HISTORIAS REALES EN TIEMPO DE OKUPACIÓN

Desde Malagaes damos voz a dos personas afectadas por la ocupación ilegal, denuncian la pesadilla y el desamparo qué sufren estás dos malagueñas María y Belén dos afectadas de lleno por el fenomeno «inquiokupa».

Soy María, hace diez años tuve un accidente de moto y estuve tres años muy mal con operaciones y fisioterapia. A raíz de eso se me quedó una discapacidad y tuve un juicio que gané. Con ese dinero que era sucio y negativo en mi vida compré un piso con toda mi ilusión y para tener unos ingresos ya que en ese momento no trabajaba. 

Todo iba bien con mis inquilinos, que eran conocidos, hasta que llegó la pandemia. Y en febrero de este año cuando les dije que no renovaban el contrato, dejaron de pagar todos los meses ( incluidos el agua y la luz) . Como está la ley antideshaucios y la justicia es tan lenta están demandados pero hasta noviembre no se celebrará el juicio. Mientras estamos pagando los pequeños arrendadores estos derechos en vez del Estado . Es decir, que sus derechos se han convertido en nuestros deberes.  Siguen renovando la ley pero no nos dan ayudas.

En este mes está familia se ha ido a un barrio bastante caro de Málaga y han dejado el piso vacío pero no quieren devolverme las llaves. Todos los días me cuesta tener el piso vacío pero a ellos les da igual. No puedo entrar en mi casa hasta que un juez lo dictamine o ellos firmen un contrato de recisión.  Y yo mientras seguiré pagando los suministros, el Ibi, la comunidad,… 

Estoy hoy aquí en las puertas de las jornadas celebradas, para tratar la ocupación y el problema del alquiler para familias vulnerables, para dar voz en mi nombre como afectada, y como portavoz de la plataforma leyantiocupas.com, donde todos mis compañeros viven o han vivido auténticos calvarios.
Tengo mi casa heredada , y que mi padre compro recogiendo cartones, inquiocupada desde hace dos años, con unos arrendatarios(pareja) falsos vulnerables, que viven de las prestaciones , de relaciones laborales fraudulentas, es decir de la economía sumergida u otras actividades. Mi arrendatario con nomina de 1800€, se marcho a su vivienda en el año 2019, y me dejo en mi casa a su pareja.


Con ingresos suficientes para abonar la renta, pero sin ni siquiera haber entregado ni un solo pago a cuenta, pues la ley le protege, y es asesorada por abogado de oficio, para que no abandonen la vivienda, pues ningún otro alquiler encontraran por “o” euros.

Mi arrendatario esta en rebeldía, ni se opone a la demanda posterior.

Los servicios sociales, les concede sin temblarle el pulso, informe de vulnerabilidad a ambos, porque textualmente me comunican, que si les pongo demanda de desahucio en el futuro , el darle la ayuda al alquiler a mi arrendataria, a pesar de cumplir todos los requisitos, seria tirar el dinero a la basura, pues luego se encuentran si la desahucio con un problemón para ellos, con una mujer en la calle con dos niños, niños de 17 y 18 años, en edad de trabajar, al igual que su madre pero sin cotizar. Pero si le conceden 950€, en dos prestaciones,
Agotando todas las vías amistosas, incluso una condonación de la deuda de 8 meses, interpongo demanda por falta de pago, es aceptada a tramite, pero suspendida hasta hoy. He solicitado al juez que me traslade que medidas habitacionales han adoptado los servicios sociales después de un año, y me respondió ES VULNERABLE. A titulo particular he pedido información de esta misma medida al area de bienestar social del ayuntamiento, y me respondieron que ya emitieron informe de vulnerabilidad dando traslado al juzgado, pero que a mi a titulo particular no tienen que informarme de nada, PUES YO NO SOY PARTE AFECTADA!!!!

DE HECHO SOY LA UNICA PARTE AFECTADA, algo que no pueden negar.

