Dos meses después de la mayor entrada irregular en Ceuta, Gobierno y ciudad autónoma siguen enfrentados mientras crece el temor a un nuevo cruce el 23-S.

Redacción Malagaes.com · Periódico Digital de Málaga y su Provincia · Málaga, 11 de septiembre de 2026

Dos meses después de la mayor entrada irregular de personas migrantes registrada en la frontera de Ceuta, la ciudad autónoma continúa bajo una fuerte tensión política, social e institucional. El Gobierno central y el Ejecutivo ceutí mantienen posiciones enfrentadas sobre lo ocurrido y sobre cómo evitar que se repita, mientras crecen las advertencias sobre un posible nuevo intento de cruce masivo a finales de este mes.

Qué ocurrió el 30 y 31 de julio

Durante los últimos días de julio, distintas convocatorias difundidas en redes sociales y grupos de mensajería instaron a numerosas personas a desplazarse hacia la zona de Castillejos, en el norte de Marruecos, cerca de la frontera con Ceuta. En la mañana del 30 de julio, varios miles de personas comenzaron a entrar en la ciudad bordeando a pie las piedras del espigón de El Tarajal y, en parte, a nado. Según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, unas 72.000 personas accedieron de forma irregular a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, lo que convierte el episodio en el mayor registrado en esta frontera. En los diez días previos ya se habían contabilizado cerca de 2.000 entradas irregulares, según denunció entonces el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

La respuesta del Gobierno

El 3 de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció por iniciativa propia ante el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis y la situación actual en Ceuta. Sánchez presentó un plan articulado en cinco ejes, entre ellos el refuerzo de la frontera —con la solicitud de una misión específica de Europol para vigilar la migración irregular— y la ampliación de la capacidad estatal de acogida temporal. Defendió que ningún informe previo anticipó la magnitud de lo sucedido y destacó la colaboración inmediata de Marruecos durante el operativo. Como parte de su compromiso de transparencia, el Gobierno publicó el pasado 9 de septiembre los informes, alertas y comunicaciones oficiales emitidos entre el 1 y el 31 de julio en relación con la situación en Ceuta. Días antes, el Ejecutivo había comenzado a desplegar en la ciudad infraestructura del equipo START de respuesta humanitaria, con carpas destinadas prioritariamente a la atención de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad.

Un pulso político sin resolver

La gestión de la crisis ha generado un intenso enfrentamiento político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la dimisión de Sánchez y ha calificado lo sucedido como una invasión que continúa. El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha exigido su marcha y ha cuestionado la relación del Gobierno con Marruecos. Por su parte, el presidente de Ceuta ha elevado el tono de sus advertencias en las últimas semanas, describiendo la situación de la ciudad como de alarma máxima para la seguridad nacional y comparándola con una olla a presión que podría estallar en cualquier momento. Vivas atribuye la responsabilidad de lo ocurrido a Marruecos y reprocha al Gobierno central no haber activado a tiempo los protocolos previstos, reclamando la declaración de emergencia nacional y un mando único.

Frentes judicial y europeo

La ciudad autónoma ha iniciado los trámites para personarse como acusación particular en la investigación judicial abierta sobre la entrada masiva. En el plano internacional, Vivas viajó esta semana a Bruselas, donde ofreció una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo para trasladar a las instituciones comunitarias la situación de la ciudad, y tiene previsto intervenir próximamente ante el Grupo del Partido Popular Europeo.

La incertidumbre de las próximas semanas

Tras una primera convocatoria para el 15 de agosto que no llegó a materializarse con la misma intensidad, nuevos mensajes circulan de nuevo en redes sociales y aplicaciones de mensajería señalando el 23 de septiembre —coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos— como una posible fecha para un nuevo intento de cruce. La incertidumbre sobre si volverá a producirse un episodio de la magnitud del de julio mantiene en vilo tanto a las autoridades como a la población ceutí, en un contexto de creciente preocupación social por la capacidad de la ciudad para absorber una nueva llegada masiva.

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