resaltado Ruiz. «Con ella queremos animar a toda la sociedad a que se implique y plante cara al odio, porque la visibilización es fundamental para tomar conciencia de estas agresiones», ha añadido.

La campaña se ha presentado coincidiendo con el Día Internacional para la Visibilidad Bisexual, y en un contexto de repunte de estos discursos y delitos de odio, como ha recordado Ruiz, que ha estado acompañada de representantes de entidades y colectivos LGTBI. Sólo entre 2016 y 2020 este tipo de agresiones crecieron en un 17%, y aunque el confinamiento provocó una reducción, en los primeros seis meses de 2021 ya se observa un alza del 9,3% en los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género respecto a las cifras de antes de la pandemia.

«Hoy, desgraciadamente, es más importante que nunca educar y sensibilizar en igualdad, y es lo que hacemos desde esta Consejería y desde el Gobierno de Andalucía», ha resaltado la consejera, insistiendo en la coeducación como la única formula para fomentar el respeto al otro. «Es lo que venimos haciendo desde que llegamos a la Junta hace casi tres años, pero ahora toca dar un paso más en un momento muy complicado en el que las administraciones, los poderes públicos, debemos posicionarnos firmes en la defensa de los derechos humanos».

Bajo el lema ‘Paremos la lgtbifobia’, la campaña consta de carteles, material gráfico y seis spots que recogen testimonios personales de cómo los discursos de odio están impregnando la vida cotidiana. «Detrás de los números hay personas, y Carola, Déborah, Ethan, Esperanza y Lolo nos cuentan como ese odio impide que un niño juegue al fútbol, que se sienta parte de una clase o que una persona haga algo tan inconsciente y natural como ir de la calle y darle la mano a la persona a la que ama», ha señalado.

Poner freno y despertar conciencias

Así, ha explicado que el objetivo de la campaña es que esas historias de vida, narradas en primera persona, «despierten conciencias y hagan reflexionar», a fin de que contribuyan a «poner freno a una escalada de violencia que no representan a la mayoría de los andaluces y que no debe imponerse en nuestra sociedad». «Como bien señalan los videos, ¿por qué no pueden tener los mismos derechos que el resto?», ha reflexionado, apuntando que «es tarea de las administraciones y las instituciones empezar a hacer visible la diversidad».

Ruiz ha agradecido la participación de los colectivos en la elaboración de la campaña, así como la colaboración de los protagonistas de los videos, a los que se ha referido como «un ejemplo a seguir y referente» para muchas personas del colectivo LGTBI «que pueden estar viviendo situaciones de discriminación y no ser conscientes de ello, o que piensan que no vale la pena denunciar».

«Nosotros les decimos que no es así, que es el momento de dejar patente que no vamos a retroceder en la defensa de los derechos, porque son muchos años de lucha para que ahora caigan en saco roto«, ha señalado la responsable de Igualdad para expresar el respaldo y compromiso del Gobierno andaluz.

«Hay que entender que, frente a estos discursos de odio que siguen muy vivos, no vamos a callarnos y simplemente dejar que pasen», ha subrayado. Ruiz ha hecho además un llamamiento a la unidad de la sociedad civil y las instituciones, porque «es fundamental para parar a este enemigo de los derechos y libertades fundamentales de toda la sociedad, porque son agresiones contra todos nosotros«. «Quien es pegado, humillado o insultado no entiende que enfrentamientos políticos sirvan de excusa para aumentar su exclusión», ha lamentado.

Avances del Gobierno andaluz

En este punto, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha enfatizado el compromiso de su departamento con el colectivo LGTBI, «que ha sido claro e incuestionable». Una apuesta que, ha insistido, se ha mantenido firme «pese a los prejuicios y las reticencias» y que se ha traducido en «avances tan importantes» como la habilitación del procedimiento para que la administración regional pueda ya personarse de oficio en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio.

«No hemos dejado de trabajar y fruto de ello es que somos la consejería de las primeras veces», ha apuntado, mencionando acciones como la creación de la primera Dirección General específica para la Igualdad de Trato y la Diversidad, la puesta en marcha del primer Consejo Andaluz LGTBI o la implantación del primer protocolo interadministrativo para implicar a las distintas consejerías de la Junta en favor de los derechos del colectivo, actualmente en fase de redacción.