He pagado todos mis impuestos por heredar, abogado, registro, plusvalía y notaria. He pagado abogado y procurador, incluso investigaciones. Alquile mi vivienda, para poder pagar el alquiler en Málaga cerca de mi madre con otra discapacidad. Mi padre sufrió una dura enfermedad 7 años, desgraciadamente falleció.
Mi padre pago durante 50 años, sus impuestos por esta vivienda que compro recogiendo cartones en las calles de Málaga, y yo sigo pagando mis impuestos, pues no se nos exime del ibi, tasa de basura, comunidad de propietarios, etc.

Igualmente tengo que correr con todos los suministros, y a día de hoy no tengo ni fecha de lanzamiento.
Mi situación económica actual, es de autentica vulnerabilidad, pues solo cobro 500€ en desempleo, y vivo con mi madre. Estoy en una ruina absoluta.
Mi situación psicológica , es inestable, insomnio, desasosiego, ansiedad, miedo, intranquilidad, sensación de que se ríen de mi a todos lados donde acudo, he hablado con servicios sociales, concejales, alcalde, policía, juez, pero nada……nadie te atiende o ayuda.


Ya no disfruto del poco tiempo libre que poseo, pues la angustia y desesperación es tal, que me impide evadirme de mi problema.
Lo tengo en mi cabeza día y noche.
Ya no espero recuperar mi vivienda de 100m, con dos hectáreas de jardines y piscina, y situada a un kilometro de la playa, y en plena zona turística y comercial, en el mismo estado que la arrende, solo tengo la esperanza de poder recuperarla sin que hayan vendido mi llave a otros ocupas, antes de mi lanzamiento.

Me pregunto….¿QUIEN ES MAS VULNERABLE? ¿Dónde ESTA LA JUSTICIA?

Mis compañeros sufren día a día los mismos síntomas que yo, sufren el mismo perjuicio económico y moral que el mío, en una lucha diaria, por lo que es NUESTRO, su propiedad, su casa….vulnerándose en todo momento EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, Y pasando a ser los arrendadores los vulnerables. En algunos casos los servicios sociales, le han ofrecido a los propietarios la posibilidad de alojarse en albergues con su familia.
De verdad que teniendo mi casa, y corriendo con todos los gastos e impuestos, “ tengo que alojarme en un albergue”?
Propietarios que le han quitado la vivienda el banco por no poder pagar la hipoteca, y han perdido su única casa.
Propietarios demandados por coacciones, juicio penal que paraliza el civil, y de nuevo gastos de abogado y procurador para defenderse, porque claro, a nosotros no nos dan abogado de oficio….TENEMOS UNA PROPIEDAD¡¡¡¡
Esto es un estado de derecho?, En España, es el único país que ocurre esto.
Las viviendas sociales son necesarias, y realmente esta crisis ha traído consecuencias económicas para todos, incluso los arrendadores, yo también perdí mi empleo en pandemia, pero yo no soy la madre de esos niños, de esos supuestos vulnerables, ni los he tenido, pues no los puedo mantener….

NO SOMOS UNA ONG….

Somos apolíticos, y lo único que pedimos es que no nos EXPROPIEN NUESTRA PROPPIEDAD, y que respeten todos nuestros derechos.
Solo pedimos que nos escuchen, escuchen la otra cara de la moneda, hemos solicitado en varias ocasiones seamos recibidos por la ministra de justicia, hemos tenido varias reuniones con partidos políticos…..


Por favor, dennos voz, escuchen a los afectados, para poder emitir un juicio de valor,
No vasta con pedir una vivienda social, y vivir toda la vida del cuento, necesitaríamos millones de viviendas sociales….. Realmente hay familias vulnerables, muy vulnerables, de difícil acceso a un trabajo digno, pero no hay viviendas sociales ni para los realmente vulnerables, mucho menos para los que no lo son.
Desgraciadamente los propietarios no nos podemos hacer cargo de estas familias, atajen el problema de fondo, y no trasladen el problema a los propietarios, que es lo que han hecho, REPITO, no somos ONG


NO PONGAN MAS PARCHES NI TIRITAS, PUES ESO NO CURARA LAS HERIDAS QUE VUELVEN A SALIR.
Cualquier afectado , puede ponerse en contacto con nuestra plataforma , tanto de ocupaciones, como de inquiocupaciones mas numerosas hoy en día, y que no aparecen en las estadísticas.