Asimismo, ha recordado que nunca se habían llevado a cabo tantas campañas de sensibilización y divulgación sobre la realidad del colectivo y sus derechos, «porque la visibilización es fundamental«. Unas iniciativas acompañadas de recursos como las ayudas a las entidades, las personas expertas para acompañamiento jurídico y psicológico, la reedición de la Guía de Delitos de Odio LGTBI o la puesta en marcha del primer para atender a las víctimas de la intolerancia.

Medidas a las que se suman el primer protocolo de prevención de la lgtbifobia en residencias de personas mayores; la creación de la pestaña de identidad de género en el sistema Séneca de la Consejería de Educación; la edición de la primera guía de violencia intragénero o el aumento en un 35% de las subvenciones destinadas a estas asociaciones con respecto a los gobierno anteriores. En este sentido, Ruiz ha puesto el acento en la importancia de que las víctimas «sepan que no están solas», sino que «su Gobierno se pone de su lado, les acompaña y señala al que agrede».

Multitudinaria concentración hoy sábado frente al Congreso para exigir una ley ‘antiokupas’ antes de fin de año

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha convocado hoy sábado una concentración frente al Congreso de los Diputados este sábado a las 12.00 horas para expresar su «indignación» por la «imparable oleada» de ocupaciones y exigir al Gobierno de Sanchez que elabore una ley ‘antiocupas’ antes de Navidad.

Desde la plataforma nos informan qué la concentración se quiere extender a toda España, por lo que la convocatoria se ha hecho llegar a todos los ayuntamientos de España a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De hecho, varias organizaciones, municipios y asociaciones de afectados han confirmado ya su presencia. Tal y como informa la Plataforma, han llegado adhesiones desde Meruelo en Cantabria, Arroyo de la Encomienda en Valladolid, Horche y Quer en Guadalajara, Tomelloso en Ciudad Real, la comarca de la Sagra en Toledo, Mutxamel en Alicante y Pinto y Villa de Vallecas en Madrid.

Asimismo, la Plataforma asegura que han confirmado su presencia en la concentración representantes de diversos partidos, tanto del ámbito local, como autonómico y nacional.

Desde la Plataforma Afectados por la Ocupación piden a los partidos, y en concreto al Gobierno, que se desarrollen iniciatias parlamentarias «urgentes y tangibles» que culminen en una ley antiocupas que vea la luz en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de Navidad.

«La nueva norma debe garantizar el desalojo de forma inmediata, con independencia de quién sea el titular del inmueble, o de la existencia de actuaciones judiciales previas, como viene instruyendo desde hace más de dos años la Fiscalía Provincial de Baleares, porque los vecinos son víctimas directas de la ocupación de viviendas de grandes tenedores», sostienen.

La ocupación en España ha subido un 2’7 % más que en 2019 a datos de 2020. Un total de 14.675 personas denunciaron que su inmueble había sido usurpado. La mitad de todas estas reclamaciones se produjeron en Cataluña, con 6.647, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. Por detrás de Cataluña está Andalucía con 2.372 casos; la tercera, aunque más lejos, es la Comunidad de Madrid con 1.316.

Okupas: cómo actuar si entran en casa (y qué hacer para prevenirlo)

Expertos legales e inmobiliarios brindan consejos sobre cómo prevenir una ocupación y cómo actuar si descubres que en tu propiedad viven personas de manera ilegal

  • La ocupación ilegal de viviendas va en aumento en España, según datos del Ministerio del Interior. Ha crecido un 50 % desde el año 2016, un 20 % entre 2018 y 2019, y casi a diario conocemos noticias sobre ocupaciones de casas, más aún desde el inicio de la pandemia. Y pasa tanto en viviendas vacías como en pisos vacacionales o habituales. Al mismo tiempo, crece la indefensión de los propietarios, que incluso son denunciados por las personas que viven ilegalmente en estos inmuebles. ¿Qué puedes hacer si ocupan tu casa? ¿Basta con denunciar para recuperar la propiedad? En realidad, no es fácil desalojar a los okupas, pero en este artículo expertos en el tema te brindan consejos sobre cómo prevenir una ocupación o cómo actuar si viven en tu propiedad de manera ilegal.