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MILES DE AFECTADOS POR LA OKUPACIÓN ILEGAL ESPERAN UNA RESPUESTA POSITIVA DEL GOBIERNO

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación reclaman una ley urgente que les proteja de los llamados okupas e inquiokupas. Miles de propietarios arruinados e incluso en tratamiento psiquiátrico no pueden defender sus derechos frente a la okupación ilegal de sus viviendas.

Ayer la recién estrenada ministra de Justicia, Pilar Llop, visitó Málaga para inaugurar unas jornadas organizadas por la Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado este jueves que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en “potenciar” el “escudo social” para “no dejar a nadie atrás” tras la pandemia, asegurando también que desde el sector justicia en esta época “se ha reaccionado de una manera muy importante”.

“Vamos a seguir reaccionando, ahora estamos en una nueva etapa. Ahora es el momento en el que hay que elegir. O se elige el bloqueo, la confrontación, no seguir hacia adelante o se elige lo que ha elegido el Gobierno y esta ministra que es la transformación y la recuperación social y económica del país”.

Para ello, ha añadido, el sistema judicial “debe ser visto no como un obstáculo al desarrollo social, sino como un motor de progreso y para ese desarrollo social”. Así, ha incidido en las diversas herramientas y se ha referido, en concreto, al Plan Justicia 2030 y los fondos Next Generation, “470 millones para el sector justicia” para poner en marcha proyectos sustentados en la leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal.

Así lo ha señalado Llop en Málaga durante la presentación de las jornadas organizadas por la Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Vamos a “potenciar” el “escudo social” para “no dejar a nadie atrás” tras la pandemia, asegurando también que desde el sector justicia en esta época “se ha reaccionado de una manera muy importante”.
Pilar Llops
Ministra de Justicia

Pero del otro lado están los propietarios afectados, totalmente desesperados por las terribles consecuencias que esto tiene para quienes lo sufren en sus propias carnes y que, en muchos casos, también son víctimas de la propia crisis sanitaria y económica.

Una realidad que supera las estadísticas

Según fuentes judiciales, en España hay unas 80.000 viviendas okupadas. Sin embargo, los afectados advierten de que los datos no son fiables. Para empezar, porque «los allanamientos están disminuyendo y lo que está aumentando es la inquiokupación, que no se considera el mismo delito, porque se enmarca dentro de un incumplimiento del contrato de arrendamiento».

Según los datos que maneja esta plataforma, la okupación indirecta supone el mayor porcentaje de casos, «porque existe una cierta conciencia de que no está mal okupar los pisos de los bancos«.

Sin embargo, advierten de que esta idea no se ajusta a la realidad, porque cuando tú estás viviendo con gente que no lo considera su propiedad y que entiende que puede hacer cualquier cosa y no pasa nada, empieza el deterioro, la suciedad o los daños estructurales del edificio. Un verdadero vergel de problemas para cualquier comunidad de vecinos. Así, recuerdan que, a pesar de ser las víctimas, ellos no sólo tienen que costear los gastos judiciales, sino también hacer frente al pago de impuestos y suministros, ya sea directamente o a través de la comunidad. 

Precisamente por eso, entre las medidas que reclaman a la clase política, se encuentra la justicia gratuita. «Tenemos casos de gente que ha pasado a ser vulnerable, gente con su propio piso, con su casa, a la que los okupas les han arruinado literalmente y que, cuando van a los servicios sociales y piden ayuda, encima les dicen que no se la pueden dar porque tienen una casa», denuncian.