Okupas: qué hacer para evitarlos

Ante el creciente número de ocupaciones, expertos legales e inmobiliarios recomiendan una serie de pautas que pueden resultar muy útiles para tratar de evitar que los okupas invadan tu propiedad (o poder recuperarla lo antes posible):

  • Instalar alarmas. La alarma actúa como efecto disuasorio para entrar en la vivienda, por lo que tener una supone más seguridad para el propietario. El sistema de seguridad se dispara cuando entra un intruso, por lo que puedes percatarte al instante de la ocupación de la casa y avisar a la policía, y así intentar proceder al desalojo inmediato. Es importante que la caja de la alarma esté en un lugar alejado y escondido de la puerta para que no sea destruida.
  • Poner puertas “antiokupación”. En el mercado existen puertas de acero (en agosto se disparan los encargos de estas puertas) que se colocan de manera provisional evitando el asalto a las viviendas mientras estén vacías. Conviene tener asegurados y protegidos no solo la puerta principal, sino todos los posibles accesos: puertas y ventanas.
  • Contar con vecinos atentos. Conviene tener algún vecino de confianza que sepa de tu marcha y tenga tu teléfono para que te avise lo antes posible si hay alguna incidencia.
  • No “facilitar” la ocupación. Es importante no dejar copias de llaves en buzones, macetas o felpudos. Asimismo, no conviene anunciar en redes sociales (ni en correos electrónicos o teléfonos) que te marchas de vacaciones.
  • Tener copia de la documentación de la casa. Como te puedes encontrar en la situación de no poder acceder donde están los documentos (tu despacho, tu ordenador…), es recomendable tener una copia de las escrituras, del contrato de arrendamiento y del empadronamiento escaneada en el móvil, en un ordenador portátil o en una nube (los recibos los puedes recuperar por la cuenta corriente del banco). Esto ayudará a que, en caso de denunciar la ocupación de tu vivienda, todo vaya más rápido.
  • Realizar vídeos del estado del inmueble. Es interesante grabar algún vídeo de la casa para que llegado el caso de interponer una denuncia se pueda demostrar el estado en que estaba antes de la ocupación.

Mitma acoge la segunda reunión del Comité Institucional del UIA Housing International Forum Madrid 2022

El presidente de la UIA, José Luis Cortés, visita nuestro país para conocer el trabajo que se está realizando en torno al Foro Internacional de Acceso a la Vivienda Madrid 2022.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha acogido hoy la segunda reunión del Comité Institucional del UIA Housing International Forum Madrid 2022, en la que ha estado presente, entre otros, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, y el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), José Luis Cortés, en visita a España para conocer el trabajo que se está realizando en torno al Foro Internacional de Acceso a la Vivienda Madrid 2022.

Otros participantes han sido la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti; el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González; la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del mismo ayuntamiento, Isabel Calzas; la directora de ONU-Hábitat en España, Carmen Sánchez Miranda, y el equipo organizador encabezado por Ángela Baldellou, directora del Observatorio 2030 del CSCAE.

En su visita a España, el presidente de la UIA compartió sus reflexiones sobre la arquitectura en la era pos-covid y el rol de arquitectos y o el acceso a la vivienda, que será el eje central del foro internacional que se celebrará en Madrid en mayo de 2022. España ha sido el primer destino que José Luis Cortés ha querido visitar desde su nombramiento como presidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) el pasado mes de julio y la sede del Mitma ha sido el escenario elegido para dicho encuentro.

El Foro Internacional de Acceso a la Vivienda, promovido por la UIA y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, cuenta, además, con la participación institucional de los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Asuntos Exteriores; la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, Naciones Unidas (ONU-Hábitat) y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

Reunirá, en Madrid, a expertos y expertas de todo el mundo con el fin de identificar, analizar, debatir y clasificar, de una forma científica y rigurosa, las principales barreras que dificultan en cada país que el derecho a la vivienda digna y adecuada sea una realidad y los casos de éxito que permitirían avanzar, a medio y largo plazo, en posibles líneas de actuación para plantear soluciones a un desafío de enorme complejidad. 

En su intervención, el presidente de la UIA declaró que “Los arquitectos tenemos que estar aliados con la sociedad para elevar la calidad de vida de la gente. La vivienda es uno de los temas prioritarios para toda la humanidad, pero, cuando hablamos de vivienda, implica que queremos hacer ciudad. O sea, no es la vivienda aislada. Queremos elevar el nivel de felicidad de nuestros habitantes, y es a partir del tema de la vivienda que vamos a entender la ciudad y vamos a entender cómo queremos que sean las ciudades en el futuro. Además, también vamos a definir el perfil que requerimos de los futuros profesionales y, en particular, de los arquitectos”.

Por su parte, el Director General de Agenda Urbana y Arquitectura, destacó la gran oportunidad de poder reunir en un mismo acto, a las tres administraciones competentes en materia de vivienda; local, autonómica y estatal, para seguir trabajando conjuntamente y dar una respuesta al problema del acceso a la vivienda, sirviendo además de motor para el desarrollo de una arquitectura de calidad, no solo determinada por la estética y la funcionalidad, sino también por su contribución a la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible de nuestras ciudades que contribuyan a mejorar la cohesión social, el bienestar y democratizar la vida urbana, acogiendo a toda la sociedad.

En los próximos cinco años, España tendrá un papel relevante dentro del mundo de la arquitectura porque, además de la celebración del Foro Internacional de Acceso a la Vivienda, en 2026, Barcelona acogerá el Congreso Mundial de la UIA y será Capital Mundial de la Arquitectura UIA-Unesco.

Moreno ve en la energía fotovoltaica una apuesta de futuro e insta a buscar fórmulas que reduzcan su impacto visual

El presidente andaluz ha visitado Álora donde se ha reunido con su
alcalde, con el que ha tratado asuntos de interés para el municipio en
materia de infraestructuras, renovables y sanidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha decantado este miércoles por
la energía fotovoltaica al ser una fuente de energía limpia, que responde a las nuevas líneas
marcadas por la Unión Europea en los Fondos de Recuperación Next Generation y por
transformarse en los últimos años en un importante nicho de empleo. “La electricidad es muy
cara y, para muchas personas, pagar la factura de la luz se ha convertido en un lujo. Andalucía
es deficitaria eléctricamente y los andaluces hemos decidido que no queremos depender de
la energía nuclear ni del carbón, por lo tanto, sólo nos quedan los aerogeneradores y las
placas fotovoltaicas”, ha dicho.

En una visita al municipio malagueño de Álora, y tras reunirse con el alcalde de la localidad,
Francisco Jesús Martínez, Moreno también ha incidido en la importancia de buscar fórmulas
que reduzcan el impacto visual de las placas fotovoltaicas y que mejoren las propias
instalaciones. “Vamos a hacer un esfuerzo para controlar aún más la ubicación de estas
placas fotovoltaicas, racionalizando las licitaciones, y para hacer coincidir el interés de los
alcaldes, los operadores y la ciudadanía que ha elegido este tipo de energía”, ha declarado.

Asimismo, ha destacado el caso de municipios para los que la energía fotovoltaica ha
supuesto una revolución, con ingresos por valor de 5 millones de euros anuales a través del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que es de carácter municipal. Además, ha subrayado
que cada son más las empresas de mantenimiento y reparación que se están instalando junto
a estos mega parques fotovoltaicos. Según ha explicado, el Gobierno de Andalucía ha puesto
en marcha módulos de Formación Profesional donde se está formando mano de obra
especializada para esta labor.

“Creemos que Andalucía, con más de 300 días de sol al año, tiene la capacidad de atraer
estas inversiones. Tenemos que organizarnos y no perder un futuro que ya es presente.
Andalucía no puede perder el tren de las energías renovables, de una revolución energética
como supone la fotovoltaica”, ha manifestado.