Además, reclaman que los subsidios que muchos okupas reciben por una supuesta situación de vulnerabilidad pasen a estar supeditados a la convivencia y que, por tanto, los servicios sociales hagan una verdadera labor de inspección y seguimiento de estas personas. «Si están cobrando una renta mínima de inserción es para que se inserten, no para que estén toda la vida viviendo del Estado. Tiene que haber un seguimiento. Y esa inserción pasa por realizar una búsqueda de empleo, pero también por cumplir las normas sociales«, insisten.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguró las jornadas que la Asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia celebra en Málaga

Dichas jornadas se celebran en el salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado este jueves que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en «potenciar» el «escudo social» para «no dejar a nadie atrás» tras la pandemia, asegurando también que desde el sector justicia en esta época «se ha reaccionado de una manera muy importante».

«Vamos a seguir reaccionando, ahora estamos en una nueva etapa. Ahora es el momento en el que hay que elegir. O se elige el bloqueo, la confrontación, no seguir hacia adelante o se elige lo que ha elegido el Gobierno y esta ministra que es la transformación y la recuperación social y económica del país».

Para ello, ha añadido, el sistema judicial «debe ser visto no como un obstáculo al desarrollo social, sino como un motor de progreso y para ese desarrollo social». Así, ha incidido en las diversas herramientas y se ha referido, en concreto, al Plan Justicia 2030 y los fondos Next Generation, «470 millones para el sector justicia» para poner en marcha proyectos sustentados en la leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal.

Así lo ha señalado Llop en Málaga durante la presentación de las jornadas organizadas por la Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Llop, en primer lugar, ha dado las gracias «por el trabajo realizado» en la época de pandemia. «Es necesario, ahora en esta nueva responsabilidad que asumo como ministra de Justicia, reconoceros en ese trabajo vocacional, dedicado, que habéis hecho para que la justicia en ningún momento parara». «Cada uno desde las distintas responsabilidades que nos ha tocado estar hemos dado lo mejor que teníamos de cada uno de nosotros para que las instituciones salieran adelante, estuvieran a la altura de lo que los ciudadanos estaban necesitando en ese momento», ha valorado.

Por otro lado, sobre las jornadas, las ha considerado «un acierto», ya que se debate y reflexiona «sobre una cuestión de inmensa envergadura social y jurídica con un componente, también, que impacta en el ámbito político de una manera muy evidente, como es el de los derechos de la ciudadanía frente los desahucios».

Ha precisado que se abordará en la jornada temas como el derecho a la vivienda, los desahucios, el «grave problema que generan los fondos bruitre»; el fenómeno de la okupación y alternativas habitacionales al desahucio, entre otros, asegurando que son cuestiones todas ellas «que son de gran impacto social y sobre las que en ocasiones se ha intentado generar cierta confusión en la opinión pública».

Al respecto, ha aludido «a la confusión» generada «desde ciertos sectores políticos y ciertos sectores también mediáticos» sobre conceptos como el allanamiento de morada, usurpación, la okupación de inmuebles o el retraso en el pago de alquileres.

«Todas estas realidades –ha continuado– son muy distintas, responden a distintos fenómenos y requieren de un tratamiento, también, diferenciado y una solución diferenciada tanto del ámbito judicial como del político».

Llop ha agradecido, en este sentido, que en este foro «se plantee un debate jurídico serio, riguroso, de personas de una calidad técnico-jurídico excepcional, sobre todos estos aspectos» y que sirva para «hacer esa pedagogía tan necesaria».

La ministra ha subrayado que se trata de una «realidad muy compleja» que «presenta múltiples facetas», incidiendo en el «tratamiento multidisciplinar». «Será muy oportuno y se sacarán importantes conclusiones», que espera que le hagan llegar al Ministerio para «poder analizar esta cuestión desde el debate jurídico técnico y también desde el debate social».

«EN UNA SITUACIÓN DE DESAHUCIO TODAS LAS PERSONAS PIERDEN»

«Cuando se llega a una situación de desahucio, todas las personas implicadas pierden; aquí nadie gana», ha señalado la ministra, que ha agregado que, en estas situaciones «los más perjudicados son los ciudadanos, que se ven privados de su hogar y que ven menoscabado su derecho constitucional a una vivienda digna, como contempla el artículo 47 de la Constitución, y que constituye un principio constitucional y un principio rector de la política social y económica».