Por otro lado, ha pedido a las Universidades y al Gobierno de la Nación un esfuerzo para que
se ponga en marcha una oferta especial de los MIR con el objetivo de tener más médicos y
poder incorporarlos a municipios como Álora. “Se trata de un problema común en el conjunto
de los municipios de Andalucía, de difícil solución porque tenemos la bolsa de trabajo vacía.
Una situación, como me ha comunicado el alcalde, que ya sucedía con los anteriores
gobiernos de la Junta”.

Por último, ha agradecido la conversación franca y sincera con el alcalde de Álora y la
hospitalidad de toda la Corporación municipal y de sus vecinos. Así, ha afirmado que Álora
cuenta con el apoyo del Gobierno andaluz como se ha demostrado en esta Legislatura, con
proyectos en el ámbito educativo, infraestructuras y en el arreglo de caminos. “Mi compromiso
con Álora es claro. Un municipio de referencia con un enorme potencial y con una gran
capacidad en sectores como el agroalimentario, industria menor, energético y el turístico, con
unas buenas cifras gracias al Caminito del Rey, que ha sido un gran revulsivo para la
economía de la comarca del Guadalhorce”.

Desdoble de la A-357

Durante esta tarde, el presidente andaluz ha recorrido igualmente las calles del municipio de
Pizarra junto a su alcalde, Félix Francisco Lozano, con el que ha mantenido un encuentro en
el Ayuntamiento. Tanto en esta cita, como en la anterior en Álora, uno de los temas principales
ha sido el desdoblamiento de la A-357, la Autovía del Guadalhorce. Una vía rápida que, tal y
como ha asegurado, el Ejecutivo andaluz tiene interés en extenderla hasta Ronda. “Queremos
ir avanzando, cada kilómetro es progreso y bienestar”.

En este punto, Moreno ha especificado que se trata de un proyecto complejo y costoso, debido
a la orografía propia del terreno y a los trámites administrativos necesarios, “pero hay una
voluntad clara por parte del Gobierno de Andalucía para, cuanto antes, licitar el
desdoblamiento de la carretera y el acceso a Álora, que posibilitaría nuevas oportunidades en
el ámbito económico y laboral”.

En este punto, ha remarcado que se trata de un plan bloqueado por las anteriores
administraciones andaluzas y que ha recuperado el actual Gobierno. De este modo, Pizarra
se situará en este eje de la autovía para estar más cerca de Málaga, mejorando las
infraestructuras del municipio.


Estas visitas forman parte del objetivo del nuevo Gobierno de situar a la Andalucía del interior
en el centro de la agenda política. De esta manera, además, permite conocer de primera mano
las necesidades de los municipios, siempre de una posición de lealtad institucional y de
diálogo para solucionar entre todos los problemas y avanzar en los aciertos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia, Patricia Navarro, han acompañado a Moreno en estos encuentros
con los vecinos y las corporaciones municipales de Álora y Pizarra. A sendos municipios ha
agradecido su labor y el esfuerzo realizado durante la pandemia. “Andalucía ha tenido una
menor incidencia de la Covid-19 que otras comunidades y eso es mérito de todos los
andaluces y de su comportamiento ejemplar”, ha concluido

La consejera de Agricultura se reúne con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

Crespo resalta la alta cualificación profesional de un colectivo esencial para el desarrollo agrícola y ganadero de la comunidad.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión de trabajo con miembros de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía (COIAA), encabezados por su decano, Jerónimo Cejudo. La consejera andaluza ha resaltado la “alta cualificación profesional” de un colectivo cuya labor es esencial para el desarrollo agrícola, ganadero y agroalimentario de la comunidad.

A juicio de Crespo, el trabajo que desempeñan los ingenieros agrónomos es imprescindible en una región donde el sector agrario “es una auténtica locomotora de la economía y el empleo”. “La magnífica labor que realizan estos profesionales y el contacto directo que mantienen con nuestros agricultores y ganaderos es crucial para seguir avanzando en competitividad, innovación y sostenibilidad”, ha remarcado, antes de incidir en que la participación de este colectivo es clave a la hora de garantizar la sanidad vegetal.