«No solo tiene dimensión jurídica sino también política fundamental», ha subrayado, aludiendo a que es importante recordar el derecho constitucional que tienen los ciudadanos en España a una vivienda digna y adecuada «y el deber que tienen los poderes públicos de promover todas las condiciones necesarias para remover cualquiera de los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de sus derechos».

«Para hacer efectivo este derecho –ha agregado– se debe poner sobre la mesa y hacer con sinceridad en un debate abierto y en el que nos podamos expresar cada uno con nuestras opiniones dentro del respeto a lo que cada cual en cada momento piense».

Eso sí, ha asegurado que hay que hacerlo en un debate «profundizando» y no «dejándolo en la superficialidad». «Hay que hacerlo profundizando en políticas sociales que permitan, además, introducir herramientas, como ha hecho el Gobierno con el ingreso mínimo vital, herramientas que prevengan el riesgo de pobreza, la exclusión social de las personas…». Al respecto, ha destacado que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en «potenciar ese escudo social».

Ha añadido, asimismo, que el problema del acceso a la vivienda se recrudeció con la crisis tras la pandemia del COVID y ha impactado «de manera mucho más brutal» en sectores más desfavorecidos.

Asimismo, ha valorado la aprobación de planes de choque, el desarrollo legislativo importante y las adaptaciones presupuestarias para «no dejar a nadie atrás». De igual modo, ha dicho que desde el sector justicia se ha reaccionado de una manera «muy importante», valorando el trabajo, además, del anterior ministro para que «los intereses de la ciudadanía durante esta época no fueran desatendidos».

JORNADAS

Por su parte, Edmundo Rodríguez, magistrado y coordinador Comisión Derecho Privado JJpD, ha explicado las jornadas, incidiendo en que la finalidad es «tratar un tema que sigue siendo, lamentablemente, de actualidad porque el drama de los desahucios todavía no es un asunto que se pueda decir que está solucionado», ha detallado.

También durante la presentación ha tomado la palabra Lourdes García, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha valorado que las jornadas se lleven a cabo en Málaga. En su presentación, ha tenido palabras para la ministra y ha dicho que tiene delante de ella «un buen reto» aludiendo al Plan de Justicia 2030.

Ha aludido también al «atasco institucional muy serio» como es «el bloqueo» de la renovación del Consejo del Poder Judicial, esperando que «en un tiempo, lo más próximo posible» se pueda salir de ella, «puesto que está debilitando esta institución tan importante».

Sobre las jornadas, ha abundado en la importancia de poner «cada tema en su sitio» aludiendo al derecho a la vivienda, como un «derecho fundamental», insistiendo en la labor desde los poderes públicos «porque estamos delante de unos dramas humanos tremendos y más después de una pandemia en la que se han perdido muchos puestos de trabajo, tantas personas se han visto sin casa y hay que dar una respuesta», ha concluido.

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CARREFOUR AVANZA EN SU COMPROMISO CON EL BIENESTAR ANIMAL

Carrefour avanza en su compromiso con el bienestar animal y trabaja para que a partir de diciembre de 2022, el 100% de los huevos frescos bajo sus marcas procedan de la cría sin jaulas y reafirma su compromiso con el resto de proveedores de marca nacional para 2025. 

En línea con lo anterior, la compañía invita a los productores de marca Carrefour y marca nacional, entre los que se encuentra Avicultores Malagueños S.A, a unirse a este acuerdo y se brinda para acompañarles en este cambio. 

Carrefour ampliará este compromiso al huevo empleado como ingrediente en las elaboraciones de su marca a partir de 2025, asegurando que provenga de gallinas criadas según los modelos de cría suelo, campero y/o ecológico. Además, la compañía se compromete a la no utilización de sistemas de aviarios combinados por parte de sus proveedores.

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