En este sentido, la consejera ha destacado que la presencia de ingenieros agrónomos en la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible es una garantía para la eficaz y correcta prestación del servicio público en materia agroalimentaria. Asimismo, Crespo ha valorado el ofrecimiento del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía para formar parte de distintos órganos de participación y interlocución en el ámbito agrario.

Esta reunión de trabajo ha contado, entre otros, con la participación del director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez; del secretario del COIAA, Carlos Loring; y del vocal del colegio Juan Moreno.

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Darias: La COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas públicos de salud fuertes que permitan prevenir futuras emergencias sanitarias

En su intervención, la ministra ha destacado que un arma eficaz en la lucha contra el virus es la Campaña de Vacunación, con resultados exitosos como la que estamos llevando a cabo en España, que nos hace ser líderes del G20 tanto en primera dosis como en pauta completa.

La importancia de los Estados para enfrentar desafíos globales que requieren respuestas extraordinarias; la necesidad de una acción multilateral y el fortalecimiento de nuestros sistemas
de salud pública para enfrentar situaciones que requieren anticipación, rápida respuesta y coordinación, son tres de las lecciones que deja la pandemia por la COVID-19, tal y como ha destacado la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Carolina Darias, en su primera intervención durante la reunión del G20 de la Salud, que ha comenzado hoy en Roma (Italia) .

La Agenda 2030 es un desafío común de la humanidad, ha asegurado la ministra Darias, que ha manifestado que el impacto de la COVID-19 y sus efectos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ponen de manifiesto la necesidad de “seguir avanzando juntos”, impulsando el liderazgo de los organismos multilaterales.

Entre las fortalezas de España para hacer frente a la SARS-CoV-2, la ministra ha citado la Cobertura Universal de Salud, restaurada por el actual Gobierno, que ha permitido no dejar a nadie atrás durante los momentos más duros de la pandemia.

Asimismo, la ministra ha subrayado que ha impulsado la cultura del cuidado y la confianza para alcanzar uno de los hitos marcados, conseguir llegar al 70
por ciento de población con pauta completa en un tiempo récord, un esfuerzo que ha situado a España como el país del G20 con mayor cobertura de
vacunación; un éxito de país, ha apuntado la ministra, que ha agregado que es importante continuar y ayudar, con donaciones de vacunas, como los 22
millones de dosis comprometidas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para reducir las brechas entre los distintos países del norte y
del sur.

En la reunión de ministros y ministras de Salud, Carolina Darias ha señalado que, para cumplir con el ODS 3, es fundamental ampliar las capacidades de
nuestros sistemas de salud, y ha añadido que en esta línea estamos mejorando nuestros sistemas epidemiológicos y potenciando nuestras
capacidades preventivas; así como ampliando las capacidades de Atención Primaria, modernizando la tecnología de equipos sanitarios, y abordando las
consecuencias de esta pandemia en la salud mental de la ciudadanía.

En este sentido, ha explicado a sus homólogos que España está trabajando e implementado medidas concretas, como un Plan de Renovación de Alta
Tecnología de nuestro Sistema Nacional de Salud, en la actualización la Estrategia de Salud Mental, o en el refuerzo de las estructuras de Salud
Pública mediante la creación de un Centro Estatal de Salud Pública.

La ministra ha hecho un llamamiento a que continúe el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias que mejoren la vida de las personas. “Trabajemos juntos para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Aprendamos unos de otros. Juntos somos fuertes”, ha concluido Darias.

Espinosa de los Monteros: «El proyecto de VOX, y reformista, tendrá un enorme éxito en la provincia»

El portavoz del GP VOX y la diputada por Málaga se han reunido con representantes del sector turístico, de la Cámara de Comercio y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

03 septiembre, 2021

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en Málaga, junto a la diputada provincial en la Cámara Baja, Patricia Rueda. Durante su intervención, Espinosa ha celebrado el proyecto de VOX, que, «ambicioso y reformista», tendrá un enorme éxito en la provincia».

Espinosa se ha referido al «enorme potencial de la provincia», después de haber podido en estos días hablar con representantes del sector turístico, la tecnología, agricultura, logística. En este sentido, Rueda ha agradecido a Espinosa que «venga a preocuparse por los malagueños». Y ha asegurado que en los encuentros que han celebrado estos días han «recogido inquietudes».

En este sentido, Rueda, quien es portavoz en la Comisión de Turismo en el Congreso, ha vuelto a insistir en la necesidad de proteger el turismo porque «es clave en Málaga». Es por ello, ha asegurado, que trabajamos mucho.

Espinosa también ha agradecido a todos los representantes de VOX en la provincia el trabajo que están realizando porque «se está empezando a conocer lo que hace VOX» y «está cambiando la percepción de lo que es VOX».

Preguntado por la situación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Espinosa ha asegurado que «VOX tiene un valor superior al que se le reconoce», por lo que, en las próximas elecciones regionales «veremos un terremoto en cuanto a la formación».

Para el portavoz, el actual Gobierno de la Junta tiene «una foto muy antigua», con partidos, que ya son «inexistentes en la calle».

Respecto a las fuertes subidas de la electricidad, que han marcado varios máximos históricos estos días, el diputado ha explicado que «falta voluntad política» para bajar la factura de la luz. Y es que, según ha explicado, el Gobierno «podría rebajar el precio de la electricidad un 60% a través de un decreto, mañana mismo». Precisamente la diputada malagueña ha mostrado en los últimos días su preocupación por las fuertes subidas de la luz .

Vox denuncia a Irene Montero y Rafael Mayoral por presuntos pagos de Ecuador a empresas vinculadas a Podemos

Pide que se les tome declaración a ambos dirigentes de Podemos y que se cite como testigo al actual embajador de Ecuador

Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, por presuntos pagos de Ecuador a empresas vinculadas a la formación ‘morada’. Les acusa de delitos de financiación ilegal de partidos políticos y tráfico de influencias.

Según ha informado el partido en un comunicado, recogido por Europa Press, la denuncia se enmarca en las declaraciones del exembajador de Ecuador, Pascual de Cioppo, sobre abonos mensuales, de hasta 1,2 millones de euros anuales, a través de «posibles pagos a Montero y Mayoral con el objetivo de financiar a Podemos».

Vox sostiene que la empresa a través de la que se recibirían los pagos sería Kinema Sociedad Cooperativa «para asesorar a ecuatorianos con problemas hipotecarios en España». Según la formación, dicha sociedad está formada por Mayoral, Ana Marcello, exdiputada de Podemos, y Elena Marcello, actual presidente de la sociedad, y se habría firmado con la anterior embajadora de Ecuador.

El partido asegura que el contrato entre Kinema y el Gobierno de Ecuador contaría con una cláusula de confidencialidad para que los pagos permanecieran ocultos, y una cláusula de indemnización. Según Vox, como resultado de estos contratos, Kinema multiplicó sus ingresos anuales.

TESTIGOS DEL ‘CASO NEURONA’

En la denuncia, la formación también hace referencia a los testigos que han declarado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 42 que, según dice, han asegurado que Podemos exigía a todas sus delegaciones territoriales que se utilizara Kinema.

En el marco de las declaraciones señaladas, el partido pide a la Fiscalía Anticorrupción que se tome declaración tanto a Irene Montero como a Rafael Mayoral. Solicita también que se pide la declaración del actual embajador de Ecuador en España, en calidad de testigo.

DILIGENCIAS SOLICITADAS

La formación dirigida por Santiago Abascal, a su vez, reclama que se practiquen varias diligencias. En concreto, requiere que se libre de oficio a la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal para identificar la cuenta corriente en la que se recibieron los pagos y su concepto.

También solicita que se libre de oficio a Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña para que identifique los pagos recibidos y aporte el libro de socios. Y pide que se libre de oficio al Gobierno de Ecuador para la identificación de los contratos y pagos realizados.

Continua la subida de la luz y todo apunta a un septiembre negro para familias y empresas

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha destacado este lunes que «agosto finaliza tal y como empezó, con un nuevo récord histórico en el precio de la luz, al elevarse la factura un 25 por ciento respecto a la pasada semana y superar los 124 euros el megavatio por hora».

Así lo ha expuesto en rueda de prensa, donde ha lamentado que «los españoles afrontan el recibo de la luz más caro de la historia, lo que hace vaticinar un septiembre negro para familias y empresas», señalando que «a la vuelta al cole se suma el incremento del precio de la cesta de la compra, del gas y de los carburantes, además de la factura de agosto del aire acondicionado».

«El precio de la luz se ha triplicado respecto al pasado año y ahora pagamos casi 28 euros más que en 2020, de manera que la factura media se acerca a los 100 euros, según alertan desde las asociaciones de consumidores», ha manifestado España, al tiempo que ha incidido en que «pagamos más que Francia, Alemania y Reino Unido, y lo hacemos con un Gobierno de izquierdas que ha estado de vacaciones mientras el país pierde competitividad en su industria y en su economía».

También la diputada nacional ha cuestionado «por qué no comparece Sánchez en el Congreso para atajar este nuevo tarifazo», alegando que «la luz ha disparado el IPC de agosto al 3,3 por ciento, la tasa más alta en los últimos nueve años».

«Este incremento de la factura ya se percibe en el encarecimiento de productos esenciales como las patatas, los huevos o el aceite, que ha incrementado su precio un 20 por ciento en lo que va de año, si bien la gasolina y el diésel cuestan un seis por ciento más que hace dos años y el precio del gas se ha duplicado, una situación que sin duda va a repercutir en el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras», ha alertado.

En este punto, España ha criticado que «el Ejecutivo de Sánchez no ha hecho nada desde enero cuando, tras la tormenta ‘Filomena’, el megavatio ya superó los 100 euros».

«No se ha hecho nada desde entonces, ni se ha trabajado sobre estas consecuencias, una inacción que ahora pagan familias y empresas, penalizando la competitividad de nuestra industria y de nuestra economía», ha incidido.

Así, preguntado «¿dónde están los diputados y senadores socialistas malagueños, que no hablan de esta subida disparada de la luz, la cesta de la compra, el gas y los carburantes?», instando a Heredia a que «sea valiente y le traslade a Sánchez que esta situación es insoportable y hace prever un septiembre negro para familias y empresas».

Para atajar esta situación, España ha recordado que «desde el grupo ‘popular’ en el Congreso se ha presentado un Proyecto de Ley que podría ser de aplicación inmediata, eliminando el siete por ciento del impuesto de generación eléctrica y traspasando el déficit tarifario a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)».

«El déficit tarifario alcanza los 2.600 millones de euros al año, un gasto que puede asumir perfectamente el Gobierno a través de los PGE, reduciendo así la factura eléctrica de los ciudadanos», ha insistido, apuntando igualmente «la necesidad de añadir los 2.400 millones que vamos a ingresar en nuestro país por derecho de CO2».

Por ello, ha vuelto a pedir al Gobierno «que actúe, que deje la pasividad y que presente un plan a corto, medio y largo plazo» y ha señalado que «hoy comparece la ministra del ramo pero ya nadie espera que ofrezca una solución en este sentido».

GOBIERNO «RECAUDARÁ 1.500 MILLONES DE EUROS MÁS POR EL IVA DE LA LUZ»

Por otro lado, la dirigente ‘popular’ ha expresado que «con la subida de la luz gana Sánchez y pierden los españoles», advirtiendo de que «la recaudación por el IVA de la luz, pese a la rebaja aplicada en junio, se va a incrementar en casi 1.500 millones de euros».

Al respecto, ha incidido en que «la rebaja del 21 al diez por ciento solo es aplicable a potencias inferiores a diez kilovatios, lo que deja fuera a más del 75 por ciento de las pymes y locales comerciales del país».

«Tenemos a un presidente que ha elevado el gasto de la Presidencia del Gobierno un 23 por ciento y que es incapaz de dar respuesta ante esta situación, siendo su única política elevar los impuestos: recaudar más para gastar más», ha criticado, asegurando que «cuando el Partido Popular llegue a La Moncloa, reducirá a la mitad los ministerios y el número de asesores, tal y como ha anunciado Pablo Casado», ha concluido.

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